Congreso aprueba nueva Ley de Víctimas de Veracruz

+ La nueva Ley reconoce como grupos vulnerables a los migrantes, personas desplazadas, personas con discapacidad, periodistas y defensores de derechos humanos en el estado.

Zona Centro

Agencias - 2017-03-31

La nueva Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz fue aprobada este jueves 30 de marzo por el congreso local.

Con esta Ley se creará una nueva Comisión Ejecutiva que tendrá a su cargo designar a las personas responsables del Fondo de Ayuda, la Asesoría jurídica y el Registro Estatal de Victimas, de acuerdo con un comunicado.

La Comisión será la encargada de otorgar, con cargo al Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para superar las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante, informó el Congreso de Veracruz.

El nuevo ordenamiento reconoce como grupos vulnerables a los migrantes, personas en situación de desplazamiento interno, personas con discapacidad, periodistas y defensores de derechos humanos.

Asimismo, establece que las víctimas, en casos urgentes o cuando las instituciones públicas no puedan brindarles atención, podrán recurrir a las instituciones privadas, con cargo al fondo de ayuda correspondiente.

Las víctimas podrán contar con un asesor jurídico en los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado o abogada, lo que incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal, situación que en muchas ocasiones le es negado a la víctima.

La Nueva Ley de Víctimas contempla en su capítulo IV, Artículo 122, que corresponde a la Fiscalía informar a la víctima, desde el momento en que se presente ante ella, los derechos que le otorgan la Constitución Federal y la Local, los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo, así como de otras disposiciones aplicables.

De acuerdo con el Congreso de Veracruz, en un plazo de 150 días después de que la Ley entre en vigor, las secretarías, dependencias, organismos del sector salud, educación y demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios tendrán que adecuar su normatividad conforme al Programa y el Modelo de atención a víctimas.

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