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Aunque ya fue secretario de Educación de 2010 a 2012 en el entonces Distrito Federal durante la administración de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, sin embargo, el nombramiento que recibió ayer Mario Delgado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum como el próximo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) motivó descalificaciones de algunos académicos y líderes de la oposición, a quienes les cuesta digerir que esta relevante Secretaría de Estado que alguna vez encabezaron personajes ilustres como José Vasconcelos y hasta el veracruzano Jesús Reyes Heroles, ahora vaya a estar en manos del ex dirigente de Morena, a quien hace apenas tres meses la bancada del PAN en el Senado denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto financiamiento ilegal de las campañas morenistas con base en el “huachicol fiscal”.
El 3 de abril pasado, el grupo legislativo de Acción Nacional exigió a la FGR investigar la monumental industria de contrabando de gasolina, cuyas ganancias presuntamente eran destinadas a pagar las campañas de Morena. Los señalamientos alcanzaban no sólo al coordinador de la campaña presidencial sino también a 11 gobernadores de la 4T, incluidos el tamaulipeco Américo Villarreal y el sinaloense Rubén Rocha, a operadores territoriales y financieros del oficialismo, así como al ex director de Aduanas y ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo. Demandaban que compareciera hasta Claudia Sheinbaum en calidad de beneficiaria de este esquema de ‘huachicol fiscal’.
Seis días después, los senadores panistas presentaron una ampliación para denunciar lo que describían como un “pacto político criminal” al más alto nivel. Su exigencia se fincaba en las publicaciones, videos y testimonios dados a conocer por el medio digital Código Magenta entre enero y abril de este año, en los cuales se documentó una operación sin precedentes para traficar hidrocarburos de manera ilegal a través de cientos de pipas y buques tanques mediante los cuales se introducía a México el combustible sin pagar impuestos. Los senadores de oposición exigían respuestas y para ello pidieron a la FGR que citara a declarar a la primera plana de políticos de la 4T, lo que obviamente no sucedió ni ahora se cumplirá.
El medio que dirige el periodista regiomontano Ramón Alberto Garza publicó el contenido de los teléfonos perdidos del empresario Sergio Carmona Angulo, el llamado “Rey del Huachicol” asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León, en noviembre de 2021. Conversaciones, videos, imágenes y bitácoras de vuelo de su aeronave privada confirman la relación de este empresario con Mario Delgado y con la plana mayor del partido Morena.
Código Magenta también informó que dos embarcaciones, el Nord Supreme y el Nord Harmony, compraban combustible en refinerías de Houston, Texas, y las descargaban ilegalmente en pipas sin rotular en un terreno baldío de Altamira, Tamaulipas. Fuentes cercanas al caso calcularon que la operación ascendía a 400 millones de litros al mes, sin supervisión aduanal y sin pagar impuestos.
Horacio García Rojas, operador financiero de Morena, declaró en un video que las utilidades de este negocio a cargo de Sergio Carmona financiaron campañas políticas del oficialismo por al menos 500 millones de pesos en el proceso electoral de 2021.
Código Magenta también dio a conocer una entrevista con María del Rocío Jocelyn Hernández, ex subdelegada de programas sociales en Sinaloa durante la campaña electoral de 2021, quien reveló una grabación en la que esta operadora de la 4T narra una reunión entre Américo Villarreal, entonces delegado de Morena, y el candidato morenista a gobernador Rubén Rocha con “El Chapo Isidro”, uno de los lugartenientes del Cártel del Pacífico.
¿Mario Delgado podrá viajar a Estados Unidos como titular de la SEP? Y es que la denuncia de los senadores del PAN que coordina el veracruzano Julen Rementería señala explícitamente a Julio Carmona Angulo, ex titular de la Aduana de Reynosa, quien tras el asesinato de su hermano Sergio Carmona huyó a la Unión Americana, a cuyas autoridades ofreció colaboración en calidad de “testigo protegido”.
