Arrieros somos: ¿MÁS VALE AQUÍ CORRIÓ QUE…?

Los lamentables hechos ocurridos el pasado jueves 4 de diciembre del presente año en Tatahuicpan –“El abuelo que viene del río”– han puesto a la vista de la población interesantísimos aspectos de la función pública.
Primero, que el “chocholeo político” que desde siempre han hecho las autoridades de la figura de los campesinos se les revirtió y ahora se están pagando las consecuencias.
Segundo, los únicos presidentes municipales que asistieron a la asamblea con los ejidatarios de Tatahuicapan fueron el de Coatzacoalcos y el de Minatitlán, respectivamente, Joaquín Caballero Rosiñol y José Luis Sáenz Soto.
Tercero, el que de plano dijo “aquí corrió y no aquí quedó” fue Ponciano Vázquez Parissi, quien pensando en la candidatura de su hermanito no quiso “parecer” enfrentado con los votantes del distrito donde posiblemente Cirilo pretende ser diputado federal y según trascendió se disculpó porque tenía “un problema grave en el área rural de su municipio”. En mi pueblo le llaman “correlón” de manera amable para no decirle otra palabra.
Claro que Joaquín y José Luis salieron “por piernas” ante la alteración notoria y violenta de un grupo de gentes, que creen que los gritos, los insultos, los jaloneos, empujones y la agresión son el mejor argumento para solucionar los problemas, además del anonimato de su acción en bola, es decir, de montoneros.
Quienes hicieron escarnio de la situación que vivió José Luis Utrera, no piensan que sólo recibe órdenes y que él, con toda la experiencia que tiene en esos asuntos, no puede negociar una solución sin la autorización y orden de los de arriba. Y sí después de su “cautiverio” como se ha descrito, tuvo tiempo y oportunidad de ofrecerles una universidad a la gente de Tatahuicpan, es porque así tenía la consigna y no lo haría motu proprio.
Y, lo que más lastima, es que ninguno de los airados reclamantes tiene que ver con la creación o la existencia del agua, que viene corriendo por nuestros –porque es de todos– arroyos y ríos desde hace cientos de años y que, ahora, orondamente, reclaman como de su propiedad.
Lo lamentable es que el cierre de la presa Yuribia no beneficia en nada a los pobladores de Tatahuicapan, porque no tienen un sistema de agua potable en el pueblo que se abastezca de ese caudal. Los pocos beneficiados son los campesinos y ganaderos que están a la vera de los caudales, sin que se conozca sistemas de riego que los beneficie.
¿A dónde van a meter, almacenar o desviar el agua que ya no enviarán a las redes de agua de los municipios señalados? Lógico, correrá libremente por arroyos y ríos.
¿Qué utilidad tiene el cierre de la presa?
¿Si la destruyen, creen que van a poder contener el agua que circulará libremente por los caudales?
¿Si destruyen la presa, cuál es el valor de negociación que tendrán?
La existencia de intereses políticos –se habla de manipulación electoral– que afloraron en este conflicto no son nuevos, pero son hechos que lastiman a toda la zona sur de Veracruz.
Quienes deciden, no están viendo que las inconformidades están brotando cada día y han estado postergando la solución de este conflicto en detrimento, molestia y agravio de todos.
No era mejor decir desde un principio que el agua es tan “propiedad de la nación” como lo es el petróleo. Un producto natural estratégico para la estabilidad, seguridad, comodidad y salud del pueblo.
Y en este asunto, de ninguna manera se puede concluir de que “lo del agua al agua”.
Volvemos a preguntar: ¿los buenos somos más?, ¿para qué?

