#AsuntosPúblicos: A LA CARGA CON MÁS DEUDA PÚBLICA

A la carga con más deuda pública

No ha cesado la pretensión del gobierno de Miguel Ángel Yunes de sacarse la lotería, pegarle al gordo con la reestructura de la deuda pública.

Sueña que le aprueban los diputados a ojos cerrados su engañosa propuesta, la cual implica no una mejoría para las finanzas del estado, sino un incremento al nivel de la deuda y una extensión de su plazo de pago. Y dinero fresco para él en dos años electorales. ¡Bingo!

Ayer sus empleados en el Congreso, los diputados del PAN en particular, volvieron a la carga para apresurar que se apruebe como cheque en blanco su reestructura. En la diputación permanente intentaron convocar al pleno de diputados para este jueves a una sesión extraordinaria para aprobarla, pero los grupos de oposición la resistieron temporalmente. Se pusieron sus moños –no les han llegado al precio–, rechazaron el calendario panista y difirieron la sesión. Se programó la extraordinaria en que se discutirá y votará para el 28 de febrero; previamente la Comisión legislativa de Hacienda del Estado tendrá que formular un dictamen; pero lo fundamental para la decisión –cualquiera que ésta sea– es que se darán las negociaciones entre las bancadas de oposición, ya que se requiere de mayoría calificada –que no consiguen los diputados de Yunes, no alcanzan los del PAN con los del PRD, que por cierto en este tema no se han sumado a Yunes–; los únicos planchados son los del PAN.

El escaso control que los electores tienen de sus diputados favorece a que estos negocien conforme a sus propios intereses, pese a la trascendencia de sus decisiones sobre la sociedad y el futuro del estado, en algunos casos, los diputados ni siquiera responden a sus dirigencias partidistas. Un ejemplo es la bancada del PRI, ausente un gobernador priista que los mandaba y sin liderazgo en el estado, va por la libre, sin directriz ni estrategia, cada quien para lo suyo.

Decisiones relevantes para la vida del estado –como la renovación de la deuda pública– dependen de los arreglos de una cúpula de poder.

Para beneficio del grupo gobernante

La iniciativa de Yunes –ya se sabe– quiere una autorización del Congreso para sustituir la deuda pública existente de 41 mil 500 millones de pesos, que sería liquidada en un promedio de 18 años, por nuevas operaciones hasta por 42 mil millones pagaderos en 50 años. De entrada se llevarían 500 millones de pesos más y que paguen las siguientes generaciones de veracruzanos por los próximos 50 años.

Por otro lado, no ha presentado Yunes –ni nadie de su equipo de colaboradores– ningún soporte de cálculo ni ofertas crediticias que convenzan de que las posibles renovaciones de tasas y plazos de pago serían mejores que las actuales.

De las vagas exposiciones de motivos, pero más de lo que se sabe de cómo funcionan las reestructuras de deuda, se percibe que lo que Yunes busca es obtener más dinero líquido, sobre todo si le conceden algún periodo inmediato de gracia, del que se beneficiaría únicamente su gobierno, no los siguientes que recibirían la carga. A la larga el monto pagado es superior. El interés del dinero no hace caridades a nadie.

El excedente de dinero para el gobierno de Yunes tiene evidente significado político en procesos electorales, y por ello, los que no son ingenuos ni de su facción, advierten el riesgo de concederle manga ancha para que se beneficie en detrimento de las finanzas del estado y de las futuras generaciones de veracruzanos.

El teatro de la emergencia financiera

La teatralidad de la “emergencia financiera” ya no se la cree nadie a Yunes.

Una de sus caras suplica por dinero, de lo contrario no habrá para cubrir servicios públicos, es su pretexto para la reestructura. La otra –la que quiere mostrar a calificadoras y financieras, la del maquillaje y falsificación de la contabilidad– hasta mejoró sus resultados.
Por cierto, la emergencia por las penalidades que le darían al estado no se precisan en ninguna parte. Con todo y sus ficciones, por ello debe tomarse con reserva el 4 Informe Trimestral de Gasto Público de la Sefiplan por el periodo enero diciembre de 2016, en su capítulo de deuda pública nada dice de algún riesgo. Pese a los negativos resultados de las calificadoras por los anteriores informes del gobierno de Duarte, acentuados por los pasivos de corto plazo (que Yunes ya borró ilegalmente de la contabilidad), el informe de la Sefiplan declara la certidumbre de los pagos a los acreedores de la deuda pública: “se continúa ofreciendo una moderada seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, ya que están respaldadas por Fideicomisos de Administración y Fuente de pago y garantizadas con participaciones federales. ¿Dónde está la emergencia? Tienen aún que demostrarla.

Lo que sí se encuentra aunque no de modo explícito es que el gobierno de Yunes llegó bateándole al crédito público.

En diciembre tomó 4 mil 300 millones de pesos de nueva deuda bancaria de corto plazo –endeudamiento que no pasó a la aprobación del Congreso– al amparo del decreto de presupuesto del año anterior, que permite hasta el 7% de los ingresos anuales, pero tampoco ha informado cómo se aplicó, no hay información alguna de cómo se gastó, igual que sus antecesores, lo metieron a la licuadora.