#AsuntosPúblicos: TIENE YUNES UNA REESTRUCTURA DE DEUDA APROBADA

Tiene Yunes una reestructura de deuda aprobada

Los diputados locales andan en el jaloneo negociador para llegar al precio de voto sobre la iniciativa del gobernador Miguel Ángel Yunes para la reestructura total de la deuda, sin tomar en cuenta que ya le aprobaron en el mes de diciembre que procediera en esa dirección, aunque de manera parcial. ¿Lo saben, lo recuerdan? o ¿encajan en el estereotipo del levanta-dedos, ignorando los asuntos que aprueban, ahora con voto electrónico?
La falta de trabajo legislativo de los actuales diputados locales –muy interesados en el reparto de las comisiones, tomar la administración y los recursos de la cámara– tiene una de sus mayores constancias en la aprobación a ciegas de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
Uno de los artículos transitorios del Decreto de Presupuesto de Egresos para 2017 (el cuarto) remite a la autorización al Ejecutivo del estado –por conducto de la Secretaría de Finanzas– para reestructurar la deuda pública aprobada por el Congreso en octubre de 2015, indicando sólo la obligación de notificar a la Comisión de Hacienda del Congreso local de la disposición de recursos de manera total o parcial, 30 posteriores a que hubieran tenido acceso a ellos.
Esa reestructura autorizada por la anterior legislatura, sin vicio legal ni objeción de inicio tanto que el actual Congreso la vincula a un nuevo acto legislativo, la presentó el gobierno de Duarte, pero no la concretó; le pesó el descrédito, pese a que participó en su elaboración la Secretaría de Hacienda. Comprendía una serie de operaciones para sustituir garantías y liberar participaciones, una respuesta al problema de liquidez que padece la actual administración. Enfocaba únicamente a la deuda bancaria, entonces de 22 mil millones de pesos, limitaba los nuevos plazos a un máximo de 20 años y excluía las obligaciones bursátiles.
Antes de discutir la nueva, evaluar la previa
¿Hizo algo el gobierno de Yunes para tratar de concretar esas operaciones ya aprobadas? o ¿le resulta más cómodo y rentable su nueva iniciativa por 42 mil millones de pesos? Una propuesta opaca que incrementa el monto total de los adeudos, carece de bases de cálculo que acredite las ventajas de las operaciones y los plazos son excesivamente largos, hasta 50 años.
Los diputados deberían exigirle que explore esa vía o que justifique por qué no aplicarla. ¿Cuál es la opinión de la Secretaría de Hacienda? En diciembre los diputados y el gobierno de Yunes la consideraron viable, de no haber sido así no la habrían incluido en los artículos transitorios del Decreto de Presupuesto.
Tienen tiempo de hacerlo antes de dictaminar la nueva iniciativa de Yunes y celebrar la sesión extraordinaria del Congreso.
La deuda bursatilizada
En el horizonte inflacionario que se vaticina en este y los próximos años, con la inestabilidad cambiaria, el alza en combustibles y la cadena de precios, más el efecto Trump, la deuda del estado que debería evaluarse para reestructura es la bursátil. A diciembre registran un adeudo de 11 mil 164 millones de pesos en varias emisiones, todas contratadas en UDIS, como se sabe indicadores indexados a la inflación.
La Secretaría de Finanzas debería presentar al Congreso y a la opinión pública alternativas de sustitución de créditos, en vez de pedir autorizaciones de manga ancha.
El gobierno de Yunes aumenta la deuda pública
La deuda que no puede suprimir u ocultar en su falsa contabilidad el gobierno de Yunes, la contraída con el sistema financiero, va para arriba. El diciembre, ya se sabe, tomó 4 mil 300 millones de pesos, en dos operaciones bancarias con vencimiento de corto plazo (12 meses) y garantía quirografaría, la pura firma.
Para este año, los diputados le aprobaron (si es que se dieron cuenta) en la Ley de Ingresos (artículo 9) endeudarse hasta por un monto del 6% de los ingresos totales, que ascienden a casi 102 mil millones de pesos, lo que equivale a nueva deuda por cuando menos 6 mil 119 millones de pesos. No necesita de los diputados para ese endeudamiento, además que igual lo permite por ese porcentaje la Ley de Disciplina Financiera, con o sin aprobación de diputados.
Estos créditos de corto plazo para cubrir necesidades temporales de liquidez deben de pagarse tres meses antes de que concluya la administración en 2018. ¿Los pagará?
Orange is the new black
No salió de prisión el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, como se especuló con fines de show mediático.
No era amparo sino des-amparo. La suspensión del acto reclamado de autoridad que le concedió el juez de distrito era contra la “privación de la libertad fuera de procedimiento”, que no era el caso de Bermúdez, con orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito. La letanía de supuestos en ningún momento ordenaba una liberación absoluta, todas eran condicionadas; por ello no fue difícil meterle candado a la celda.
El palo dado irreversible es el que ordenaba que el quejoso “no sea exhibido en los medios de comunicación con motivo de su detención, toda vez que constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos”, así como a la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida.
La imagen de Bermúdez en el reclusorio de Pacho al momento de ser fichado, usando su chaleco color naranja, se volvió viral en redes. No faltaron los memes que lo equipararon a los cerillos de supermercado. ¿Ya encontraron a quien filtró la imagen?
Pero el público que quiere ver sangre y por supuesto los familiares de víctimas piden más cargos para el otrora arrogante y déspota jefe policiaco.
Ahora que está adentro no es remoto que le vinculen con los 5 jóvenes desaparecidos por la policía de Bermúdez en Tierra Blanca en 2016, el caso de los estudiantes de Humanidades brutalmente agredidos en 2015, así como la desaparición de tres jóvenes (el cantante Gibrán y dos más), hechos ocurridos en enero de 2014, víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada e indebida procuración de justicia, según la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
¡Y quería salir!