+ Detenidos revelaron que se efectuó una reunión física entre líderes para definir los actos a realizarse el 1 de diciembre
Nacionales
REFORMA.COM - 2012-12-04
Los actos vandálicos que tuvieron lugar el sábado tras la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto fueron planeados con dos semanas de antelación, revelan investigaciones de la Procuraduría del DF.
Algunas de las personas que fueron detenidas por los disturbios aseguraron en sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público que hubo una reunión física entre algunos de los líderes para definir los actos que habrían de llevarse a cabo el 1 de diciembre.
Tras este primer encuentro, que tuvo lugar en la Delegación Cuauhtémoc, los detalles fueron afinados a través de diferentes redes sociales para evitar que sus planes fueran descubiertos.
"Algunos detenidos señalaron que fueron convocados por Facebook, aunque no quisieron delatar quiénes los convocaron", indicó una fuente de la PGJDF cercana a las investigaciones.
Ayer, la dependencia informó de la consignación de 69 personas acusadas de ataques a la paz pública en pandilla, lo que se castiga con una pena de 5 a 30 años de prisión sin libertad bajo fianza.
De los acusados, 58 hombres fueron remitidos al Reclusorio Norte y 11 mujeres al Centro Femenil de Santa Martha Acatitla. Además, 16 obtuvieron su libertad bajo reservas de ley.
De los 12 menores que fueron detenidos, 10 fueron entregados a su padres y 2 canalizados al Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas de la PGJDF.
Según la averiguación previa ACI/T2/322/12-12 y otras siete acumuladas, la PGJDF imputó la responsabilidad a los detenidos basándose en declaraciones de policías a quienes golpearon o agredieron.
También cuentan con el testimonial de un empleado de seguridad de un hotel dañado y el de un trabajador de un restaurante afectado.
El artículo 362 del Código Penal del DF considera que incurre en esa conducta delictiva quien: "mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del GDF, o presionen a la autoridad para que tome una determinación".
Armando Barrera, abogado de la Asociación Civil Cauce Ciudadano y defensor de algunos de los detenidos, criticó el uso de esta figura por considerarla similar a la de terrorismo, como se prevé en el Código Penal de Baja California.
Por otra parte, el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, informó que la PGJDF investiga las motivaciones que originaron los ataques.
REFORMA publicó ayer que integrantes de grupos radicales recibieron 300 pesos por causar disturbios y que, de acuerdo con informes policiales, los cuerpos de seguridad ya estaban enterados de que habría protestas de ese tipo.
Al ser cuestionado al respecto, Ebrard se limitó a responder: "Ay, por favor".