Los beneficios del conflicto

A partir de la fecha, los ayuntamientos afectados se verán obligados a mover cielo, mar y tierra, para encontrar una solución al problema.
Y tal como lo marca la experiencia, todas tendrán que ser soluciones locales para evitar en el futuro el chantaje de los poseedores del espacio, que reclamarían “derechos” por el consumo del agua.
Por lo pronto, la inversión en los pozos perforados benefició a un pequeño grupo de empresarios, beneficiará al que proporciona la energía eléctrica, benefició a quien vende tubería, válvulas y accesorios y, sucesivamente iremos descubriendo beneficiarios.
Y desde luego, beneficiará a la población que ya no estará sujeta a la suspensión, porque alguna persona con arrebatos de cacique o de redentor, se le ocurra “castigarnos” para cumplir sus caprichos o sus personales necesidades e intereses.
En múltiples ocasiones lo hemos señalado. El río Coatzacoalcos y sus afluentes tienen la capacidad de proporcionar agua para una población de 200 millones de habitantes. Y no lo digo yo, lo señaló don Jorge L. Tamayo, un ingeniero experto en recursos hidráulicos, que ya en 1982, lo mencionaba como alternativa.
Un ejemplo palpable es la presa de Cangrejera, que trayendo agua del Uxpanapa, provee del esencial líquido para industrias que ahí operan.
Desde luego que hay que instalar, construir y operar plantas de tratamiento de agua, porque la “modernidad” ha envenenado los caudales con las descargas sanitarias de nuestros pueblos, que en la comodidad y la complacencia de los responsables “del medio ambiente” nos permitieron conectarnos a las corrientes centenarias de nuestro más preciado líquido.

¿Borrón y cuenta nueva?

¿Se imaginaría José Luis Sáenz Soto, actual presidente municipal del municipio de Minatitlán, Ver., la pesada herencia que recibía de su compañero petrolero y priísta Leopoldo Torres García, su antecesor en la administración municipal?
Y no nada más fue Polo Torres, también y ese es el peor lastre financiero que sufre el ayuntamiento de Minatitlán, es la herencia que les dejó Guadalupe Josephine Porras David, primero de Félix y ahora de Jiménez, resultado de desastrosas administraciones, decisiones erróneas y caprichos desbordados de sus personalísimas maneras de pensar.
La primera sacrificada lo fue la licenciada Citlalli Figueroa Artigas, que fue relevada en el cargo de secretaria del Honorable Ayuntamiento, porque uno de los desatinos de la Porras David se convirtió en un pleito judicial con agravantes, condenando al municipio a pagar algo así como 24 millones de pesos, que no se han podido liquidar.
Pende sobre los ediles la amenaza de multas y de desafuero si lo que dictó la autoridad judicial no se liquida en un plazo perentorio y de lo que se buscan soluciones inmediatas.
No basta que la mayoría de los ediles “ordenen” que se pague. Es necesario que existan los recursos, que la partida esté contemplada en el presupuesto de egresos del año corriente o, bien, hacer modificaciones urgentes al mismo presupuesto para poder hacer el desembolso.
De otra manera, si no existen los recursos existe una imposibilidad real de cumplimiento. Si no se modifica el presupuesto, tampoco se puede erogar cantidad alguna por ese concepto, porque se incurriría en “desvío de fondos”, que también es un delito. Y si se modifica el presupuesto, entonces se le estarían quitando recursos a otros rubros necesarios para la buena marcha del ayuntamiento.
Peor sería si existiese la modificación al presupuesto, pero no existiese el dinero para sufragar la sentencia. ¿De dónde sacarían los recursos?
Los préstamos son una buena alternativa, pero se estaría mutilando del presupuesto del 2015, la sexta parte de su importe, si se considera que lo que adeuda globalmente el ayuntamiento son 75 millones, herencia de anteriores administraciones y el presupuesto está estimado en 450 millones de pesos.
Si el ayuntamiento de Minatitlán está contemplando elevar en 120 millones del presupuesto, respeto del año actual, tal incremento sería sólo para el pago de pasivo.
Hubo una época, en que ningún ayuntamiento podía “heredar” pasivos al siguiente, son pena de ser castigados.
¿Tendremos que regresar el calendario?