CONCLUSIONES

I] Sería difícil encontrar a alguien satisfecho con el proceso electoral recién concluido y, muy especialmente, con sus potenciales desenlaces. Para ninguna de las partes las consecuencias de esta elección fueron óptimas. Los resultados y las actitudes respecto de éstos asumidas por algunos actores de las elecciones conducen necesariamente a los ciudadanos y a todos los actores políticos a un escenario de realidades posibles y no de expectativas deseables.

Es lo que hay, no lo que se quisiera: una mayoría parlamentaria simple que no dispondrá de hegemonía legislativa y, ostensiblemente, un poder ejecutivo que requerirá -a diferencia de lo que ocurre en otras naciones- más que 19.3 millones de votos (3 millones 329 mil 785 sobre su inmediato competidor) para consolidar su legitimidad.

Técnicamente, se configura lo que se conoce como ‘gobierno dividido’; en la práctica, serán escenarios muy complejos para el proceso político: administración acotada, obstáculos a la innovación gubernamental, importantes exigencias sociales a las que será difícil satisfacer y embrollos para la generación de consensos entre las distintas fuerzas que obtuvieron cuotas de poder público a partir de la elección. Se barrunta un contexto incómodo en el que serán necesarias concesiones y “acuerdos políticos” en demérito de las acciones necesarias, especialmente para aquellas que son impopulares como la reforma fiscal, por ejemplo.

II] Polarización y desconfianza son actores históricos de la política y, muy especialmente, de la política mexicana contemporánea. Sin embargo, en esta oportunidad la crispación y el rechazo se tornaron instrumentos de lucha política y no sólo, como se pretende, expresión espontánea de los votantes. Se calcularon los efectos prácticos e inmediatos de un activismo contestario y muy expresivo, pero muy probablemente no se consideraron las secuelas de una confrontación que enfrenta y divide a la sociedad, a niveles de enojo inversamente proporcionales a las expectativas de triunfo de los ex candidatos presidenciales y sus seguidores.

III] A pesar de los enormes esfuerzos históricos de cientos de miles de personas, a pesar de su altísimo costo económico, a pesar de los numerosos “candados” e instrumentos de control, a pesar de la masiva intervención ciudadana en las distintas fases comiciales, a pesar del prestigio de los consejeros ciudadanos que lo administran y la participación de asesores científicos de gran reconocimiento y autonomía, a pesar de los impedimentos para la compra directa de publicidad en medios electrónicos y los controles al gasto partidista, todo indica que el proceso electoral, la legislación electoral y la principal expresión de los propios comicios, el IFE, no resultaron fuente suficiente de legitimidad para el resultado de las elecciones. La pregunta obligada, carente de sentido en términos metodológicos, por especulativa, pero muy oportuna para una explicación de lo que está ocurriendo, es si las críticas al proceso electoral tendrían la misma intensidad si hubiese triunfado un candidato distinto a Enrique Peña Nieto.

IV] La argumentación contestataria tiende, sobre todo después de los conteos y [re] conteos, menos a cuestionar la transparencia en el proceso comicial y sus resultados, y más a presunta la inequidad de la competencia. Por ejemplo, frente al caso del Distrito Federal, en donde el candidato ganador a la jefatura de gobierno obtuvo el 63.5% de los sufragios y su partido ganó por lo menos 38 de las diputaciones locales de mayoría en disputa y 14 de las 16 jefaturas delegacionales, así como incrementó el total de sus diputaciones federales en el país hasta un 202% respecto de la legislatura anterior, además de un triunfo voluminoso en Morelos y Tabasco, los análisis electorales deberían atender -respecto de la presunta inequidad- todo el espectro de cargos en disputa y no sólo la elección presidencial. En otras palabras, ¿se puede asegurar que en las entidades federativas y distritos en los que triunfaron los candidatos de PRD-PT-MC, incluyendo AMLO, las elecciones fueron limpias, inobjetables, transparentes y libres de vicios como votos corporativos y compra de votos?

V] En democracia, los medios de comunicación masiva suelen ser un factor de peso para la formación de opinión pública. Es común -y algunos piensan que hasta conveniente- que periódicos, revistas, televisoras y estaciones de radio del mundo suelan tomar posición con mayor o menor firmeza y claridad, apoyando a ciertos candidatos y partidos y repudiando a otros. Sin embargo, por lo general esto se vincula a razones ideológicas y a comunidad de proyectos, como suele ocurrir, por ejemplo, con el Grupo PRISA (Editor de EL PAÍS) y el PSOE en España o la predilección de la mayor parte de editores y columnistas de THE WASHINGTON POST por el Partido Republicano de los Estados Unidos.

En estas elecciones mexicanas el protagonismo de los medios de comunicación ha sido -hasta este momento- de gran notoriedad, no sé si de influencia; sin embargo, ese protagonismo pareciera más orientado a los intereses particulares de las empresas mediáticas que a ideas y visiones compartidas.

VI] En tanto que Andrés Manuel López Obrador afirma que “someterá el proceso de ‘limpieza de las elecciones’” a las instancias legales exclusivamente, Enrique Peña Nieto expresó que “las inconformidades por el resultado de la elección presidencial ‘son parte’ del proceso electoral... y confió en que se desahoguen a través de los cauces institucionales y legales”.

Ya que la calificación final y definitiva de la elección corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una ventaja que en cualquier otro país y escenario sería comodísima, de 6.62 puntos porcentuales, todo indica que el PRI nacional y el virtual Presidente Electo han decidido “aguantar vara” y evitar acciones que contribuyan a la confrontación y a la crispación social.

Parecería un discurso tolerante, mesurado, que expresa confianza en la certidumbre del proceso electoral, en la mayoría de sufragios alcanzados y en la funcionalidad de las instituciones responsables de administrar y calificar las elecciones. Inquieta saber hasta dónde y hasta cuándo será posible sostener esta posición, sin que alguien sienta la necesidad de pasar a la defensa activa, como ya algunos actores empiezan a proponer. Ojalá que logren mantenerse en esos cauces de legalidad, literalmente, por el bien de todos.