Regularían participación público-privada en desarrollo de infraestructura
+A través de la iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado, el gobernador propone dotar de certeza jurídica estos hechos
Congreso
COMUNICADO - 2014-09-25
Para brindar certeza jurídica de la participación del capital privado en las obras y la prestación de servicios públicos que originalmente atiende gobierno, el Congreso de Veracruz dio entrada a la iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado, enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Durante la Quinta Sesión Ordinaria, del Segundo Receso, la Diputación Permanente turnó a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado esta propuesta, que consta de cuatro capítulos y 138 artículos, mediante la cual se establecen los lineamientos de cómo la iniciativa privada pueda participar en el desarrollo y operación de infraestructura.
Este nuevo marco legal podrá aplicarse en las obras y servicios prestados por el gobierno como construcción y operación de carreteras y puentes, de sistemas de transporte masivo y de sistemas de agua potable y saneamiento, así como la construcción y administración de puertos y aeropuertos y de la infraestructura para la generación de energía eléctrica o para el desarrollo urbano.
Además, brinda la oportunidad de que cualquier empresa o profesionista proponga proyectos de infraestructura con participación de capital privado y sin estar sujeto a las condiciones impuestas por la legislación en materia de obra pública, que regula el gasto gubernamental aplicado a las obras.
Este ordenamiento busca incentivar financieramente al sector privado en la investigación, por lo que la competitividad obligará a las empresas a invertir más en ello, con la certeza de que sus esfuerzos serán retribuidos.
Los esquemas de coparticipación público-privado y de concesiones han sido exitosos en el mundo. Desde 2007, Veracruz cuenta con una Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios; sin embargo la complejidad de este tipo de asociaciones requiere ampliar el marco actual y dar certeza jurídica ante los nuevos esquemas de asociación público-privada.