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Este fin de semana circuló en redes sociales un video en el que un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), enviaron un mensaje para deslindarse de la estructura criminal identificada como “La Barredora”, integrada por antiguos Zetas, a la que atribuyen haber sembrado el pánico en Tabasco, la entidad natal del presidente López Obrador.
“Este mensaje es para Daniel Hernández Montejo, alias el ‘H’ o el ‘Prada’, líder principal del grupo criminal La Barredora, quien tiene ex integrantes de los Zetas y son los generadores de violencia del estado de Tabasco…”, se le escucha decir al aparente jefe de los encapuchados en la grabación de más de un minuto.
Durante el clip, el presunto líder del CJNG en la entidad vecina de Veracruz, dijo estar en contra de “secuestradores, rateros, violadores, extorsionadores y Zetas; ¡dejen de estar quemando los carros de los ciudadanos y asaltando sus comercios!”, exigió, por lo que les advirtió que harán una limpia en la entidad tabasqueña contra “esas lacras”.
Los supuestos sicarios aclararon que su “guerra” no es en contra del gobierno del presidente López Obrador sino contra los “mugrosos que tienen aterrorizado a su estado (Tabasco)”.
A nadie debió sorprender que el CJNG apareciera en esa entidad que hasta el 30 de agosto de 2021 gobernó Adán Augusto López Hernández, quien al día siguiente asumió la titularidad de la Secretaría de Gobernación, cargo al que a mediados de junio del año pasado renunció porque le hicieron creer que podría ser el candidato de Morena a la Presidencia de la República.
Sin embargo, el ex gobernador de Tabasco sabía desde un año antes que estaba vetado para suceder a su paisano y casi hermano. Y es que su nombre apareció en un par de documentos contenidos en los miles de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que en septiembre de 2022 fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya. Las fuerzas de inteligencia del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) lo habían relacionado, dentro de sus investigaciones, con los grupos de robo de combustible que operan en el sur del país, entre Tabasco y Veracruz.
El nombre de Adán Augusto fue ligado a una red a la que las investigaciones federales denominaron “El Caso Olmeca”: una estructura bien organizada que roba combustibles de instalaciones de la estatal Pemex para después distribuirlos mediante carreteras al norte del país mediante la cooptación de autoridades y funcionarios.
El negocio consistía en comprar los hidrocarburos a proveedores que “ordeñan” los ductos de la estatal en precios que van de los 2.50 a los 4 pesos por litro para revenderlo más tarde en 17 pesos. El principal mercado del combustible robado era Monterrey, Nuevo León, pero había indicios de que la red criminal buscaba iniciar también exportaciones de gasolina hacia Estados Unidos y de diésel hacia Arabia Saudita. De momento, según el seguimiento de las autoridades, esto solo estaba en planes.
Los documentos que vinculaban al político tabasqueño con el grupo independiente de robo de hidrocarburos estaban fechados en agosto del año antepasado.
El CENFI, una iniciativa del sexenio pasado y que habría liderado la investigación, tiene dentro de su estructura a elementos de la Secretaría de Gobernación.
Según las comunicaciones interceptadas por el aparato de inteligencia nacional y relatadas a la Sedena, López Hernández habría recibido información sobre depósitos y apoyado con protección a miembros de la red que lucra con el combustible robado a Pemex a través de agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (SEIDO).
Las relatorías contenidas en los correos electrónicos relacionaban el nombre del político tabasqueño con el de un hombre a quien identifican como “el Hamer”, un distribuidor de combustible robado y encargado de la cooptación de autoridades para el libre tránsito de las gasolinas, que tendría al funcionario como parte de su red de contactos. “El ex gobernador enfatizó que está a la orden y si los paraba la Guardia Nacional, le hablaran directamente al comandante de la SEIDO al número que ya tenían”, se relata en uno de los documentos a los que Diana Nava, reportera de Expansión, tuvo acceso.
Según refiere la periodista, el seguimiento a la red de venta ilegal de combustible relataba de manera frecuente la interacción con un funcionario a quien denominan “el secretario de arriba” que daría instrucciones a algunos integrantes de la estructura a través de otros funcionarios públicos.
En las investigaciones se identificó la planeación de una reunión entre uno de los líderes de la red de contrabando con funcionarios de la Administración Portuario Integral y la Agencia Nacional de Aduanas para recibir instrucciones del “secretario de arriba”.
La reunión, planeada para mediados de agosto de 2022, tendría también la participación de un empresario. Pero el encuentro, según los relatos, no se llevó a cabo.
La reportera refiere que los relatos también daban cuenta de participación de funcionarios de la coordinación estatal de la Guardia Nacional, de Pemex y de las fiscalías y de un alto mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de quienes no detallan más información.
El nombre del político tabasqueño está enmarcado dentro de uno de los casos que han sido marcados por el CENFI como una de las seis prioridades a seguir en la región sur del país. Las investigaciones, según los archivos filtrados, habrían comenzado apenas en 2022, con solo una detención hasta el momento. La red tendría una relación con una fracción del Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en el sureste del país. Este último grupo pediría se les informe sobre los movimientos de combustible y depósitos para dejarles continuar con sus actividades.
Luego de hacerse público, el presidente López Obrador descalificó los documentos contenidos en las filtraciones y defendió al ex gobernador de su estado y ex secretario de Gobernación, calificándolo como “un hombre honesto”. Sin embargo, la Agencia Proceso publicó también que entre los millones de archivos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el colectivo Guacamaya, existían al menos 16 informes de inteligencia militar que identificaban a Hernán Bermúdez Requena, hasta ese entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa entidad.
Hace un mes, el 5 de enero, Bermúdez Requena renunció al cargo que le había asignado Adán Augusto desde el 11 de diciembre de 2019; la causa fue la ola de violencia registrada sobre todo en Villahermosa, la capital, donde grupos de delincuentes con armas largas y cubriendo sus rostros con pasamontañas irrumpieron en establecimientos comerciales como Oxxos, Extras y Elektra, generando el caos en distintas colonias de la ciudad que aterrorizaron a los tabasqueños.
Paradójicamente, el jueves 18 de enero pasado, la alcaldesa morenista de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, quien aspiraba ser candidata al Senado, fue expulsada de manera inmediata y sumaria del partido guinda en una reunión en la que estuvo presente Adán Augusto –ahora coordinador político de la precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum– y que fue convocada por el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo, a quien vinculan con el empresario huachicolero de Tamaulipas, Sergio Carmona, ejecutado el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León.
Según la alcaldesa, fue literalmente corrida de Morena luego de que afirmara al periodista veracruzano Ricardo Ravelo, del diario digital sinembargo.mx, que en Colima existen personajes ligados al narcotráfico que participan en dicho instituto político. Y es que la munícipe también acusó que la gobernadora colimense Indira Vizcaíno Silva le está acercando esos personajes a Sheinbaum Pardo, quien incluso se había fotografiado con algunos de ellos durante una de sus recientes visitas a esa entidad.
Por esto, y muuuuchas otras historias similares, es que la versión sobre la investigación de la DEA sobre los dos millones dólares que presuntamente el cártel de los Beltrán Leyva habría aportado a la campaña presidencial de López Obrador en 2006, llegó a sonar verosímil.
