Funcionarios de Obras Públicas de Agua Dulce participaron en fraude; asciende a 430 mil pesos
+La empresa Media y Alta Tensión solicitó que "no se reciban" las obras del Ayuntamiento de Agua Dulce que fueron observadas por daño patrimonial
Zona Sur
ALFREDO SANTIAGO H. - 2017-05-02
El pasado 10 de abril la empresa Media y Alta Tensión de Veracruz, con domicilio fiscal en el puerto de Veracruz, presentó ante el Congreso del Estado de Veracruz, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Comisión Federal de Electricidad, una solicitud para que no se le reciban dos obras de ampliación eléctrica al Ayuntamiento de Agua Dulce.
En el documento que suscribe María Josefa Menes Ortega, representante legal de la proveedora de material eléctrico, explica que en el mes de noviembre del 2015 surtieron material a las empresas Estamue y Sanibrac, mismo que se utilizó en las obras de ampliación de red eléctrica de las calles Manuel Fuentes de la colonia El Muelle e Ignacio Zaragoza de la colonia Los Pinos.
El crédito fue aprobado luego de que se presentaran el entonces Director de Obras Públicas, Agustín González Córdova, y el subdirector Leobardo Aguilar Ornela (actualmente Síndico en la planilla del PRI y Director de Obras Públicas interino respectivamente), para mostrar los contratos de obras con el Ayuntamiento, además de que se comprometieron a retener los pagos a las dos empresas hasta cubrir el monto del crédito.
Sin embargo a un año y medio de entregado el material, no se han cumplido los pagos pactados, pues el gobierno municipal asegura que los contratos fueron pagados íntegramente a Estamue y Sanibrac, sin que los funcionarios antes señalados cumplieron con las retenciones que prometieron.
El monto de la deuda asciende a 430 mil pesos, razón por la cual la empresa ha solicitado al alcalde Daniel Martínez González su intervención pero este no ha respondido positivamente, además de el material se utilizó en dos obras que fueron observadas por el ORFIS y que no podrán ser sustentadas, pues la proveedora no ha entregado las facturas de los materiales utilizados y por lo tanto no se pueden cumplir los protocolos de ley.
Además no se descarta que se interponga la denuncia correspondiente por el delito de fraude, donde estarían implicados los dos funcionarios municipales que fungieron como intermediarios para el trámite del crédito, así como los representantes legales de las dos empresas contratadas.