#AsuntosPúblicos: ACORRALADOS

La acumulación de denuncias e investigaciones abiertas en distintos frentes –federales y del estado– acorrala al gobernador Javier Duarte y sus allegados, al grado que de unos días para acá de nuevo flota en el ambiente el tema de su renuncia anticipada (le faltan tres meses para entregar) y del ejercicio de acciones penales y administrativas en su contra.

Aunque es claro que una fuente importante de las denuncias de corrupción provienen de su antagonismo con Miguel Ángel Yunes Linares –a quien Duarte también ha acusado de enriquecerse ilegalmente–, las imputaciones no se reducen a esta confrontación política.
El asunto de la corrupción de Duarte y la decisión de investigarlo es más amplio que su conflicto personal con Yunes Linares. Tiene que ver con la ruina causada en el estado durante su irresponsable gobierno, con el deslinde del Gobierno Federal, el presidente Enrique Peña, su grupo y el PRI, para reducir la salpicada, el costo de su asociación y militancia; y en su caso, sancionarlo para ejemplificar y darle credibilidad al Sistema Nacional Anticorrupción, con el que pretenden contener el rechazo a su gobierno y a su partido.

Tiene que ver con el desastre financiero y desorden administrativo al que empinó al estado en su periodo –ahí están las calificaciones negativas de riesgo crediticio, el sobre endeudamiento, el impago y la parálisis de los servicios y la ausencia de obras públicas. Tiene que ver con las evidencias de corrupción, los desvíos de fondos públicos; las observaciones y denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 35 mil millones de pesos, las investigaciones y denuncias del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por operar desde el Gobierno del Estado, una red de contratos por más de 650 millones de pesos con empresas “fachada” o fantasmas.

Tiene que ver con los indicadores socioeconómicos negativos –pobreza y bajo crecimiento, desempleo–, el desbordamiento de la delincuencia, en suma, de un gobierno ineficaz, pero con un grupo gobernante en bonanza; en paralelo al fracaso gubernamental, el presunto enriquecimiento del gobernador, su familia, y su camarilla de colaboradores amigos y socios.

Si el estado estuviera funcionando, la economía en marcha, con generación de empleos bien remunerados, la administración al corriente de sus obligaciones y pagos, los servicios públicos en operación y garantizada la seguridad, quizá nadie se ocuparía de la corrupción y el enriquecimiento del grupo gobernante, pero los contrastes notables, la incapacidad y rapacidad irritan a la población; esta situación explotada en la campaña electoral favoreció la derrota del PRI y el triunfo de la oposición, se sigue explotando en la transición del nuevo gobierno, ya que hay muchos signos de ingobernabilidad, sobre todo en los aspectos de finanzas y de seguridad pública, lo que provoca presiones al Gobierno Federal para intervenir y retirar a Duarte.

Faltan tres meses para la conclusión del periodo de Duarte, frente a las muestras de ofensiva federal, el desdén del presidente, el acoso del SAT y la ASF y la PGR, hay apuestas de si Duarte llegará o no al fin de noviembre próximo.

Enriquecimiento ilícito y prestanombres

La red de presuntos prestanombres de Javier Duarte puesta de moda con la exhibición mediática de bienes multimillonarios en el país y en el extranjero a nombre de amigos y familiares del gobernador tiene otras implicaciones. El señalamiento no sólo le pega a Javier Duarte, como servidor público obligado a demostrar que su patrimonio –tanto el que está a su nombre como aquellos bienes respecto de los que se conduce como dueño– se justifica con sus ingresos lícitos comprobables. Involucra la investigación como probables cómplices y partícipes del delito a los presuntos prestanombres o “testaferros”. La legislación del país, tanto la federal como del estado, desde la Constitución Política hasta los códigos penales, implica a los prestanombres y prevé como sanción el decomiso y la extinción de dominio en favor del estado respecto de los bienes “intitulados a nombre de terceros, pero que existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales (o delincuencia organizada) y el acusado por estos delitos se comporte como dueño”.

Es un supuesto que tiene muy preocupados a los del grupo de Duarte que serán o están siendo investigados como prestanombres en el delito de enriquecimiento ilícito.

Ayer por esa situación renunció José Antonio Mansur Beltrán como delegado en el estado de la Secretaría de Economía, con el objeto, dijo, de defenderse legalmente de las imputaciones; tanto él como su padre, José Antonio Mansur Galán, se quejan de calumnias de Yunes Linares y argumentan que las 16 mansiones localizadas en Woodlands Texas (un sitio favorito de los duartistas para adquirir residencias al por mayor) las compraron con créditos y con el producto de la venta de otros bienes.

Algo similar deberá afrontar (aunque no es servidor público, sino chambelán de ellos), Moisés Mansur Cysneros, también de Córdoba y señalado de prestanombres, íntimo amigo de Duarte, tanto que instituyó a éste como heredero de bienes inmuebles millonarios en la Ciudad de México, en Lomas de Chapultepec y en Polanco, cuanta ingenuidad en pretender hacerlo pasar por un regalo de cuates y no un arreglo de testaferro, como todo indica; además del rancho en Valle de Bravo, respecto del que se asegura, Duarte se conduce como dueño.

Otro que renunció en similar escenario, para defenderse de la acusación de enriquecimiento ilícito y de tener prestanombres es el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, a quien le salieron empresas de seguridad y de hotelería aquí, pero residencias a él y a sus hermanos, en Woodlands, Texas, un paquete familiar de unas 10 mansiones, como si en Veracruz todos los caminos llevaran a Woodlands. Allá mismo le encontraron casas a la cuñada de Duarte, Mónica Ghihan Macías Tubilla y a su esposo, José Armando Rodríguez Ayache, también señalados de prestanombres de Duarte allá y en los 2 departamentos en Torre Pelícano, con vista al mar en Boca del Río. Tendrán que demostrar de ladronde sacaron para comprar esos bienes de valor multimillonario.