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Prefacio.
Quizá usted no la conozca, pues aunque dice representar a Veracruz, poco o nada ha hecho por esta entidad. * Se trata de la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, quien llegó a la Cámara Alta por la vía plurinominal, propuesta por Morena, y quien se ha visto envuelta en múltiples escándalos. El más reciente: fue exhibida por negarse a pagar la renta de una residencia en la Ciudad de México, pero además por negarse a abandonar el inmueble. * La propietaria de dicha residencia agotó todas las vías de negociación y, finalmente, recurrió a las instancias legales, que le dieron la razón y conminaron a la senadora a abandonar el inmueble. * Claudia Balderas, dejó el departamento de la colonia Del Valle, por el cual fue demandada por no pagar la renta, aunque persiste un adeudo de 210 mil pesos. * Nora Ochoa, dueña del inmueble, señaló que la legisladora desalojó el departamento tras recibir una orden judicial: “No la entregó, lo tuvimos que hacer por orden judicial y finalmente pudimos recuperar, por medio de esta orden, la posesión de la casa”. * Nora Ochoa narró que la senadora de Morena dejó de pagar desde mayo del año pasado y parte de esa deuda la fue cubriendo con diferentes montos, pero quedó a deber varios meses de renta, pues el último desembolso lo hizo en enero y correspondía al mes de septiembre del 2022. * La propietaria comentó que la vivienda la dejó en pésimas condiciones de limpieza, aunque sin daños graves, y con una construcción no autorizada en el patio de servicio. * Usted, estimado lector, sabrá si se arriesga a arrendarle un inmueble a la senadora Balderas.
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La investigación sobre el homicidio de la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y de su hija, Karla Enríquez Merlín, ocurridos en febrero del 2021, está por dar un giro insospechado, pues los elementos de prueba aportados por la Fiscalía de Veracruz no han sido suficientes para sostener la acusación contra el sujeto al que señalan como “autor intelectual”.
Desde el mes de julio del año pasado, familiares de Luis “N”, conocido como “El Puma” (señalado por la Fiscalía de Veracruz como la persona que ideó y dirigió el asalto a la residencia de la familia Enríquez Merlín) realizaron una protesta para exigir su liberación, pues aseguraban que no existían datos de prueba que lo incriminaran en el doble homicidio.
Familiares y amigos de El Puma realizaron una protesta frente a la Plaza de la Paz, en Coatzacoalcos y afirmaron que su detención estuvo basada en declaraciones “de oídas”.
Denunciaron que en la carpeta de investigación no se presentaron datos de prueba en su contra y sólo un testimonio de un rumor sobre su presunta participación.
Práctica común de la Policía Ministerial, a Luis “N” lo detuvieron imputándole el delito de “ultrajes a la autoridad” (que en ese entonces aún estaba vigente). Sus abogados consiguieron un amparo para que fuera dejado en libertad, pero de inmediato fue reaprehendido y trasladado al penal de Coatzacoalcos.
Con el correr de los meses y frente a la evidente ausencia de elementos probatorios para imputarlo, los familiares de El Puma recurrieron a un abogado especializado en el uso de las pruebas científicas, que ha coincidido con ellos de que no existen elementos para mantenerlo en prisión.
Ha quedado en evidencia, además, que la Fiscalía de Veracruz no agotó todas las líneas de investigación, entre las que figuraban la probable participación de un familiar muy cercano a las víctimas y de la pareja sentimental de Gladys Merlín.
Es evidente que “el caso” que presentó la Fiscalía de Veracruz no se sostiene en pruebas sólidas y, como suelen hacer en casos de gran impacto mediático, fabrican a un culpable para presumir que actuaron con diligencia y eficacia.
Las cárceles de Veracruz están repletas de chivos expiatorios, que sólo sirvieron para justificar la negligente actuación del ministerio público.
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Epílogo.
A qué grado ha llegado la inseguridad en esta entidad, que hay quienes se atreven a asaltar una sucursal bancaria ¡armados con un bat! * Eso sucedió este miércoles en el centro de Xalapa, en la sucursal de Citibanamex ubicada en la avenida Manuel Ávila Camacho. * Cerca del mediodía, cuatro personas (una mujer y tres hombres) ingresaron a la sucursal bancaria amagaron con el bat a los clientes y se dirigieron a las ventanillas; rompieron los cristales de una de las cajas y se llevaron el efectivo que alcanzaron, que fueron cerca de 20 mil pesos. * Una vez que cometieron su fechoría salieron de la sucursal y huyeron, sin que supieran los testigos, qué rumbo tomaron. ¿La policía? ¡Qué va! Esos andan “cortejando” a las compañeras. * Quizá no esté enterado, estimado lector, pero en el estado de Veracruz, desde los tiempos de Javier Duarte, funciona una oficina denominada “Comisión para la Atención y Protección de Periodistas”. * La ley que le da sustento a este organismo establece, en su artículo 2, que se trata de “un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de atender y protegerla integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión”. * Suena bien, ¿verdad? Pero resulta que, en los hechos, los periodistas que integran dicha comisión se asumen como empleados del gobernador (es él quien los propone) y, por lo tanto, son incapaces de salir en defensa de los medios de comunicación que son agredidos por el mandatario estatal, so pena de perder el “hueso”. ¡Qué lástima!
filivargas@gmail.com
