Solicita Diputado información sobre aumento de sismicidad en el Sur
Presenta Fidel Robles Guadarrama un Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Protección Civil tome medidas preventivas inmediatas
Congreso
COMUNICADO - 2015-05-14
Que el Congreso del Estado solicite a la Secretaría de Protección Civil (SPC) información suficiente y oportuna sobre el aumento de la sismicidad en el sur del estado y se le exhorte a tomar –de inmediato– medidas preventivas de protección a la salud, la vida y los bienes de los habitantes, así como de la infraestructura pública y privada en la región, propuso en tribuna el diputado local Fidel Robles Guadarrama.
Durante la Tercera Sesión del Segundo Periodo Ordinario del segundo año de trabajo, expuso que ha dado seguimiento a la actualización de la georreferenciación de los epicentros en la entidad, con base en la información de la página web del Sistema Integral del Atlas de Riesgos de Veracruz (Siaver) y del Sistema Sismológico Nacional (SSM).
Agregó que ambas fuentes registran una creciente actividad sísmica, sobre todo en los municipios de las regiones Olmeca, del Papaloapan, Los Tuxtlas y en toda la zona sur. En abril pasado se registraron 26 sismos en el Sur, casi uno diario, lo que supera el número de eventos anuales promedio entre 1998 y 2007, de 22.8 sismos: “Es un incremento de más de mil por ciento”.
Entre otros datos, los sismos registrados fueron de 3.6 y 4.6 grados Richter y de entre V y Vlll en la escala de Mercalli, lo que implica daños a viviendas y a la infraestructura industrial y carretera: “Estos hechos no se han estudiado, atendido ni cuantificado por las autoridades”.
De acuerdo con Fidel Robles, el aumento de la actividad sísmica obliga a tomar medidas como avisar y preparar a la población, sobre todo ante la creciente actividad petrolera en la zona sur, pues según expertos algunos de sus trabajos producen sismos por inyección o extracción de fluidos, lo que se conoce como sismicidad inducida.
Por otra parte, el Diputado también solicitó que el Congreso del Estado dé seguimiento y acompañamiento a quejas de lo que llamó “violencia institucional”, que es la presunta inducción del voto en contra de las usuarias de los programas sociales.