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En junio del 2021 cuando faltaban unas horas para las elecciones municipales en Veracruz, René Tovar Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera y seguro ganador de la contienda (de hecho la ganó post mortem), fue asesinado a balazos en la puerta de su casa.
Al día siguiente, porque cuando ocurrió el asesinato lo agarraron durmiendo, el gobernador Cuitláhuac García dijo lo de siempre: “Daremos con los culpables porque no se permitirá la impunidad en Veracruz”.
La señora justicia se movió rápido y detuvo al alcalde sustituto como responsable de crimen y luego todo quedó en suspenso.
Pero el 22 de diciembre fue aprehendido Juan Manuel del Río Virgen, asesor del senador Ricardo Monreal al que le achacaron el crimen, en uno de los actos más injustos, llenos de sevicia y abuso de poder del gobierno de Cuitláhuac García.
Al final, el asesinato no ha sido aclarado pero siguen cayendo a balazos los actores políticos. En diciembre del 2024 (ya en la administración de Rocío Nahle) fue asesinado el diputado federal Benito Aguas. Y a principios de febrero acribillaron al secretario del Ayuntamiento de Paso del Macho, Carlos Ramsés Neri Rodríguez y a su hermano Juan Daniel.
Y las amenazas de muerte siguen vigentes.
Luis Carbonell de la Hoz, líder de Movimiento Ciudadano en Veracruz, denunció ayer que al menos diez candidatos de su partido a las alcaldías, han sido amenazados de muerte.
Expuso que las amenazas a hombres y mujeres se han generado principalmente en la zona norte y la zona montañosa de la entidad.
Y uno esperaría que las autoridades estatales se pusieran en contacto con el denunciante para ofrecer protección a los amenazados, pero nada. Cuando Carbonell solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública le dieron una respuesta inverosímil: “La SSP carece de protocolo para vigilar a los candidatos”.
Futa…
Hasta donde me alcanza la memoria, lector, jamás había escuchado una respuesta tan supinamente irresponsable de una autoridad judicial. Y es que aunque fuera para taparle el ojo al macho, siempre había una promesa de apoyo o una frase tranquilizadora. Nunca una negación tan tajante.
Lo bueno es que les avisaron y lo único que falta para oficializarlo es el boletín: “Señoras y señores aspirantes a las alcaldías de la entidad, advertimos a ustedes que la Secretaría de Seguridad Pública no cuenta con un protocolo para brindarles apoyo, auxilio y seguridad, así que quien ande en ese arguende lo hará por su cuenta y riesgo”.
En serio en serio en serio, ¿no existe un protocolo de esa naturaleza para los actores políticos? ¿Eso le van a decir a familiares y seguidores del próximo político amenazado, golpeado o asesinado?
La falta de un protocolo, pero sobre todo, la respuesta que le dieron al líder emecista, es una invitación a que sigan cayendo quienes buscan ser alcaldes o alcaldesas en un estado donde la violencia está a años luz de terminar.
Bueno sería que Luis Carbonell diga quién le dio semejante respuesta porque quiero pensar que fue un segundón de la SSP.
Me niego a creer que el titular de esa dependencia, Alfonso Reyes Garcés, Contralmirante de Infantería Marina, Fuerzas Especiales y Diplomado de Estado Mayor haya contestado de esa manera, pues esas palabras son en sí un criminal atentado.
La lucha por Tlapacoyan
Con un conmovedor y emotivo mensaje (uta si) Jeú Márquez, cuñado del alcalde de Tlapacoyan, Salvador Murrieta Moreno y aspirante a sucederlo en el cargo, anunció que siempre no va en atención a los “lineamientos” de su partido Morena. Es decir, de arriba le dijeron que no se permite que un familiar cercano suceda a otro en el cargo y Jeú reculó.
Pero Morena tiene a dos aspirantes más: Carlos Gámez Paredes, conocido por su trabajo en las comunidades y que cuenta con la aceptación ciudadana. Y Víctor Apolinar, que ya fue munícipe por Movimiento Ciudadano pero busca la alcaldía por segunda ocasión.
bernardogup@hotmail.com
