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Acompañado por legisladores, integrantes del Poder Judicial de Veracruz y empleados de diversas dependencias del gobierno estatal, el gobernador Cuitláhuac García encabezó el sábado 20 de mayo pasado, en la sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la Ciudad de México, una manifestación en contra de la presidenta Norma Piña y de otros siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los cuales acusó de boicotear jurídicamente la culminación de los grandes proyectos que realiza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, en vez de ganarse la simpatía y el apoyo solidario de la sociedad mexicana, recibió duras críticas en las redes sociales debido a que algunos funcionarios veracruzanos, entre ellos el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, cargaron vestidos con toga y birrete varios ataúdes con fotografías de los ministros y las siglas del máximo tribunal, paseándose afuera de la SCJN.
Mientras algunos consideraban que se trataba de una simple analogía de que los ministros habrían “matado” al PJF, otros personajes, entre ellos el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, lo interpretaron como un intento de intimidación.
Este miércoles, cinco meses después, en cuanto se conoció que la mayoría simple del Pleno de la Cámara de Diputados había aprobado la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder PJF, el mandatario veracruzano felicitó a los legisladores de Morena y partidos aliados (PVEM y PT).
“Felicito a las diputadas y legisladores del Congreso de la Unión que hoy han eliminado al menos parte de los privilegios desmedidos de ministros de la SCJN y de magistrados de la élite del Poder Judicial Federal (cuantificados en más de 15 mil millones de pesos) ¡Plan C va!”, publicó García Jiménez en sus redes sociales.
Pero el jueves de la semana pasada, el columnista Filiberto Vargas tuvo a bien comentar que “el gobernador de Veracruz podría anotarse una estrellita si sugiere la revisión (y extinción) de un par de fideicomisos que opera el Consejo de la Judicatura estatal”, señalando concretamente que “uno es el Fideicomiso para el Fondo de Pensiones Complementarias por Jubilación en beneficio de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz”, y que uno más es “el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia que, en el 2016, a la salida del magistrado Alberto Sosa Hernández de la presidencia del Poder Judicial de Veracruz, tenía más de 700 millones de pesos y que, en diciembre del 2019, a la salida de Edel Álvarez Peña, no llegaba a los 100 millones de pesos”.
El analista concluía que, de hacerlo, el discurso del mandatario estatal “sería similar al que maneja el Presidente: ‘acabar con los privilegios de una cúpula que controla la justicia en Veracruz’”.
Sin embargo, inexplicablemente el jefe del Ejecutivo estatal se ha desentendido por completo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues, por ejemplo, desde hace un buen rato sólo hay 27 magistrados en funciones, cuando de acuerdo con la Ley Orgánica deben ser 33, o sea que hay ¡seis vacantes!.
¿Por qué la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre no ha apremiado al gobernador ni al Congreso local? Y es que ni modo que sean “candil de la calle y oscuridad de su casa”.
INFLUYENTISMO
LETAL EN LOS TUXTLAS
Gran consternación causó en la sociedad de San Andrés Tuxtla el fallecimiento de la ex fedataria Martha Luisa Díaz del Castillo Viveros, quien –según versión de familiares y amigos cercanos– a raíz de que fue despojada injustamente de la patente notarial en marzo del año pasado, su estado de salud se deterioró aceleradamente precipitando su muerte.
Y es que hace año y medio, aproximadamente, la hija del prestigiado exalcalde sanandrescano, exdiputado local y también fedatario Luis Miguel Díaz del Castillo Rodríguez, quien falleció en julio de 2018, recibió un terrible golpe emocional de parte de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, dependiente de la Secretaría de Gobierno, la cual dio por terminado de manera definitiva el ejercicio de la función notarial de Martha Luisa Díaz del Castillo y dejó sin efecto la patente que se le había otorgado desde el 19 de julio del 2010.
También declaró la vacancia y el cierre de la Notaría número 4 con residencia en San Andrés Tuxtla de la que era titular. La sanción se derivó de una visita general de inspección realizada a finales del febrero de 2022, en la que supuestamente se detectaron irregularidades que fueron calificadas como faltas graves.
De acuerdo con la versión oficial, presumiblemente se comprobó que la ex fedataria habría incurrido en negligencia en el cumplimiento de su función notarial, prestando un servicio de manera deficiente, violentando gravemente los principios del notariado latino y diversas leyes federales, estatales y municipales, que pusieron en riesgo el patrimonio de los usuarios y en general a la propia función notarial.
Sin embargo, la versión que corre en los círculos notariales de la región es que la difunta habría caído en desgracia debido a las fuertes diferencias personales que presuntamente sostenía con otro notario empoderado por sus vínculos familiares con la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.
Según nos comentan, quien ejerce gran poder en los Tuxtlas es Diego Dositeo Hernández Medina, Notario número 5 de Santiago Tuxtla y padre de la titular de la FGE. De acuerdo con la vox populi, él es quien quita y pone también a los fiscales de esa circunscripción.
Otro influyente e intocable personaje es Diego Hernández Giadáns, Notario número 13 de San Andrés Tuxtla, hermano de la súper fiscal.
