Señalamientos exagerados, en el caso Ayahualulco

Abundio Morales Rosas, alcalde de Ayahualulco, no cometió un delito grave; no se le acusa por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito o malversación; no le metió la mano al erario ni dispuso del dinero del ayuntamiento para fines personales; tampoco fue autor, material o intelectual, de un crimen.
A pesar de ello y, sobre todo, de que quienes le acusaban originalmente terminaron por desistirse y señalar sólo a los elementos de la Policía Preventiva Municipal del lugar, la Fiscalía de Veracruz solicitó a la Legislatura el desafuero del alcalde y del síndico, José Guadalupe Flores Peña, a quienes responsabiliza por los presuntos delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.
El pasado martes, en el Congreso local se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos con relación al tema de Ayahualulco; los diputados de las comisiones de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales contrastaron las posiciones de la Fiscalía y de la defensa de alcalde y síndico, que argumentó, primero, que durante los hechos que se le imputan, el presidente municipal no estaba presente; y segundo, que quienes interpusieron la denuncia por abuso de autoridad se retractaron y cambiaron su versión, señalando únicamente a los elementos de la Policía Municipal.
Hace casi un mes comentaba el caso en este mismo espacio: los hechos ocurrieron en marzo del año pasado, durante la fiesta patronal de la pequeña comunidad San José de Aguazuelas, de donde es originario Abundio Morales; hubo un enfrentamiento verbal entre un grupo de jóvenes y el chofer del alcalde; en ese momento, el presidente municipal estaba presente e intervino para calmar los ánimos, apaciguar la situación; luego salió del lugar, acompañado por su familia.
Posterior a ello, los elementos de la Policía Municipal intervinieron a uno de los involucrados, un adolescente que es familiar del edil; el resto de la historia se desarrolló en las oficinas del Ministerio Público y en los tribunales: los padres del joven que fue detenido por unas horas presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
La etapa más reciente del caso se desarrolla en la Legislatura del Estado: el pasado 18 de septiembre, un año y medio después de los hechos, el fiscal de la entidad solicitó al congreso veracruzano el desafuero del alcalde.


La resolución del desafuero, antes del lunes
En esa instancia, las comisiones mencionadas líneas arriba deberán emitir su dictamen antes del próximo lunes y, si la resolución es desfavorable a Morales Rosas, turnar el expediente a la Comisión Instructora para pasar después al pleno. En contraparte, si el fallo de los legisladores favorece al edil, el problema no habrá terminado para alcalde y síndico porque de cualquier manera, esas denuncias se persiguen de oficio; sin embargo, tendrán tiempo para preparar una mejor defensa y enfrentar el proceso en libertad.
Hasta ahí los hechos y las perspectivas del caso.
Abundio Morales es el cuarto alcalde veracruzano que enfrenta un juicio de procedencia en la Legislatura del Estado; a Omar Cruz Reyes, de Medellín, le quitaron el fuero por su presunta autoría intelectual en el homicidio del periodista Moisés Sánchez Cerezo; igual ocurrió con Roberto Pérez Moreno, de Coatepec, quien fue señalado por su presunta participación en el asesinato del tesorero del ayuntamiento de Coatepec, Guillermo Pozos Rivera. Los dos se encuentran prófugos.
Armel Cid de León Díaz, de Fortín de las Flores, parece que libró los señalamientos por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar equiparada.
En el caso del alcalde de Ayahualulco, las denuncias por abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad suenan graves; sin embargo, la revisión de los hechos nos indica algo más cercano a una disputa de pueblo pequeño, un pleito ranchero que fue llevado muy lejos.


Abusos policiacos; ¿pagarán todos?
Si cada alcalde veracruzano que tiene cuerpos policiacos abusivos fuera desaforado, la Legislatura no contaría con tiempo suficiente y los diputados que integran las comisiones involucradas tendrían que sesionar a marchas forzadas; por otro lado, si por cada señalamiento por abuso de autoridad de los policías municipales hubiera un juicio de procedencia, no quedaría alcalde en el cargo. Igual ocurre con los policías estatales, que concentran la mayoría de las denuncias por violación a los derechos humanos.
No se trata, finalmente, de que los abusos de autoridad queden impunes y de que la ley no sea respetada, sino de que quienes paguen por esos delitos sean los verdaderos responsables. En el caso de Ayahualulco, presidente municipal y síndico son señalados y casi enviados a la hoguera del desafuero, tratados como delincuentes, cuando los hechos, evidentemente, han sido sobredimensionados. ¿Procederá igual la Fiscalía en todos los casos de alcaldes y jefes policiacos, incluyendo a la Secretaría de Seguridad Pública, que son o han sido señalados por delitos similares?. @luisromero85