MARTÍNEZ DE LA TORRE: Transporte urbano con rumbo a la muerte

El operar una unidad sin licencia, placas de circulación, seguro vencido y en deplorables condiciones mecánicas, son sólo algunas de las irregularidades que se logran detectar en el servicio de transporte en la modalidad de Urbano y Suburbano, según lo señala el Delegado Regional de Transporte Público dentro de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Gerardo Zapata González, quien además aseguró que tan malas condiciones ponen en riesgo la integridad de los usuarios en cada viaje, por lo que es necesario que las dependencias gubernamentales dejen de solapar las anomalías palpables.

Agregó que en comparación con la modalidad de taxis, cada ruletero cuenta con licencia tipo A, las unidades están debidamente emplacadas y no se tienen quejas de los trabajadores del volante, por lo que indicó que a pesar de las medidas desesperadas que tomen los concesionarios de urbanos la población seguirá inclinándose por el servicio de colectivo y especial.

Insistió el entrevistado que dependencias como Transporte Público deben corregir las irregularidades para evitar que se sigan presentando incidentes donde se ven involucrados los urbanos, así también invitó a los grandes empresarios a dejar a un lado los ataques hacia los pequeños concesionarios y optar por el mejoramiento de sus unidades para que la principal beneficiada sea la ciudadanía.

"Desde luego que ponen en riego a los usuarios, esto ha sucedido por años, aquí lo que se tiene que hacer es ponernos de acuerdo y no andarnos peleando porque quien resulta afectada es la misma población, nosotros estamos en la mejor disposición de participar pero rechazamos todo acto de represión contra nuestros agremiados, a nosotros nos dieron el permiso para laborar y eso es lo que hacemos", explicó.

Para finalizar, Zapata González definió como lamentable la actitud de algunos concesionarios en la modalidad de Urbano y Suburbano, pues al considerarse como los dueños únicos de rutas, señaló, sólo velan por sus propios intereses, rebajan al resto de los trabajadores con derecho y afectan el servicio público.