Ayer, la Junta de Gobierno de la UV despejó la incertidumbre sobre el mando en la Rectoría para los próximos 4 años; la designación de Sara Ladrón de Guevara para un segundo periodo significa que escogieron el proyecto de consolidación de resultados, por encima de alternativas que no convencieron a la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno.
Vencido el plazo del proceso, ayer informaron su decisión en favor de Sara considerando que sus características de “experiencia, capacidad y competencia” son las idóneas para el momento que vive la UV.
A juicio de la Junta de Gobierno resultó mejor la propuesta de Sara en la recta final cuando se evalúo comparativamente plan de trabajo, financiamiento de la institución, mejoramiento de la calidad de la docencia y la investigación, así como la atención a los estudiantes universitarios, elementos de la última prueba en la entrevista personal.
Queda para el anecdotario que la decisión estuvo dividida; 7 miembros de la Junta de Gobierno votaron en favor de Sara –obtuvo uno más de los votos necesarios para la validez de la decisión–, y que se quitaron la careta las que le jugaban las contras, la presidenta de la Junta de Gobierno, Jaqueline Jonguitud, hizo el berrinche de su vida y voto en contra, mientras que su aliada, la química Elena Rustián, se abstuvo de votar, un silencio que equivale a la negación del voto a favor. Perdieron 7 a 2, ellas y los intereses de los grupos que representan.
Hoy, Sara Ladrón de Guevara presenta al Consejo Universitario su cuarto informe de labores y mañana rinde protesta al cargo para los próximos 4 años. Esperemos sea para bien de la UV y para el estado.
Nombramientos negociados o libres
No ha concluido la intervención de la Junta de Gobierno de la UV. Les falta designar a dos funcionarios clave de la administración universitaria, los titulares de la Secretaría Académica y de la Secretaría de Administración y Finanzas. Aunque deben escoger en ambos casos de una terna que presente la rectora, hay precedentes de injerencia excesiva. Es el caso de la composición que hicieron hace 4 años. Entonces la negociación con el rector saliente que no pudo imponer sucesor por el descrédito irreversible a la Junta de Gobierno, implicó que le concedieran como cuotas la secretaria académica para Leticia Rodríguez Audirac –incluso ella fue aspirante formal a la Rectoría– y Clementina Guerrero a la de Administración y Finanzas, ambas cercanas colaboradoras en el rectorado de Raúl Arias Lovillo. Tula ahí permaneció hasta que oyó el canto del sireno y se trepó a la nave a pique de la Sefiplan del Gobierno del Estado (de donde la removieron a la mitad del mes pasado), dejando en su lugar a su segundo, Gerardo García Ricardo, para terminar el periodo).
La reciente injerencia atribuida al ex rector Raúl Arias Lovillo en el proceso de designación de rector originó que algunos pensaran que quiere o quería regresar, lo que otros corrigen, Lovillo no se fue, dejó plantadas dos piezas que coparon a Sara. Y quería comerse ahora la Rectoría con un re-manso de paz. Pero no le alcanzó.
Esta vez no se ve que haya habido negociación con el otro grupo, lo que se infiere a partir de la rabieta de Jaqueline Jonguitud, situación que favorecería a la rectora reelecta. Fortalecida la rectora hacia el segundo periodo, con un bloque de votos suficientes a su favor, debería obtener el respaldo de la Junta de Gobierno para colocar a su personal de absoluta calificación y confianza en la Secretaría Académica y en la de Administración y Finanzas.
Veracruz a contracorriente
Las cifras de la pobreza en México que ayer dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aunque tienen cuestionamientos de maquillaje metodológico para mostrar alguna mejoría, sobre todo al quinto año del gobierno de Enrique Peña Nieto, ni así ayudan al ranking de Veracruz.
Las reducciones de unos pocos puntos porcentuales al nivel nacional en la condición de pobreza del 46.1 al 43.6% de la población (no baja en términos absolutos), y la pobreza extrema del 11.3 a 7.6% (¡eso dicen!), que solo significan 3 millones 600 mil menos, en el periodo 2010-2016 para Veracruz van en tendencia opuesta.
Según el reporte, entre 2014 y 2016 casi todas las entidades federativas tuvieron una reducción en la pobreza, excepto 5, en las que la población pobre aumentó. Veracruz incrementó en este periodo la población de pobres de 58 al 62%, pasando de 4 millones 634 mil personas a 5 millones 49 mil 500, es decir, 415 mil personas más se agregaron a la franja de pobreza. En la medición de pobreza extrema en ese mismo lapso las cifras de Veracruz son patéticas: de 17.2% de la población pasa a 16.4%, una reducción de 0.8 %, equivalente a 38 mil personas. En el primer rango eran un millón 370 mil 500 personas en pobreza extrema y en 2016 eran un millón 332 mil 500 personas, ¿Cuál logro?
Y eso que llevan maquillaje de la fuente oficial, los datos reales serían más opresivos y ofensivos.
Esos malos resultados, no se ignora, corresponden al gobierno de Javier Duarte. El problema es que no se ve cómo vaya a mejorar con el gobierno de Miguel Ángel Yunes. La inercia y precariedad de la política social y económica hace prever, en el contexto de una reducción de inversión y del empleo, una situación igual o de empeoramiento de las condiciones de pobreza.
