Visas y bardas

El pleno del Senado de Estados Unidos aprobó la incorporación de una enmienda, proveniente de un grupo republicano, al proyecto de reforma migratoria que se está discutiendo. El objetivo de la enmienda es “hacer más segura la frontera con México” incrementando a 41 mil los agentes de la Patrulla Fronteriza (el doble de lo que hay ahora), construyendo 700 millas más del muro, aumentando el número de aviones no tripulados que detectan a quienes intentan cruzar, así como otros medios tecnológicos diseñados con el mismo fin. En resumen, pretende asegurar que, colocados en la senda de la legalización quienes se encuentren adentro, ningún otro migrante pueda ingresar a la Unión Americana por la frontera con México sin documentos. El proyecto prevé para ello un presupuesto de 30 mil millones de dólares.

El contenido de la enmienda ha sido sintetizado en los titulares de numerosos medios de comunicación como el propósito de “amurallar” a Estados Unidos frente a México. Para los demócratas fue el precio inevitable a pagar para lograr los votos republicanos que permitirán aprobar la reforma; para el Consejo de la Raza, la poderosa organizaciòn de mexicanos en Estados Unidos, es un mal necesario; para respetados comentaristas, como Jorge Ramos, es una medida indignante que sólo se concibe entre Estados enemigos (Reforma 23/06); para el senador McCain en CNN, tratando de calmar los ánimos de sectores extremos de su partido, “será la frontera más militarizada desde el Muro de Berlín”.

El gobierno mexicano se vio obligado a salir del silencio incomprensible que decidió asumir ante el debate sobre la reforma migratoria y declaró en contra del levantamiento de muros, que no solucionan el problema de la migración y entorpecen el comercio, recordando que se trata de una frontera por la que circulan millones de gentes y mercancías cada minuto. Tal es, en efecto, el aspecto más paradójico del “amurallamiento”: ocurre en el caso de dos países que mantienen uno de los niveles de intercambio comercial más intensos del mundo.

La mencionada enmienda no asegura que la reforma migratoria será aprobada en la Cámara de Representantes. Los augurios allí no son tan prometedores, a pesar de la concesión ya dada a los republicanos. Sin embargo, el haber aprobado tal enmienda coloca una sombra negativa sobre las relaciones México-Estados Unidos. Recuerda hasta dónde ambos países están distanciados cuando se trata de enfrentar problemas que sólo se pueden resolver conjuntamente.

Tres puntos nos hablan de ese alejamiento: el primero, el unilateralismo. En el caso de países amigos con fuertes lazos económicos, los problemas fronterizos no se deciden sin dialogar. Si para los republicanos la seguridad en la frontera, de la manera que ellos la entienden, es tan importante, el primer paso es hablar con quienes habitan del otro lado; lo mismo puede decirse de los demócratas deseosos de conciliar. Cualquier medida que afecte la estabilidad de la zona fronteriza es asunto bilateral. Depende de la voluntad y habilidad política de unos y otros definir los mejores caminos para el diálogo y la cooperación.

El razonamiento anterior lleva al siguiente problema: la debilidad o inexistencia de agencias gubernamentales de México y Estados Unidos que trabajen coordinadamente. Cierto que las hay, para tratar problemas específicos como límites y aguas, o en cruces fronterizos bien delimitados, como ocurre en el de San Diego-Tijuana. Pero lo que se requiere es mucho más. De la parte mexicana se requiere una coordinación para el control de toda la frontera, incluidos, desde luego, los cruces de trabajadores migrantes. Que México y Estados Unidos no hayan podido trabajar conjuntamente en algo tan central para ambos como regular los flujos migratorios determinados por las necesidades de sus mercados laborales es signo de un retraso fundamental en la construcción de una buena vecindad.

Un tercer aspecto que obliga a la reflexión es la futilidad de los términos “responsabilidad compartida” que con tanta frecuencia utilizan recientemente los dirigentes políticos de México y Estados Unidos. ¿Cuál es la reponsabilidad del gobierno mexicano en el caso de los trabajadores migrantes? ¿Cómo pueden los dos países cambiar la narrativa sobre los trabajadores migrantes para convertirla de un problema de persecución de delincuentes a uno de cooperación positiva para ambos?

La respuesta a tales preguntas no se encuentra en una enmienda que no invita a cooperar entre dos países, sino a exacerbar los resentimientos entre ellos. Tampoco se encuentra en el silencio de un gobierno que ha dado validez a la tesis errónea según la cual las decisiones sobre movimientos migratorios son asuntos de jurisdicción exclusivamente interna.

La reforma migratoria en Estados Unidos es un proceso que apenas comienza; es posible, no seguro, que la iniciativa de ley se apruebe. Dar estatus legal a millones que se encuentran en la sombra ya sería un gran adelanto. Pero depende de cómo, a cuántos, con qué condiciones. También falta la otra mitad del problema: lo que se determine para el futuro. El contenido en materia de visas que se otorgarán es tan importante como a quiénes se va a legalizar. El gobierno mexicano tiene que insistir sobre lo inapropiado de las bardas y sobre la urgencia de una política de visas que responda a varias realidades: las necesidades de mano de obra poco calificada pero altamente eficiente para trabajos agrícolas o servicios en Estados Unidos, las nuevas tendencias de la migración que se expresan en la ida de profesonistas mexicanos altamenten calificados, las realidades demográficas en México. Se trata de quitar el énfasis en las bardas y ponerlo en las visas dentro de un marco de verdadera responsabilidad compartida. No es tarde para cambiar el enfoque.