La Suprema Corte ordena crear un registro público de migrantes detenidos en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una sentencia que transformará el panorama migratorio en México. El máximo tribunal otorgó un amparo promovido por el Servicio Jesuita a Refugiados y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa, que obliga al Congreso a reformar la Ley de Migración para implementar un registro público de migrantes detenidos. Este registro deberá funcionar de manera similar al Registro Nacional de Detenciones, proporcionando información como la fecha, hora, lugar y autoridad responsable de cada detención, así como el destino de los migrantes dentro del sistema migratorio.

La decisión surge en un contexto de alarmante vulnerabilidad para los migrantes en México, quienes enfrentan extorsiones, violencia y detenciones arbitrarias. Durante 2024, se han registrado 925,000 detenciones de migrantes en tránsito por el país. Estas personas, muchas veces incomunicadas y sin acceso a defensa legal, quedan expuestas a violaciones graves de derechos humanos, incluida la desaparición forzada y tratos crueles o inhumanos.

Un fallo histórico ante una omisión legislativa

En 2019, la reforma al artículo 16 constitucional estableció el Registro Nacional de Detenciones como herramienta para prevenir abusos y garantizar los derechos de los detenidos. Sin embargo, de manera explícita, se excluyó a los migrantes del alcance de esta protección. A pesar de que la Ley Nacional del Registro de Detenciones ordenaba al Congreso crear un registro similar para migrantes, esta disposición nunca se cumplió.

Ante esta omisión, el Servicio Jesuita y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa impulsaron un amparo en 2022, argumentando que la falta de un registro violaba los derechos de los migrantes. Aunque un juez de distrito falló a favor, el Senado y la Cámara de Diputados apelaron, retrasando la resolución durante meses. Finalmente, en junio de 2024, el caso llegó a la Suprema Corte, donde el ministro Alberto Pérez Dayán presentó un proyecto que respaldaba la existencia de una “omisión legislativa” por parte del Congreso.

Con tres votos a favor y dos en contra, la segunda sala de la SCJN resolvió que el Congreso está obligado a reformar la Ley de Migración para implementar el registro. Según Luis Xavier Carrancá, abogado de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa, la creación de este registro es crucial para evitar detenciones prolongadas, garantizar el acceso a representación legal y combatir la corrupción y abusos dentro del sistema migratorio.

El camino hacia el cambio

Aunque la resolución representa un avance significativo, su implementación llevará tiempo. El proyecto deberá ser engrosado por la Corte, enviado al juez de distrito responsable del cumplimiento y, finalmente, se ordenará al Congreso la reforma de la ley. Carrancá estima que este proceso podría demorar hasta un año.

La sentencia llega en un momento crítico, cuando organizaciones de derechos humanos denuncian condiciones inhumanas en las estaciones migratorias administradas por el Instituto Nacional de Migración. Estas estaciones, que operan como cárceles de facto, han sido escenario de desapariciones, extorsiones y torturas. Según un informe del Servicio Jesuita, entre 2007 y 2021 se documentaron 1,280 desapariciones de migrantes, el 75% ocurridas en estos centros.

Con la orden de la SCJN, México da un paso importante hacia la transparencia y la protección de los derechos humanos en el ámbito migratorio, aunque los desafíos para su implementación y cumplimiento aún persisten.