GUERRERO: Asesinato de Chavarría Barrera no ocurrió jurídicamente: PGJ de Guerrero

Ante el pleno del Congreso local, el titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Alberto López Rosas sostuvo que para dicha instancia, el asesinato de Armando Chavarría Barrera no ocurrió jurídicamente, al no existir documento certificado que lo compruebe.

En atención a la petición que la jornada del martes hizo el Poder Legislativo de Guerrero, López Rosas acudió ante el pleno para hablar sobre el estado que guarda la averiguación previa BRA/SC/02/1751/2009, iniciada a partir del asesinato perpetrado en contra del Chavarría Barrera.

Dicha indagatoria, señaló que estuvo a cargo del fiscal regional para delitos graves, Jesús Miranda Rodríguez, quien renunció a dicho cargo el 1 de marzo del presente año.

La indagatoria pasó por las manos de los ex procuradores; Eduardo Murueta Urrutia, Albertico Guinto Sierra (encargado de despacho) y posteriormente David Augusto Sotelo Rosas.

Dijo que “según se tiene conocimiento de manera extraoficial”, el 4 de junio de 2010, la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció la facultad de atracción con el propósito de avocarse a la investigación del homicidio, para en su caso, ejercitar la acción ante la autoridad judicial competente.

Indicó, que la PGJ en el gobierno anterior, hizo público el hecho de que la PGJ mantenía un desglose por triplicado de todas las actuaciones practicadas hasta ese momento, para poder coadyuvar con la fiscalía federal en la investigación.

Ante los diputados, dijo que acudió bajo protesta de decir verdad para poder dar certeza jurídica y alejar su informe de toda pretensión política o persecutora, que podría atentar contra la credibilidad de la PGJ.

Pero reiteró que estaba en la sala de plenos afirmando categóricamente la inexistencia de cualquier antecedente en la institución respecto al homicidio de quien fue presidente del Congreso local.

Indicó: “Es decir, hasta este momento para la institución que represento el homicidio del diputado Armando Chavarría Barrera no ocurrió jurídicamente”.

Agregó que el supuesto de que la PGR hubiese ejercitado la facultad de atracción, no justifica que los antecedentes hayan desaparecidos, puesto que el efecto jurídico se traduce en la imposibilidad de coadyuvancia, ya que al no existir el desglose, no existen las condiciones para actuar o practicar diligencias que aporten a la autoridad atrayente.

Agregó: “Lo más grave es que al no existir el acuse de recibo del envío de la indagatoria, se desconoce su contenido y lo que fue entregado en su caso a la PGR”.

Recordó que horas antes de que terminara el gobierno anterior, el ex procurador David Sotelo Rosas dio a conocer que a su llegada a la fiscalía, se habían practicado más de cuatrocientas diligencias contenidas en dos mil quinientas doce fojas de cinco tomos y la recepción de la declaración ministerial de ciento cuarenta y siete personas, practicados treinta y dos dictámenes periciales y veintidós informes de investigación de la policía ministerial, lo que implica que tuvo a la vista el expediente.

Antes de terminar su presentación ante los diputados, López Rosas destacó: “En esta procuraduría no podemos admitir la manipulación ni la simulación, el no informar a la opinión pública por nuestra parte, ni a las diversas instancias de gobierno sería incurrir en indolencia y hacer del silencio complicidad”.