En México, la ocupación de maestro es la única actividad que exige que el gobierno le garantice una plaza. Y, como algunas normales son del gobierno, pues éste se ve obligado a conceder esa “garantía”. Los egresados de normales particulares, sí tienen suerte logran una de esas plazas en la Secretaría de Educación de la Federación o de los Estados, pero si no la obtienen, sólo les queda trabajar en escuelas particulares o poner la propia.
Independientemente de cualquier trabajador, el de profesor de gobierno tiene acceso a un aguinaldo que rebasa en mucho a lo que marca la Ley Federal de Trabajo: 50 días, cuando la ley marca quince.
Los maestros disfrutan de por lo menos tres meses de vacaciones. Quince días en Semana Santa, dos meses en verano y 15 días en invierno, que coincide con la Navidad y el Año Nuevo. Nadie más disfruta de esos periodos vacacionales.
También los maestros tienen otros privilegios que el patrón, llámese Federación o Estado, le han concedido, como pagos quinquenales, premios de esto o de lo otro y otros etcéteras.
Nadie discute que si esos privilegios les han sido otorgados, lo merecían o los merecen y tampoco, que lo sigan disfrutando.
Lo que sí, no nos parece es que primero recurran a la violencia y después a la aplicación de la ley.
Vamos por parte.
Tiene tiempo que el gobierno federal venía anunciando las reformas a la educación y no se preocuparon por intercambiar opiniones con el gobierno para moderar, modificar o anular las propuestas de la Federación.
Ya cuando los proyectos estaban en las Cámaras es cuando los sindicatos empezaron a inquietarse y levantar la voz.
Recurrieron en primera instancia a los paros, al bloqueo de calles y carreteras, “liberación” de casetas de cobro en autopistas y otras acciones que han desembocado en inconvenientes para la ciudadanía, que nada tiene que ver con las demandas laborables de los maestros.
Y no me digan que una manifestación es “pacífica”, cuando están violando un derecho de terceros, están impidiendo el libre tránsito, están impidiendo el ejercicio libre del comercio o de cualquier otra actividad y están atentando contra la integridad personal o física de personas que transita por donde ellos se manifiestan. Y que tampoco nos digan que es “pacífica” cuando se destruyen bienes de particulares o del gobierno, como son las vías de comunicación.
Me pregunto, que si la Ley es, presumiblemente, la que los afecta, porque no utilizar los recursos que la ley les da, para combatirla.
Tienen, legalmente, recursos como el emplazamiento a huelga, el paro y la misma huelga, además de los juicios de amparo, para proteger sus derechos o privilegios. Pero no, se han ido al ámbito público de calles, plazas y carreteras para hacerse oír.
Lo que hemos vivido
Por un lado, los interesados inconformes, en este caso “la” CNTE, porque la otra es “el” SNTE, argumenta que todo cambiará en la educación pública: que los padres pagarán cuotas, que la conservación de las escuelas les costará los padres, que los maestros serán despedidos, que sus derechos serán anulados, etc.
Sin embargo, la Secretaría de Educación, diríamos el gobierno federal, poco divulga los alcances de las reformas y sus leyes secundarias, y por lo poco que han filtrado, sus argumentos son totalmente contrarios a los de los inconformes.
En la página siete de esta edición publicamos los artículos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, de la Ley de Educación. Bueno, por lo menos eso dice el encabezado de la hoja, donde podemos discernir, el abismo que existe en las afirmaciones de parte y parte:
Trasciende sin embargo, el hecho de que tanto los inconformes como el gobierno, “ahí se la llevan”, sin importarles ni la educación ni mucho menos el destino de la misma, que son los niños. Ya no digamos, la Patria, a la que dicen servir.
Y como, los “negociadores” de ambas partes no tienen palabra de honor, después de que “acuerdan”, salen de las reuniones para decir que “dice mi mamá que siempre no”, negando todo lo que hablaron, discutieron y acordaron.
Y como ya, esa situación de cansarse y cansarlos ya los aburrió, “ahí se la llevan” para solucionar el problema y empiezan a salir “sus trapitos al sol”, para restarle méritos, cualidades y honor al contrincante.
No hay congruencia en la posición de los inconformes, cuando trasciende que exigen 115 millones de pesos para “deponer las armas” y retirarse a sus estados, además de que se les libere a algunos miembros de su organización magisterial, incluidos “connotados” secuestradores de Oaxaca.
El gobierno por su parte, ha dicho y así lo han entendido los “protestantes”, que no hay marcha atrás y la ley no se modifica, punto.
Entonces uno se pregunta: ¿Qué pelean ahora? ¿Por qué la actitud de seguir creando inconvenientes a los pobladores del DF y de algunos Estados de la República?
Y el gobierno de la república, después de tantos inconvenientes en los que se han causado perjuicios económicos y algunos delitos, permanece pasivo, expectante, como si no fuera su responsabilidad mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, además del libre tránsito y del libre comercio para todos.
Los diputados del Distrito Federal, se cuidaron de modificar las leyes que rigen en esa jurisdicción para que los delitos cometidos por manifestantes, tengan “penas a modo”, de tal manera que no sean graves, donde se pueda pagar la fianza y salir rápidamente de la situación, porque se deduce que son “instrumentos” políticos que el poder utiliza en su beneficio.
Se ha cuidado, sí, el Estado, en tener de testigos a la Comisión de los Derechos Humanos en los desalojos, para garantizar los derechos humanos de los “anarquistas”, pero no de los ciudadanos.
Habría que crear un organismo autónomo para vigilar a la Comisión de los Derechos Humanos y al gobierno, para que protejan al ciudadano, al comerciante, al agredido, al vulnerado y al ofendido, para que la función de los “observadores” sea pareja.
Los padres de familia, apenas empiezan a reaccionar y a organizarse.
La gente ya se cansó y reclama orden, tranquilidad y seguridad.
Ya es tiempo de tratar a los manifestantes con la misma consideración que ellos tienen con la población.
El último recurso
Nosotros, simples mortales, insistimos, sin ser iluminados, no entendemos nada. Lo que sí entendemos que nuestro país está inmerso en un problema que nos está afectando por igual, porque las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo en la repartición del botín nacional de los privilegios de clase.
Aparentemente, el Pacto por México, encabezado originalmente por un perredista, llevaba el sello de ese partido como proyecto y obra, en bien del país. Ya no está a la cabeza el perredista del Pacto por México y como pretende, “agarrar fuerza”, están sucediendo estos fenómenos sociales.
Pero no nada más juega el PRD en este perverso juego político, también el PAN, que ya tuvo su oportunidad de “desgobernar” el país, también pone la zancadilla, suelta los codazos y pellizcos, para que los tomen en cuenta a la hora del reparto de los privilegios.
La pregunta que todos nos hacemos: ¿Quién paga todo ese movimiento?
Lo de menos es decir que Fulano o Zutano. Lo que es evidente es que todos “ponen su granito de arena”, para mantener en etapa de crisis este asunto que parece haber rebasado el más elemental ejercicio del poder.
Y dos preguntas más:
+ ¿Qué caso tiene haber promulgado esta ley y las secundarias, cuando el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ordenó “promover” de grado a los estudiantes de todas las escuelas? En este caso, no hace falta ni siquiera tener maestros preparados y graduados. Con ese criterio, sólo que asistan los estudiantes a las escuelas, es suficiente.
+ ¿Por qué los maestros a los que no les gusta la nueva ley ni su patrón, toman la iniciativa de renunciar? Así, renunciando, ya estarían conformes y en libertad de buscar mejores condiciones y mejor ambiente laboral.
