+Sanción de uno a seis años de prisión y multa de 500 días de salario mínimo para quienes no informen u oculten sus actividades a la Procuraduría de Justicia del Estado
Congreso
COMUNICADO - 2014-06-05
La aprobación de la Iniciativa enviada por el Gobernador a la LXIII Legislatura del Estado permitiría la verificación, peritaje y aseguramiento de bienes, instrumentos y objetos –producto de acciones delictivas– en poder de las casas de empeño, afirmó la presidenta de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local, diputada Marcela Aguilera Landeta.
Recordó que otorgar permisos para la instalación de esos negocios es de competencia federal, pero el estado puede regular su operación porque, en caso de fraude, generan un problema similar a los ocasionados por las cajas de ahorro en perjuicio de la población.
“Como Subprocuradora –explicó– atendí varios casos de ese tipo, y aunque mandaban el oficio que determinaba que ahí estaban las cosas robadas, la caja se justificaba diciendo que no podía devolverlas si no existía la resolución de un Juez que determinara que eran objetos hurtados”.
Dijo que en estos casos se dificulta mucho reparar el daño a la víctima: “Aunque se logre detener al delincuente que robó y empeñó los objetos, es difícil reintegrarle sus pertenencias.
“Basta recorrer cualquier municipio para ver que de un día para otro aparecen muchos negocios de este tipo, pero así como abren, desaparecen, provocando que muchas personas pierdan sus bienes”, agregó.
De acuerdo con Marcela Aguilera, también existen quejas y denuncias en contra de algunas casas de empeño por los altos cobros de intereses que aplican, o porque en ciertos casos reciben objetos robados.
Explicó que la Iniciativa, turnada a comisiones, busca que se aseguren los objetos robados y contempla sanciones de uno a seis años de prisión y multa de hasta 500 días de salario mínimo para gerentes, directivos o representante legales de casas de empeño, y otros, que omitan rendir un informe mensual de los actos o acciones que realizan ante la Procuraduría de Justicia del Estado, así como para quienes oculten la verdad de todo o en parte.
Actualmente –agregó–, si el Ministerio Público determina que hay artículos robados no puede solicitar que se inmovilicen o devuelvan, pues los responsables de esos establecimientos buscan cualquier vacío legal para evadir la ley.