En esta trama no solamente está implicado Delgado Carrillo sino también Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas y ex operador de Morena en Sinaloa; Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit; David Monreal, gobernador de Zacatecas; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Layda Sansores, gobernadora de Campeche; Marina del Pilar, gobernadora de Baja California; Víctor Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima; Perla McDonald, viuda de Sergio Carmona y operadora en el gobierno de Tamaulipas; Olga Sosa, candidata de Morena al Senado por Tamaulipas; Gabriela Jiménez, operadora electoral de Morena y candidata a diputada federal por Azcapotzalco; Eduardo Gattás, alcalde de Ciudad Victoria; Horacio García Rojas, operador de Morena; Armando Zertuche, ex diputado federal; Erasmo González, diputado federal de Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto; Adalberto Vega, ex delegado de la Secretaría de Infraestructura; Héctor Joel Villegas, secretario de Gobierno de Tamaulipas; Adriana Lozano, ex secretaria de Finanzas de Tamaulipas; y Ricardo Peralta Saucedo, operador electoral de Morena, ex subsecretario de Gobernación y ex administrador General de Aduanas.
Por eso, la bancada del PAN urgió a la Fiscalía General de la República a que llevara a cabo el maxiproceso de procuración de justicia contra la corrupción de mayor alcance en este sexenio, pues la denuncia es por peculado, cohecho, conflicto de interés, delincuencia organizada, tráfico de influencias, evasión de impuestos y operaciones con recursos de procedencia ilícita que trastoca lo más alto del sistema político mexicano. El documento entregado a la FGR expresa concretamente que los procesos electorales de Sinaloa y Tamaulipas “representan la cruda realidad de los grupos de delincuencia organizada y servidores públicos de nuestro país”.
La denuncia exige que se investigue una potencial defraudación al erario federal por más de 450 mil millones de pesos entre 2019 y 2023, por la omisión del pago del IEPS. El dato está basado en la información que dio a conocer Código Magenta de que “agencias de inteligencia” habían alertado por un diferencial entre las exportaciones de hidrocarburos que reportaba la agencia aduanal de Estados Unidos y las importaciones de hidrocarburos que registraba la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la que fue titular solamente durante 11 meses el senador con licencia y actual alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued, del 24 de mayo de 2019 al 23 de abril de 2020.
Los senadores panistas referían que la operación tiene “el objetivo de obtener dinero ilícito para financiar al grupo político Morena”. Por eso, en la ampliación de su denuncia, solicitaron que se llevaran a cabo mesas de trabajo con el secretario de Energía, el secretario de Hacienda, el director de Pemex, el titular del SAT y el titular de Aduanas para explicar esta brecha de más de 450 mil millones de pesos en cuatro años.
El eje de su denuncia era el caso de Sergio Carmona: sus vinculaciones con el grupo político de Mario Delgado, los contratos federales asignados a Grupo Industrial Joser y Grupo Industrial Permart, así como a la influencia que sigue manteniendo su viuda, Perla McDonald, en el gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas.
Los legisladores del PAN señalaban de manera explícita que agencias de inteligencia de Estados Unidos afirman que la estructura de Carmona financió con 500 millones de pesos las campañas electorales de Morena en los estados de Tamaulipas, Nayarit, Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Sinaloa y Campeche. De acuerdo a su denuncia, la FGR está obligada a citar a declarar a todos los personajes señalados: once gobernadores, el dirigente nacional de Morena, operadores territoriales y financieros del partido, así como funcionarios y ex funcionarios presuntamente involucrados en esta trama de corrupción que por la magnitud de la operación, del número y perfil de los personajes involucrados y del contexto electoral, podría convertirse en la carpeta más grave y sensible en los archivos de la Fiscalía General de la República.
Según la denuncia presentada por los senadores de Acción Nacional, los personajes señalados, empezando por Mario Delgado y el gobernador tamaulipeco Américo Villarreal, son “parte de un pacto político criminal para desviar recursos en favor de intereses políticos personales y actividades ilícitas”.
Por eso, ahora, Delgado Carrillo ha sido blindado para el próximo sexenio como secretario de Educación, otra materia en la que el primer régimen de la 4T encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador le quedó a deber mucho a los mexicanos, aparte de las de salud y seguridad pública.
