“Son acusaciones irrisorias”, dice Duarte; llama “Gobierno fallido” al de Yunes, acepta extradición

Con el cabello recién cortado casi a rapa; de bigote y barba larga y una camisa de cuadros; coloquial con sus guardias y sin chaleco antibalas y sin esposas, el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa se presentó esta tarde ante los jueces del Tribunal Tercero de Sentencias Penales de Guatemala, quienes le indicaron los delitos que se le imputan y por los que se solicita su extradición.

El Juez presentó a Duarte y su abogado, Carlos Israel Velázquez Domínguez, quien estaba acompañado por un hombre quien se identificó como asesor de la defensa. Debido a que no estaba identificado por el Colegio de Abogados de Guatemala fue sacado de la sala.

Javier Duarte de Ochoa reapareció con sobrepeso como cuando ejercía como Gobernador de Veracruz.

–Por medio de un comunicado daré a conocer lo que tengo que decir sobre este proceso de extradición –dijo.

De acuerdo con testimonios, Duarte se dirigió a sus custodios por su nombre, o con sus apodos.

La Fiscal Karina Bolaños precisó que Duarte tiene dos solicitudes de extradición: Una orden emitida el 9 de marzo por incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias en Veracruz, y la segunda, del 30 de marzo, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, trafico de influencias y coalición.

El ex mandatario dijo a medios que en la cárcel donde está lo trataban bien y aprovechó para quejarse de que las esposas le apretaban.

En la audiencia, Duarte se defendió de las acusaciones en su contra, dijo que nunca firmó documentos para desviar dinero de las secretarias del estado y renunció a su derecho de apelar extradición.

“Son acusaciones irrisorias, acusaciones de un Gobierno fallido, por cierto”, dijo Javier Duarte en referencia a las acusaciones del Gobierno de Veracruz encabezado por el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

“Deposité de una cuenta del Gobierno a otra, no robé”, añadió.

Duarte de Ochoa gobernó hasta octubre pasado el estado de Veracruz. Él y sus secretarios son acusados de haberse robado el presupuesto de casi todas las dependencias y se les sigue un proceso en la Fiscalía estatal y en la Procuraduría General de la República (PGR).

Autoridades de Guatemala detuvieron el 15 de abril, en un hotel de Panajachel, al político de 43 años nacido en Orizaba, quien era buscado por la Interpol en 190 países.

Desde ese día, Duarte de Ochoa permanece en el penal de máxima seguridad Matamoros, donde están presos ex funcionarios y narcotraficantes guatemaltecos.

La Procuraduría General de la República detalló que autoridades guatemaltecas y mexicanas le seguían de cerca la pista a Duarte, que fue arrestado en torno a las 20:00 horas en un hotel, donde estaba en compañía de su esposa. El ex Gobernador había recibido una llamada de la PGR que decía que estaba localizado y que saliera de la habitación para ser detenido por la policía, agregó.

La tarde del pasado 19 de abril, el ex Gobernador acudió a su primera audiencia con las autoridades del Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, ante las cuales se negó aa ser extraditado a México para enfrentar las acusaciones en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.

“En este momento no puedo allanarme hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensa. Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que me reservó ese derecho hasta ese momento”, dijo el ex mandatario en eso momento.

El 7 de junio, 53 días después de la detención del ex mandatario, el Gobierno federal presentó la solicitud oficial a Guatemala para su extradición.

La información fue dada a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala a través de su cuenta de Twitter: “A las 15:45hrs recibimos solicitud formal de extradición del ex gobernador de Veracruz #JavierDuarte, la cual trasladamos al MP a las 16hrs”.

Rotman Pérez, secretario de Política Criminal de la Fiscalía, dijo que correspondía al tribunal señale una audiencia en la que el Ministerio Público presentará las pruebas que México recabó y entregó a Guatemala sobre las acusaciones contra Duarte, para que los jueces pudieran decidir si procede o no la extradición.

Previo al mensaje, el Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de Estado en Guatemala, en la que principalmente se trataron temas de energía, integración regional, migración, infraestructura fronteriza, seguridad, desarrollo social y medioambiente, de acuerdo con la agenda de Presidencia.

Sin embargo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, confirmó que Peña Nieto y el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, sí hablaron sobre el ex mandatario veracruzano.

“El Presidente agradeció a las autoridades guatemaltecas y a las instancias de procuración de justicia la asistencia y el apoyo en este caso”, dijo el Canciller mexicano al ser cuestionado por reporteros.

EL SAQUEO A VERACRUZ

De acuerdo con las investigaciones de la PGR, Javier Duarte es responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público, el cual fue entregado a empresas fantasma que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres.

El expediente del caso fue expuesto por fiscales de la PGR y funcionarios del SAT en una audiencia oral realizada ante un juez federal en noviembre pasado.

La indagatoria del Ministerio Público, que contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, indica que entre 2012 y 2013, a través de las Sceretarías de Educación y Salud de Veracruz, se concedieron contratos a las compañías Evolución de Diseños, Farmacias Genéricos, Solaris Technologies, Gali Textil y Aglomerados de Concreto del Papaloapan.

Lo que luego documentó la PGR fue la ruta que siguió el dinero a través de transferencias electrónicas conocidas como SPEI. Los recursos fueron traspasados a por lo menos nueve empresas: Edifica México, Benfa Inmobiliaria, Diseño Arquitectónicos Malva, Diseños Arquitectónicos Aylin, Sacmet Inmobiliaria, Agatone Advisor, Medical Health Services H2S, Anivis International Y grupo Inmobiliario Boing.

Estas nueve compañías, que ya no eran contratistas del gobierno, recibieron el dinero público de las que sí eran proveedoras. Con el apoyo de la Secretaría de Hacienda se detectó que todas ellas traspasaron el dinero a una empresa de tercer nivel denominada Consorcio Brades.

El seguimiento de las operaciones bancarias permitió a PGR establecer ante que la empresa Consorcio Brades simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio en Campeche. Dichos terrenos ejidales eran propiedad de prestanombres de Duarte que fingieron ser ejidatarios, entre ellos el empresario Moisés Mansur y el abogado fiscalista José Juan Janeiro Rodríguez.