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Durante décadas, la clase política veracruzana brilló en el escenario nacional.
En la etapa postrevolucionaria, dos ex gobernadores de Veracruz, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, llegaron inclusive hasta la Presidencia de la República. Pero en los sexenios posteriores otros políticos veracruzanos fueron incluidos en los gabinetes presidenciales como secretarios de Estado o en la dirigencia nacional del PRI y en los sectores del partido hegemónico, principalmente en el campesino. Por solo citar algunos nombres, mencionaremos al tuxpeño Jesús Reyes Heroles, quien dirigió Pemex, al Revolucionario Institucional y fue secretario de Gobernación y de Educación Pública; así como a los ex gobernadores Rafael Hernández Ochoa, ex titular de la Secretaría del Trabajo; Fernando Gutiérrez Barrios, ex subsecretario y ex secretario de Gobernación; Agustín Acosta Lagunes, ex subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda; Dante Delgado Rannauro, ex embajador en Italia y ex Procurador Agrario; Patricio Chirinos, ex secretario de Desarrollo Urbano, etcétera, etcétera, etcétera.
Sin embargo, en los últimos 20 años, en los que se han alternado gobernantes del PRI, PAN y ahora de Morena, la clase política veracruzana ha pasado de ser un referente de prestigio a una vergüenza nacional.
El priista Fidel Herrera Beltrán, que gobernó Veracruz de 2004 a 2010, pasó tristemente a la historia del estado con el mote de “Z-1” por haber dejado que se asentara en la entidad al sanguinario Cártel de Los Zetas, el grupo armado del Cártel del Golfo integrado por desertores del Ejército Mexicano que se separó del grupo delictivo liderado por Osiel Cárdenas Guillén, disputándole a la organización criminal surgida en Tamaulipas las plazas de Veracruz, Tabasco, Campeche y hasta Quintana Roo.
Después de Herrera Beltrán llegó a la gubernatura su ex secretario de Finanzas y Planeación, Javier Duarte, quien desde 2017 está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde purga una sentencia de 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Ayer, Duarte de Ochoa felicitó a la gobernadora morenista Rocío Nahle a través de su cuenta de la red social X, antes Twitter, considerándola como la líder que Veracruz “merece y necesita en estos tiempos”.
“Más allá de ideologías políticas, de filias, de fobias y de odios llegó el tiempo de la reconciliación y del crecimiento y desarrollo político, económico y social de Veracruz”, publicó Duarte, quien fue expulsado del PRI en octubre de 2016, en cuanto la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo de un juez la orden de aprehensión en su contra.
“Ya era hora de que llegara una persona que se dedicara a atender lo importante y no tuviera como única bandera la venganza y el revanchismo político por un lado, y por otro que tuviera la capacidad y la experiencia de gobernar un estado tan complejo como el nuestro”, finalizó.
Obviamente el comentario de Duarte fue en alusión al ex priista Miguel Ángel Yunes Linares, quien al sucederlo en la gubernatura en diciembre de 2016 se dedicó a perseguir y extorsionar a sus presuntos prestanombres y ex colaboradores. Pero, ahora, el ex mandatario de la alianza PAN-PRD, junto con su hijo, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, se han convertido en la vergüenza nacional luego de haberle dado a Morena, a cambio de impunidad por los diversos delitos que les imputaban, el voto 86 que se requería para alcanzar la mayoría calificada que el oficialismo necesitaba para aprobar en el Senado la polémica reforma judicial. Desde el 10 de septiembre pasado, los que se oponen a la elección de juzgadores por voto popular no los bajan de “traidores” y los acosan en los lugares públicos donde se paran. Y los líderes y consejeros de su partido, el PAN, terminaron por expulsarlos formalmente de sus filas.
Pero, afortunadamente para ellos, desde ayer el “impresentable” Cuitláhuac García acaparó los peores comentarios en las redes sociales y en la prensa nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el sábado, en Orizaba, que lo incorporaría en un “cargo estratégico”, sin precisar cuál, de su administración.
