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El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, aprovechó el marco de la Guardia de Honor a los Héroes de la Independencia y resaltó el papel que ha jugado ese partido en momentos decisivos de la vida nacional… incluso cuando el país era gobernado por un representante de otra fuerza política. * “Es el único partido (el PRI) en nuestro país con la madurez suficiente para afianzar el timón en la tormenta, y aunque nonagenario, es al que todos los gobiernos han acudido por su institucionalidad y lealtad a México”, afirmó el dirigente tricolor. * En evidente defensa de la actitud asumida por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el presidente del Comité estatal fustigó a “los adversarios” de su existencia como instituto político que, dijo, “se ciernen dentro y fuera de nuestras filas, añorando el pasado autoritario que les imponía decisiones y silenciaba con prebendas sus intenciones, por lo que la lucha al exterior se ceñía a ocultarse bajo el manto protector, cual un hijo corre a los brazos de su padre, a quien llamaban primer priista de la nación, del estado o de su región”. * Hizo, además, un paralelismo de la circunstancia que vive el dirigente nacional, y las condiciones en las que él mismo llegó al comité estatal del PRI en Veracruz. * “Les recuerdo a los miembros de este Comité Directivo estatal, que Arianna Ángeles Aguirre, y su servidor fuimos electos por hombres y mujeres valientes, cansados de la subordinación y el entreguismo político. No somos zalameros del poder y tenemos muy claro que la unidad del partido está en respetar la diversidad; por eso nos conducimos con decoro ante nuestros aliados internos y externos, respetando la autodeterminación de sus sectores, organizaciones e institutos políticos en el caso de las alianzas electorales”. * Que lo entienda quien quiera entenderlo.
* * *
- Oiga gobernador, el asesinato de una maestra en Xalapa… ¿tiene algo ya la fiscalía?
- Ya tenemos (¿) una línea de investigación. Pero ya nadie se acuerda que cuando Jorge Winckler era fiscal, soltó a un Jefe de Plaza (del crimen organizado) en Coatepec.
Alguien tiene que explicarle al gobernador de Veracruz que, no por emular a su guía político y espiritual (el presidente López Obrador) tiene permitido caer en las mismas aberraciones jurídicas.
En su afán por desviar la atención de la severa crisis de seguridad que enfrenta Veracruz, al gobernador Cuitláhuac García “se le ocurrió” acusar ante los medios de comunicación al exfiscal de Veracruz Jorge Winckler.
- ¡¿No se atrevió a liberar a un supuesto responsable, jefecillo de banda en Coatepec? Cuando la Secretaría de Seguridad Pública lo puso a su disposición (y le) presentó un documento respecto a su peligrosidad, (Jorge Winckler) en lugar de dárselo a un juez para que valorara, lo libera, él actuando como juez. Y le dije: “Oye, a ver, espérate, deja que eso lo decida un juez, porque tu actúas como abogado del presunto delincuente, además es jefe de plaza; se te están dando los argumentos, se te está diciendo (…) La respuesta del entonces Fiscal fue que Seguridad Pública permitió abogar por el detenido. “¡Ah!, o sea que la Fiscalía aboga por los delincuentes; yo pensé que era el que los acusaba”; se lo dije: “Estás como abogado de los delincuentes”.
Son múltiples las incongruencias de su narración. Vayamos con las más obvias.
En todo caso su gobierno y la actual titular de la Fiscalía, Verónica Hernández, lo mismo que el titular de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, fueron cómplices de ese presunto acto ilegal del entonces Fiscal.
¿Por qué?
Porque no hay hasta la fecha una denuncia en contra de Jorge Winckler por dejar en libertad a un presunto delincuente.
Y no hay denuncia porque lo que supuestamente hizo el hoy exfiscal, preso en Almoloya, estaba dentro de sus atribuciones.
El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía incluye entre las atribuciones del Ministerio Público: “(II) Abstenerse de dar inicio a la carpeta de investigación, en los casos de denuncia de hechos notoriamente no constitutivos de delito”.
Cuitláhuac García vuelve a pasar por alto un principio fundamental de nuestro sistema de justicia: la presunción de inocencia. En su narración, no fue dejado en libertad un “jefecillo de plaza”, fue liberado un ciudadano inocente (pues sin sentencia que diga lo contrario todos son inocentes) a quien los policías estatales señalaban como “presunto delincuente”, pero no aportaban indicios suficientes para iniciar una carpeta de investigación.
Aquel fiscal -al menos durante la gestión del actual gobernador- se negó a aplicar esas prácticas ilegales que hoy son de uso común.
Lo explicó muy bien el Oficial Mayor del Senado, José Manuel del Río Virgen:
“El ‘modus operandi’ del gobernador es meter la mano en la Fiscalía, meter la mano en el Poder Judicial del Estado. Entonces él dice: ‘sí hay muertos como en todos los estados, pero ya los agarramos’. Entonces, él crea un esquema donde se lleva detenidos a inocentes y los mete a la cárcel, los saca en fotografías con metralletas. Querían que yo agarrara una pistola, (pero) nunca en mi vida he agarrado una pistola”.
Se mete en tantos líos para tratar de desviar la atención del tema central: su estrategia contra la delincuencia (lo mismo que la de su jefe) ha fracasado.
Ya son cuatro años, dos tercios de su gestión, ya no funciona que le eche la culpa a “los de antes”.
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Epílogo.
A raíz de que han salido a la luz algunas probables irregularidades en administraciones municipales que concluyeron el 31 de diciembre del 2021, en la Fiscalía Anticorrupción y en la Fiscalía General del Estado se han dado a la tarea de desempolvar carpetas de investigación que siguen vigentes y que –quizá por acuerdos “en lo oscurito”- se habían mandado al archivo. * Es el caso del municipio de Altotonga, en el que la exregidora, María Elena Baltazar Pablo, tiene expedientes abiertos por múltiples irregularidades en las que incurrió: no presentó declaración patrimonial en los cuatro ejercicios fiscales en los que fungió como edil (2018, 2019, 2020 y 2021). * Violentando disposiciones jurídicas, durante los cuatro años en los que trabajó en el ayuntamiento, cobró sus plazas de docente –una estatal y otra federal- además de percibir un salario de 60 mil pesos mensuales como regidora. * No dejó de percibir esas remuneraciones, ni cuando compitió en el partido “Podemos” para ser candidata a la alcaldía, a pesar de que era requisito de que quienes aspiraran a esas posiciones renunciaran o pidieran licencia a sus cargos. * Cuando ya no pudo sostener por más tiempo todas esas irregularidades, en junio del 2021 presentó su renuncia, pero no cumplió con su obligación de levantar un acta de entrega-recepción de la regiduría a su cargo. * Todo eso está documentado y de un momento a otro se dará vista a un juez de control para que emita la correspondiente orden de aprehensión.
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