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En la elección federal de 2018, Manuel Huerta, actual delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, ya tenía prometida la candidatura de Morena a la Senaduría en la fórmula encabezaba por Rocío Nahle, pero de última hora Andrés Manuel López Obrador decidió bajarlo para postular a Ricardo Ahued, quien ya había sido alcalde de Xalapa y diputado local y federal por la alianza PRI-PVEM.
Huerta Ladrón de Guevara, a la sazón dirigente estatal de Morena, no pudo tragarse tremendo sapo sin hacer gestos y públicamente descalificó al empresario, tachándolo de ser un “político de plástico”, en alusión a los artículos domésticos que expende la popular cadena de tiendas que posee el expriista en la capital veracruzana y municipios circunvecinos.
Pero tres años después, Ahued Bardahuil confirmó lo contrario: su verdadero peso político electoral al que Morena tuvo que recurrir en 2021 para no perder la alcaldía xalapeña ante la desastrosa administración del exmunícipe Hipólito Rodríguez Herrero, un académico propuesto precisamente por Huerta en la sucesión municipal de 2017, el cual ya había fracasado como candidato a diputado federal en 2015 por la alianza Morena-Partido del Trabajo, cuando el comité estatal del PT era presidido por Fidel Robles Guadarrama, un antiguo excompañero universitario de Manuel con quien a principios de la década de los ochentas había creado la Unión de Colonos e Inquilinos Solicitantes de Vivienda de Veracruz (Ucisv-ver) y luego coincidieron como diputados y dirigentes en el PRD, desde la creación del partido del sol azteca en 1990 hasta 2013, cuando López Obrador decidió crear su propio partido tras su segunda derrota en la elección presidencial de 2012.
Con ese grupo político de Huerta y Robles se identifican también la actual directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, y la ahora diputada federal plurinominal Yvonne Cisneros Luján, exsíndica del Ayuntamiento de Xalapa con el exalcalde Rodríguez Herrero y quien desde hace dos años es integrante de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, instancia partidista que será determinante para definir principalmente las candidaturas a la Presidencia de la República y a las 9 gubernaturas que se disputarán en 2024.
Pero hay otro personaje ligado también al grupo de Huerta: su excompañero de la Facultad de Sociología, Ernesto Isunza Vera, recién propuesto por la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, para integrar el Comité Técnico de Evaluación que elegirá a los cuatro próximos consejeros electorales del INE, pero cuya designación fue desconocida y desaprobada por los seis miembros del Consejo Consultivo de la CNDH.
Isunza Vera nació en la Ciudad de México el 26 de julio de 1968 pero radica desde los 15 años de edad en Xalapa. Como investigador fue compañero de Hipólito Rodríguez en el CIESAS-Golfo, y del actual rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, en el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV, como profesor invitado. Fue consejero electoral del Consejo Local del Instituto Federal Electoral (IFE) en el estado de Veracruz en los procesos de 2000 y 2003, y es asociado de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. desde 1988.
No es casual que quien haya propuesto a Isunza haya sido la presidenta de la CNDH, pues el grupo de Huerta mantuvo relación política con su extinta madre Rosario Ibarra de Piedra desde que fue postulada a la Presidencia de la República por el desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1982 y 1988, y luego como diputada plurinominal del PRD, cuya bancada abandonó mediante un acuerdo para integrarse a la del PT.
Según el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los siete integrantes que deben conformar el Comité Técnico de Evaluación (CTE) para los aspirantes a consejeros electorales del INE , la CNDH puede proponer dos, el INAI otros dos y la Cámara de Diputados los tres restantes.
Sin embargo, en un comunicado con fecha de este lunes 19, los seis miembros del Consejo Consultivo de la CNDH –Adalberto Méndez López, Tania Espinosa Sánchez, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López, Georgina Diédhiou Bello y Ángel José Trinidad Zaldívar– afirmaron que las designaciones de Ernesto Isunza Vera y María del Socorro Puga Luévano, una militante de Morena certificada en “yoga de risa”, se hicieron a sus espaldas, “en total opacidad”, contraviniendo sus propios lineamientos (que dejaron plasmados en el comunicado número DGC/057/2020) en donde se dijo textualmente: “La CNDH se propone la mayor apertura de información al respecto y aportar a la máxima publicidad que reclama la elección de quienes tendrán en sus manos la credibilidad, legalidad y legitimidad de las siguientes elecciones, haciendo públicos estos criterios”.
Expusieron que “como Consejo Consultivo queremos dejar claro que la manera en que eligieron a las dos personas no fue ni ‘con la mayor apertura’ ni con la ‘máxima publicidad que reclama la elección’”. Y señalaron que “si las personas consejeras no hubiéramos exigido poner el tema en la mesa en nuestra sesión, nos habríamos enterado por los medios de comunicación”.
Finalmente puntualizaron que “es indispensable que las personas designadas cumplan con el perfil e imparcialidad político-partidista que es alta responsabilidad demanda y de no ser así, la CNDH reemplace dichas designaciones por las personas idóneas”.
Se presume que para apuntalar a Isunza en este fallido madruguete, la semana antepasada Huerta se reunió en Palacio Nacional con Carlos Gastón Torres Rosas, el poderoso Coordinador General de Programas para el Desarrollo y a quien antes, como secretario técnico del gabinete, le atribuían el suministro de “los otros datos” al Presidente y ser uno de los causantes de la abrupta salida en 2019 del primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en cuya renuncia expuso que le resultaba inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública promovidos por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de intereses.
Torres Rosas, hijo de un próspero empresario de Durango, es amigo íntimo de Andrés “Andy” López Beltrán, el más político e influyente hijo de AMLO, a quien desde ahora se menciona como el futuro delfín del obradorismo para la Presidencia en 2030.