El experimentado periodista Carlos Marín, autor de la filosa columna El Asalto a la Razón, que publica en el diario Milenio, le dedicó al ex mandatario veracruzano de Morena su texto titulado “Claudia incorpora a un impresentable”, lo que no sorprendió dado el manifiesto repudio del ex directivo de la revista Proceso a la 4T. Lo que en cambio sí llamó la atención fue que el columnista Julio Hernández López, de La Jornada, el diario capitalino muy afín al obradorismo, se ocupara también de Cuitláhuac García y de los Yunes ex panistas, criticando la impunidad a cambio de “lealtad”.
En su columna “Astillero”, Hernández López aborda lo que llama “la yunización de ex gobernadores” y condena los “premios y mantos de protección” para morenistas y “opositores”.
Esta es la versión íntegra de su texto:
“No es social ni políticamente sano, ni administrativa y judicialmente propicio para el combate a la corrupción, que desde la Presidencia de la República virtualmente se sustraiga de las investigaciones y de la eventual acción punitiva a quienes van dejando los gobiernos estatales.
“Es un manto de protección política y judicial el que se extiende sobre políticos priístas y morenistas (y algunos ‘aliados’), al nombrarlos en cargos federales que inhiben a los mandatarios entrantes de iniciar escrutinios firmes sobre los salientes. Claro que hay vías formales para intentar que se abran indagaciones respecto a malos manejos de quienes dejan las gubernaturas, pero en los hechos, los entrantes, con frecuencia escandalizados respecto a la herencia que reciben, no pueden intentar nada contra aquellos que son elogiados públicamente y colocados en puestos federales por el máximo poder político, el presidencial.
“En su momento, Andrés Manuel López Obrador protegió a gobernadores priístas que fueron ‘demócratas’ en cuanto, por acciones u omisiones, ‘ayudaron’ a triunfos electorales morenistas: embajadas para el sinaloense Quirino Ordaz, el hidalguense Omar Fayad, el campechano Carlos Miguel Aysa y el quintanarroense Carlos Joaquín González; y consulado de lujo para la sonorense Claudia Pavlóvich. En lista de espera se asegura que está el mexiquense Alfredo del Mazo.
“El abrigo para los morenistas y aliados ha sido explícitamente planteado por el anterior presidente y la actual mandataria federal. El pasado 12 de agosto, siendo aún presidenta electa, Claudia Sheinbaum anunció: “todos los compañeros que están dejando sus gobiernos estatales van a participar en el gobierno federal. Los he invitado. Es el caso de Martí, es el caso del gobernador de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz. Bueno, el gobernador de Morelos queda de diputado. Cuauhtémoc Blanco es diputado en la lista. Y al gobernador de Puebla también lo he invitado a participar y ya se los vamos a informar pronto”. Reiteraría tal postura a horas de tomar posesión de la silla presidencial.
“Los pésimos gobiernos del chiapaneco Rutilio Escandón y del veracruzano Cuitláhuac García están por ser premiados con cargos aún por definir (ayer, en la toma de posesión de Rocío Nahle, la presidenta Sheinbaum dijo que será en algo ‘estratégico’). Al de Tabasco, Carlos Manuel Merino (prolongación de la voluntad política de Adán Augusto López Hernández), lo han colocado como director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, mientras en el ‘edén’ se libran sangrientas batallas entre cárteles. El poblano Sergio Salomón Céspedes entrará el 15 de diciembre como titular de Migración. El morelense Cuauhtémoc Blanco, uno de los peores, es diputado federal y Alejandro Murat, de similar catadura, es senador; ambos por Morena.
“La esperanza nacional, cifrada en López Obrador durante su sexenio, y en Sheinbaum en el que va corriendo, contrastan marcadamente con los gobiernos estatales de Morena y sus aliados (el sinaloense Rocha Moya, el tamaulipeco Américo Villarreal y la guerrerense Evelyn Salgado, algunos botones de muestra negativa). Pero en los altos mandos nacionales ha predominado el sentido corporativo, la protección facciosa, el sentido de la ‘unidad’ respecto a tales mandatarios estatales, como fue reiterado ayer en Veracruz: la ‘lealtad’ o el ‘chapulinazo’ como garantía de impunidad, la yunización de la ‘nueva’ política para ser hegemónica.”
