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Durante la sesión del Congreso del Estado, la diputada Montserrat Ortega fijó su posicionamiento en contra del decreto relacionado con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), al señalar que, aunque el objetivo declarado es fortalecer a la institución, el mecanismo propuesto resulta incorrecto, contradictorio y preocupante.
Desde tribuna, la legisladora explicó que el decreto plantea que el Estado asuma el control directo de una universidad que ya operaba bajo un esquema mixto y en la que el propio gobierno tenía una participación relevante, pues nombraba al rector y destinaba recursos públicos suficientes para cubrir la nómina administrativa. Por ello, aclaró que no se trata de una institución abandonada ni fuera del control estatal.
La diputada recordó que existen múltiples señalamientos públicos de corrupción en el manejo anterior de los recursos y que la propia secretaria de Educación reconoció desde el pleno la existencia de estas irregularidades. Sin embargo, criticó que, pese a dicho reconocimiento, no se planteen denuncias ni sanciones, lo que, afirmó, confirma un patrón de impunidad dentro de la administración pública.
Uno de los puntos más graves del decreto, sostuvo, es que contraviene el principio constitucional de gratuidad de la educación pública, al permitir la permanencia de cuotas que incluso siguen siendo pagadas por los propios maestros. Señaló que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita y que este decreto rompe con ese mandato constitucional.
Asimismo, advirtió que más de cuatro mil maestras y maestros quedan en indefensión jurídica, ya que el decreto no establece con claridad su situación laboral, ni define si serán absorbidos por la nueva universidad, bajo qué régimen ni con qué garantías. Subrayó que cualquier transformación institucional debe prever de manera expresa la protección de los derechos laborales.
La legisladora señaló que se repite una práctica preocupante: transformar o desaparecer instituciones sin hacerse cargo de las personas que las integran, priorizando el control presupuestal sin considerar el impacto humano. Por estas razones, concluyó que el decreto no fortalece la educación pública, no combate la corrupción, genera incertidumbre laboral y contradice la gratuidad constitucional, por lo que anunció su voto en contra.
