COLIMA: Caso Cavazos, varado a cuatro meses de crimen

Cuatro meses de contradicciones y escasa información por el asesinato del ex gobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Cuatro meses de cambios en la Policía Estatal y en la Procuraduría General de Justicia (PGJE); de la incursión y control del Ejército y la Marina en tareas de vigilancia en la entidad.

Para el mandatario Mario Anguiano Moreno, una “lentitud desesperante” domina las investigaciones para esclarecer el homicidio de su antecesor, ocurrido la mañana del 21 de noviembre de 2010. A cuatro meses de los hechos, la muerte del político sigue impune.

Hasta la fecha, las únicas pistas sobre el asesinato se reducen a la presunta implicación de un elemento de la Policía Estatal Preventiva, Óscar Ulises Mariscal Ríos, al encontrarse sus huellas dactilares en el vehículo utilizado por los homicidas en su huida. Las autoridades optaron por ofrecer una recompensa de 3 millones de pesos por datos que permitan su ubicación.

También se cuenta con una grabación tomada desde las videocámaras de la residencia del ex mandatario en la que se aprecia la llegada y posterior huida de los asesinos, además de dos retratos hablados de los sicarios.

Sin confirmación oficial, un video en internet, presuntamente del cártel de la Resistencia Nueva Generación, da cuenta de la versión de un taxista de la entidad, quien narra que conoció a las personas que cometieron el asesinato y menciona que uno de los presuntos participantes fue detenido en un operativo de la Marina en la colonia Placetas Estadio, en la capital de Colima.

Del taxista nada se sabe y la PJGE no ha informado si existe alguna denuncia por su desaparición, ni se ha pronunciado sobre la veracidad del video.

Hasta el momento a eso se reduce oficialmente la investigación: ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que trabajan en coordinación, han informado sobre avances y en cambio se responsabilizan mutuamente de los mismos.

Reorganización policial

Han sido 120 días de reorganización en las corporaciones de seguridad, con la salida de mandos civiles y el arribo de militares. Sumado a la ola de violencia y a dos semanas de ocurrido el asesinato fue destituido Héctor Bautista Vázquez de la dirección de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

El cese se consumó tras darse a conocer la presunta implicación de sus elementos en la ejecución del ex mandatario y en el asesinato del médico oftalmólogo Eduardo Robles Gil Bernal, muerto en su propiedad en la localidad de La Capacha, Colima, a manos de agentes que “lo confundieron” con los presuntos responsables que habían ultimado al ex gobernador Cavazos.

Al frente de la corporación fue nombrado el general de brigada Raúl Pinedo Dávila, en tanto que Bautista Vázquez fue designado asesor en materia jurídica, luego de que “mal informó” al mandatario sobre los hechos que terminaron con la vida del ex gobernador colimense y el galeno.

Dentro de la recomposición del gabinete de seguridad, el almirante Andrés Humberto Cano Saldívar sustituyó a Eustolio Mendoza al frente del área de inteligencia del C-4. Un tercer movimiento ocurrió en la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la salida de Arturo Díaz Rivera y la entrada de Yolanda Verduzco Guzmán. Díaz Rivera fue “premiado” con la dirección del Registro Civil estatal.

Con la seguridad en manos de personal con formación castrense se efectuaron operativos encabezados por la Marina; en uno de ellos practicado en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, fueron detenidos al menos 45 elementos.

En una primera instancia se dijo que existía coordinación para realizar esos operativos entre la PGJE y Marina; sin embargo, cuando fueron liberados los agentes, la mayoría acusó que fue víctima de tortura por parte de los elementos federales, por lo que la procuraduría estatal buscó desligarse.

Los judiciales que han sido liberados han acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a presentar su queja por tortura contra agentes durante su permanencia en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada para la Delincuencia Organizada (SIEDO).

En otras acciones, a la llegada del general Raúl Pinedo Dávila a la Policía Estatal, éste ordenó desarmar a más de 115 elementos, presuntamente por no tener la preparación necesaria para el manejo de armamento.

“Lentitud desesperante”

El gobernador Mario Anguiano Moreno mencionó que “se está trabajando en equipo con ellos (con la Procuraduría General de la República), (y que) hay un procedimiento que se ha definido. Dijo tener esperanza de que pronto dará a conocer información relevante sobre los avances.

Sin embargo, el mandatario fue enfático en señalar que pese a la serie de reuniones entre las procuradurías, y los encuentros personales con el procurador general Arturo Chávez Chávez, existe una lentitud desesperante en la investigación de este caso.

“La lentitud me desespera, pero quienes trabajan en estas áreas de investigaciones, nos dicen, hay que cuidar también los datos que se van a dar y hay que darlos en los momentos que no afecten las investigaciones, pero ya se acordó que se va a presentar información importante a la población”. Sin embargo, no precisó alguna fecha.

Sobre los avances en las indagatorias también se limitó a explicar: “No podría (dar avances de la investigación), porque entonces estaríamos incumpliendo los acuerdos que tenemos a nivel del procurador general de la República, pero yo les digo que ya no tardan muchos días en que ya puedan fijar ese posicionamiento en conjunto”.

Sin abundar más, y ante la insistencia por conocer más sobre la investigación, comentó que “una parte importante de la información que se tiene y que se viene corroborando es producto de personas que han sido detenidas en algunos momentos”.

Funcionario, único testigo

Cuando fue abatido por las balas que le disparó un solo agresor, Cavazos Ceballos se encontraba dialogando con el empresario y actual secretario estatal de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, quien resultó ileso y fue requerido para declarar.

Gutiérrez Villalobos confirmó que a la fecha no ha vuelto a ser citado por alguna autoridad judicial para declarar sobre el asesinato del ex gobernador, aunque se encuentra, dijo, en plena disposición de hacerlo cuantas veces sea necesario y cuando así lo dispongan las instancias competentes.

Expresó en entrevista que no teme por su vida luego de haber sido testigo del crimen y se desligó del hecho. “El accidente que le ocurrió a mi amigo Silverio Cavazos pudo haber sucedido en presencia de otras personas, pero en ese momento le tocó a su servidor, que se encontraba platicando con él y saludándolo; sin embargo, yo tengo que seguir trabajando, la vida sigue y tengo que seguir en mis tareas”.

El tiempo transcurre y a 120 días nada en concreto se sabe del avance de las investigaciones. Lo único cierto es una promesa, la intención del mandatario Anguiano Moreno de aclarar, pronto, el objetivo del crimen. En tanto, la PGR y el gobierno estatal analizan la información que será pública para no entorpecer las averiguaciones.

No obstante, en estos cuatro meses, las procuradurías federal y estatal también han caído en contradicciones. La fiscal Yolanda Verduzco Guzmán ha señalado en entrevistas que la PGR había atraído la investigación y que sería esa dependencia la encargada de dar a conocer los avances.

Esa información fue desmentida por el delegado estatal de la PGR, Jesús Julián Gudiño, quien aclaró que la instancia federal sólo participa como coadyuvante, ya que la responsabilidad de conducir las investigaciones era la procuraduría de Colima.

La falta de información continúa, los plazos para ofrecer resultados se alargan y las dudas sobre el homicidio crecen. A cuatro meses del crimen de Jesús Silverio Cavazos Ceballos, la lentitud en las investigaciones desespera.