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Comunicadores de medios comunitarios e indígenas, denunciaron censura y criminalización mediante la figura de “violencia política en razón de género” a través de procesos sancionadores del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), situación en la cual, aseguraron, se encuentran alrededor de 50 organizaciones, medios de comunicación y periodistas en Veracruz.
Consideran que esto podría ser una nueva forma de censura hacia los medios comunitarios y que puede generar un precedente negativo en contra de la libertad de expresión. “Preocupa el uso de la violencia política en razón de género como mecanismo de censura y criminalización contra medios comunitarios e indígenas.
Las organizaciones y medios de comunicación expresamos nuestra profunda preocupación ante el uso indebido de mecanismos electorales, diseñados originalmente para frenar abusos de poder de los partidos políticos como es la figura de violencia política en razón de género para censurar y criminalizar a organizaciones sociales y medios de comunicación indígena, comunitaria y afrodescendiente en nuestro ejercicio de la libre expresión”, comentó Gisela Hernández de la revista Canto de Cenzontles.
Refirió que es preocupante que esta figura por la cual las mujeres especialmente las comunicadoras indígenas, han luchado durante años está siendo desvirtuada y empleada para silenciar voces críticas y medios comunitarios. “Este uso distorsionado de la figura no canaliza una lucha legítima contra las violencias estructurales que enfrentan las mujeres en la política, sino que además se convierte en una nueva forma de censura institucionalizada.
De esta manera los órganos electorales en lugar de garantizar el debate democrático lo inhiben a través de procesos de sanción en contra de medios que desempeñan una función social fundamental, la de garantizar el derecho a la información desde los territorios, la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos”, dijo.
Expresó que tan solo en el estado de Veracruz son más de 50 organizaciones, medios de comunicación y periodistas que atraviesan por un proceso sancionador impuesto por el TEV, siendo criminalizados en el ejercicio de su labor de informar y en detrimento de su libertad de expresión. Además, señaló que la intervención de partidos políticos en el asedio comunicativo y en las denuncias arbitrarias, agrava aún más el riesgo para quienes sostienen la comunicación.
Hicieron un llamado al TEV y a las autoridades pertinentes a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, especialmente para los medios comunitarios e indígenas. Así como revisar con perspectiva de derechos humanos el uso de figuras y procedimientos que están siendo distorsionados para censurar a la ciudadanía. También piden que se reconozca el papel de los medios comunitarios e indígenas en la vida democrática del país y su derecho a existir y expresarse sin miedo.
“Hacemos un llamado a la sociedad, a las universidades, a los organismos internacionales y a los medios de comunicación para sumarse en la defensa de la palabra libre y colectiva. Y para detener las prácticas de censura que amenazan la pluralidad y la democracia en México”.
