El Pitufo, otro soplón a sueldo

Salvador Puga Quintanilla era un criminal menor de Tamaulipas cuando, luego de un pleito con El Rojo, un narcotraficante del Cártel del Golfo, que supuestamente era su mentor, salió huyendo del estado buscando nuevos nichos para sus actividades criminales.

El 5 de septiembre de 2008, Luis Hernández Gálvez se presentó en la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR para denunciar el secuestro de su padre, Luis Hernández Gutiérrez (75 años), el 4 de septiembre de 2008.

A los pocos días, el 12 de septiembre, la familia pagó 293 mil pesos de los 3 millones de rescate que sus captores exigían. Pese al pago, los secuestradores siguieron exigiendo los 3 millones de pesos.

El 20 de septiembre, en un descuido de sus captores, el secuestrado logró escapar y solicitó el apoyo de policías de Tepotzotlán, Estado de México. Los agentes fueron a la casa de seguridad donde Hernández había permanecido y aprehendieron a José Salvador Puga Quintanilla, quien entonces usaba el apodo de El Gordo, y a Javier Eduardo Barrón El Arqui. La víctima los reconoció plenamente como sus plagiarios.

En el operativo fueron aseguradas dos pistolas y 464 gramos de goma de opio. Y el 21 de septiembre de 2008, la averiguación previa Tol/SPILDO/085/2008, abierta por el delito de secuestro, fue turnada a la Unidad Especializada de Investigación de Secuestros de la SIEDO. El Gordo y El Arqui fueron puestos a disposición de esta subprocuraduría, entonces encabezada por Marisela Morales, y quedaron retenidos en un centro de arraigo.

Puga Quintanilla ya tenía un largo historial criminal. Existía la averiguación previa abierta en Tamaulipas AP/PGR/TAMPAS/CV-VFFAFE/2402/2007 por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la que El Gordo aparece como inculpado.

Teniéndolo a la mano, la PGR lo usó para incriminar a Javier Herrera Valles, coordinador regional de la Policía Federal (PF), quien llevaba todo el año de 2008 documentando y denunciando las irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuyo titular era Genaro García Luna.

El 29 de octubre de 2008, Puga Quintanilla se presentó a declarar ante la SIEDO y señaló que había trabajado durante cuatro años para el Cártel del Golfo, que le constaban diferentes hechos delictivos de esta organización, que su deseo era declarar todo lo que conocía y colaborar con la PGR, siempre que se le integrara al sistema de testigos protegidos.

Ese mismo día la PGR formuló el acuerdo de derechos de testigo colaborador y El Gordo fue bautizado con la clave Pitufo; se le otorgaron entonces los beneficios del artículo 35 fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Legalmente, Puga Quintanilla ni siquiera podía acogerse al programa de testigos colaboradores porque la ley marca que este beneficio no puede concederse a la persona que tenga abierta una averiguación previa en su contra. Pitufo tenía dos.

Ese mismo 29 de octubre, Puga Quintanilla comenzó a contar sus historias. Declaró falsamente contra Arturo Herrera Valles, hermano del coordinador Javier, lo que provocó su inmediata aprehensión.

Como si fuera un pago por sus declaraciones, el 30 de octubre de 2008 Pitufo fue liberado del arraigo.

La suerte de su cómplice, El Arqui, fue muy distinta. El 31 de octubre se le dictó auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud.

Caso fabricado

El caso contra Javier Herrera Valles se fue gestando dentro de la SIEDO. El 21 de octubre de 2008, Víctor Hugo Martínez Rocha, un presunto falsificador de credenciales de la Policía Federal, declaró ante el Ministerio Público que supuestamente Marco Tamil Martínez Méndez, alias Román o El Patrón, le había pedido, por órdenes de Javier Herrera Valles, que reclutara gente para una unidad antisecuestro que trabajaría en la PF.

La imputación de Martínez Rocha era fácilmente refutable. Así que la PGR recurrió al Pitufo. El 13 de noviembre de 2008 éste cumplió su papel y declaró falsamente en contra de Javier Herrera Valles. Dijo que apoyaba las actividades delictivas del Cártel del Golfo. Ese mismo mes, Javier Herrera Valles fue detenido.

Este semanario tuvo acceso a personas que convivieron con Puga Quintanilla durante el sexenio pasado. Afirman que la PGR, además de una compensación mensual, le pagaba una residencia en la colonia Echegaray, en Naucalpan, Estado de México, y que eran frecuentes los escándalos que el Pitufo protagonizaba en esa colonia de clase media alta: le pegaba a su esposa.

Pitufo andaba armado, según fuentes vinculadas con el caso, y supuestamente presumió que Julio Patesi, entonces fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SIEDO, le había ofrecido 17 mil pesos para que en sus declaraciones contra Javier Herrera Valles se dijera “testigo presencial”, en vez de “testigo de oídas”.

Cuando en 2010 Javier Herrera Valles tuvo la posibilidad de ganar un amparo y obtener su libertad al desvirtuar las declaraciones del falsificador Víctor Hugo Martínez y del Pitufo, la PGR presentó, de entre su colección de testigos colaboradores a modo, a Jennifer, para que declarara en su contra.

En diciembre de 2011, el Juzgado Segundo de Distrito en Tepic condenó a Herrera Valles a 10 años de prisión. Él continuó con su defensa hasta que, en septiembre de 2012, el magistrado del Segundo Tribunal Unitario Penal de Nayarit, Fernando Omar Garrido Espinosa, echó abajo esa condena y juzgó infundadas las acusaciones, por lo que ordenó la inmediata libertad de Herrera Valles. Su hermano Arturo ya había sido absuelto meses antes.

Desde que fue puesto en libertad, Javier Herrera Valles propuso a la Cámara de Diputados, a la PGR y al Poder Judicial de la Federación crear una comisión de la verdad para conocer a fondo el mal manejo de los testigos colaboradores en el sexenio de Felipe Calderón.