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El diputado local de Morena, Diego Castañeda Aburto, presentó el miércoles 27 de noviembre una iniciativa para reformar la Constitución de Veracruz con el objetivo de modificar el proceso de designación, remoción y duración en el cargo del Fiscal General del Estado.
Actualmente, el periodo de gestión del Fiscal General es de nueve años, pero la propuesta busca reducirlo a cuatro años con la posibilidad de reelección tras una evaluación de desempeño. Castañeda Aburto también plantea cambios al procedimiento de designación y establece mecanismos para la remoción del titular de la Fiscalía por causas graves, según lo estipule la ley.
La iniciativa incluye devolver al titular del Poder Ejecutivo estatal una mayor participación en el proceso de selección, valoración y remoción del Fiscal General, en colaboración con el Congreso del Estado. Según la propuesta, la persona titular del Ejecutivo contará con cinco días naturales para emitir una opinión razonada sobre la idoneidad de la propuesta de ratificación del Fiscal. Asimismo, la posibilidad de remover al Fiscal quedará sujeta a la objeción del Congreso en un plazo de 10 días; si no se emite respuesta, se considerará aprobada.
Castañeda Aburto, identificado como cercano a la gobernadora electa Rocío Nahle García, ha sido mencionado como un posible sucesor de la actual Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns. De concretarse esta transición, su suplente, Esteban Ramírez Zepeta, asumiría su lugar como diputado local, lo que abriría la posibilidad de cambios estratégicos en la dirigencia estatal de Morena, justo cuando se aproximan las elecciones municipales.
Diego Castañeda es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Notarial. Su experiencia incluye diversos cargos, como Subsecretario de Gobierno Jurídico y de Asuntos Legislativos (2018-2021), Secretario Particular del Subsecretario General de Gobierno, Contralor Interno y Director Jurídico en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, entre otros.
Esta reforma, de ser aprobada, no solo reducirá el periodo del Fiscal General sino que también incrementará el control del Ejecutivo estatal en el proceso de nombramiento y remoción, lo que podría tener implicaciones significativas en el equilibrio de poderes en Veracruz.
