#AsuntosPúblicos: ANTICORRUPCIÓN

En la antesala de la enésima política pública para combatir la corrupción en México, a cada escándalo se sigue hablando de esas prácticas arraigadas en la sociedad, la cultura y las instituciones del país –el soborno, el desvío de recursos y el peculado, el tráfico de influencias, los conflictos de interés, el enriquecimiento ilícito-, cunden los discursos y las declaraciones de buenos propósitos al lado del escepticismo y la reservas acerca de la efectividad y saneamiento del servicio público.

Finalmente esta semana, la comisión permanente del Congreso de la Unión declaró aprobada por mayoría de los estados la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, así que el decreto será remitido al Presidente de la República para su promulgación y publicación, y una vez hecho esto, correrán los tiempos para el detalle de la legislación secundaria en el Congreso federal y en los estados de la República.

El nuevo diseño de responsabilidad de servidores públicos, fiscalización y control de recursos y el funcionamiento de las nuevas atribuciones de los órganos del sistema –la Secretaría de la Función Pública, la renovada y fortalecida Auditoría Superior de la Federación, que deberá traer a raya a los estados, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Nuevo Tribunal de Justicia Administrativa-, todavía va para largo.

A partir de que entre en vigor el decreto de reforma constitucional, el Congreso de la Unión dispone hasta de un año para expedir las leyes generales de fiscalización y el Tribunal de Justicia Administrativa; y sólo una vez que se haya cumplido esa etapa anterior, comenzará la obligación de los estados para adecuar sus legislaciones y, entre otros cambios, repitan el nuevo capítulo sobre responsabilidades de servidores públicos, el Tribunal de Justicia Administrativa, y creen los organismos del sistema “estatal” anticorrupción, sus comités coordinadores y sus comités de participación ciudadana. Parece hecho para darle largas al asunto.

ES TERRIBLE...

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) que dirige Juan Manuel Portal ha sido un organismo poco eficaz a lo largo de su historia. Sus funciones de fiscalización del uso de recursos del presunto federal no han pasado de señalamientos recurrentes y llorosos, pero de escasos resultados para la corrección y menos para la sanción a los responsables. Hace poco empezó a endurecer sus posiciones. Quizá como auto justificación para pasar al rediseño institucional en el nuevo sistema; ahora la ASF ando muy acusadora. Como se sabe, en el caso de Veracruz, a fines del año pasado hizo varias denuncias ante la PGR por desvíos de recursos de salud y educación y simulación de comprobaciones, que corresponden al gasto federalizado anterior a 2013.

De la Auditoría al gasto federalizado de 2013, donde las observaciones de Gobierno del Estado fueron de más 5 mil millones de pesos, pero que dicen aquí los de la Controlaría del Estado que ya las han ido solventando y sólo les restan por comprobar 800 millones de pesos, todavía no hay denuncias. Según informó hace unos días Juan Manuel Portal, por las irregularidades de la cuenta pública 2013 aún no hay funcionarios denunciados, “pero hay mucha gente que va a estar”. U que la ASF, prepara denuncias en especial de los casos en que ya se cuenta con elementos de probable daño a la hacienda pública federal. Portal, que en otra ocasión reconoció que a su institución le faltaban dientes y que no capturaba peces gordos porque no eran tontos, no firman nada, ahora en su fase teatral acaba de descubrir que “la corrupción en México es terrible”, “muchísimo más grande que el caso de una inmobiliaria o un inmueble”, asómbrese, “no, hablamos de asuntos mucho mayores” (ya no detalló más).

ANATOMÍA DE LA CORRUPCIÓN

María Amparo Cassar, investigadora de CIDE, acaba de presentar su estudio “México: Anatomía de la Corrupción”, elaborado con el apoyo de esa institución y del IMCO, un diagnóstico y recuento del tema, contiene los principales índices, indicadores y mediciones sobre frecuencia y extensión del fenómeno de la corrupción, de sus causas y efectos, de los esfuerzos para combatirla y los pobres resultados obtenidos.

Entre sus datos relevantes, presenta el ranking de México en el mundo, lugar 103 de 175 países, conforme al índice de percepción de la corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y en el lugar 127 de los indicadores de control de la corrupción del Banco Mundial, y el más de corrupto de la OCDE, ¡vaya campeonatos internacionales!

Contiene también una gráfica de la percepción sobre frecuencia de corrupción en los estados, donde el DF resulta el más corrupto (93.3), Querétaro el menos (65), y sorprendentemente Veracruz queda dos lugares debajo del promedio nacional, que fue de 85.3 (datos de INEGI 2013).

También destaca su intento de determinar los costos macroeconómicos de la corrupción y refiere que, según el Banco de México, la corrupción en el país representa cerca del 9% del PIB; según INEGI la corrupción alcanzaría 347 mil millones de pesos, que equivaldrían a aproximadamente el 2% del PIB (2013), la cifra es similar a la de “México ¿Cómo Vamos? Que la sitúa en 342 mil millones de pesos al año. El Banco Mundial estima que la corrupción cuesta a México el equivalente a 9% de su PIB y 80% de la recaudación de impuestos federal. Forbes coincide con el 9% (2014) y el CEESP la sitúa en 10% (2015).

Según la Auditoría Superior de la Federación, la falta de sanciones a los actos corruptos costó a México 86 mil millones de dólares, que se atribuye a desvíos, subejercicios y despilfarros de recursos públicos, así como pagos indebidos en el gobierno.

Como se ve, sobran discursos anticorrupción