SEFIPLAN no transfirió recursos federales a Juegos Centroamericanos en 2012

El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, aseguró que los resultados de la fiscalización 2012 a las funciones de desarrollo social revelan que los recursos erogados no mejoran las condiciones de vida de la ciudadanía en condiciones de marginación.

Durante la segunda mesa de análisis de la Cuenta Pública 2012, que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Evaluación y Control (UEC) y la Comisión de Vigilancia de la ASF, Portal Martínez dijo que es necesario elevar la calidad de la educación; lograr la cobertura universal en salud; fortalecer el apoyo alimentario para disminuir la pobreza; revisar la situación de vivienda y evaluar la afectación al medio ambiente.

Señaló que el Gobierno federal dedica una parte sustancial de su presupuesto a la promoción de programas y políticas a favor de una disminución de la brecha existente entre los distintos sectores que componen la sociedad, "sin embargo los datos indican que dichos recursos no tienen un efecto multiplicador que permita modificar sustancialmente las condiciones de vida de los beneficiarios de este esfuerzo social".

Juan Manuel Portal Martínez indicó que se siguen encontrando prácticas de ineficiencia que perjudican a la población receptora, lo que resulta absurdo, puesto que no se trata de una carencia de recursos, sino de una deficiente administración de los mismos, la que permite que se "perpetúe" el ciclo de la pobreza.

El titular de la ASF detalló que en 2012, de los 5.8 millones de familias beneficiadas del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), a un millón se le recertificó su situación socioeconómica. Añadió que los resultados mostraron que el 82.3 por ciento de las familias no lograron superar su condición de pobreza, por lo que continuarán en el programa.

En salud, expuso que en 2012 se avanzó en la cobertura, pero es conveniente ampliar las acciones del primer nivel, ya que de los cinco subsistemas que integran el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el de la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública, sólo 5 de los 31 estados contaron con el marco analítico básico para diagnosticar los 27 padecimientos epidemiológicos prioritarios.

Resaltó que en ese año, carecían del servicio de cobertura universal en salud 7.1 millones de personas y las 341 enfermedades cubiertas por el Seguro Popular significaron el 2.4 por ciento de los padecimientos existentes en el país, que sí cubren al cien por ciento el ISSSTE y el IMSS, y en 59 por ciento, Pemex.

El padrón nacional de beneficiarios del Seguro Popular, mencionó, registró en 2012 un índice de colisión de 14.8 por ciento, ya que 7 millones de beneficiarios se encontraban registrados en los padrones de otras instituciones de seguridad social.

Precisó que en el rubro de prestaciones sociales, la ASF observó que SuperISSSTE no realizó la conciliación y depuración de sus cuentas por cobrar y de proveedores, lo que originó que los saldos presentados en la Cuenta Pública 2012 no reflejaran derechos y obligaciones reales de cobro y pago.

Respecto al gasto social en educación, indicó que los resultados obtenidos aún no reflejan el cambio estructural que se requiere para abatir las diferencias en cuanto a la calidad de los servicios y, por lo mismo, preparar adecuadamente a los alumnos independientemente del nivel que cursen.

Subrayó que hasta 2012, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no contaba con un diagnóstico nacional que le permitiera conocer las competencias profesionales de los 1.1 millones de figuras educativas, a fin de determinar las necesidades de formación y superación profesional.

Respecto a la infraestructura educativa, destacó que la SEP no demostró el cumplimiento de las metas del Programa Habilidades Digitales para Todos, de equipar 301 mil 593 aulas de medios para primarias y secundarias generales y técnicas, así como dotar a 65 mil 420 salones de telesecundaria con Tecnologías de Información y Comunicación y materiales educativos, y a otros 155 mil con conectividad.

Respecto a vivienda, precisó que en el periodo 2001-2012, el Gobierno federal otorgó un total de 11.5 millones de financiamientos, con lo cual superó en 9.5 por ciento la meta prevista. De esa cifra, el 76.9 por ciento se destinó a la adquisición de vivienda y el 23.1 por ciento al mejoramiento o ampliación.

Subrayó que a 2010, el déficit habitacional se incrementó en 12.8 por ciento al pasar de 12.9 millones de viviendas en 2000 a 14.6 millones en 2010, mientras que el parque habitacional se ubicó en 35.6 millones, de las cuales 28.6 estaban habitadas y 7 disponibles para su uso, lo que detonó una paradoja ante la existencia de 2.8 millones de hogares que requerían de adquisición o reposición.

El titular de la ASF resaltó que los resultados en la materia obligan a revisar la política pública, pues resulta contradictorio que en el país exista un parque habitacional desocupado de 7 millones 10 mil 156 viviendas mientras que 2 millones 759 mil 738 hogares carecen de ella.

En cuanto al patrimonio cultural, expresó que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) no acreditó el número de bienes muebles e inmuebles con valor cultural de propiedad federal identificados ni inventariados a 2012, por lo que se desconoce el número de bienes que deben ser protegidos, conservados y restaurados.

Respecto al apoyo a la práctica de los deportes, expuso que se encontraron resultados poco favorables. En 2012, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) transfirió 163.3 millones de pesos al gobierno de Veracruz para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2014, pero al cierre de la auditoría (julio 2013) la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz no los había transferido.

Además, las reglas de operación del Programa Deporte, a cargo de la Conade, no son claras ni precisas para garantizar el seguimiento estricto y la adecuada comprobación de los recursos transferidos a las entidades federativas, federaciones deportivas y asociaciones civiles.

En 2012, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente evaluó el impacto ocasionado por 92 obras o actividades que no disponían de autorización correspondiente, sin que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dictaminara sobre las acciones de restauración y compensación al medio ambiente que debían realizarse, situación que no permitió contribuir a reducir los desequilibrios ecológicos que generaron estas obras.
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