Las réplicas del sismo en los partidos políticos no han cesado. Si no ahora, en un plazo no muy lejano, serán damnificados del subsidio con cargo a los contribuyentes, que para 2018 será de 6 mil 740 millones de pesos.
La tragedia y destrucción causada en varios estados del país, aunadas a la necesidad de generar ayudas a la población afectada y asumir costos de reconstrucción, focalizó la atención y mostró el amplio descontento de la sociedad mexicana con su clase política y el sistema electoral.
El cuestionamiento en la opinión pública a la existencia parasitaria de los partidos y a las exorbitantes sumas de dinero que reciben del presupuesto de los gobiernos federal y estatal, obligó a los dirigentes partidistas a subirse a la escena y ofrecer su cuota.
No se sabe aún en que va a parar el actual debate entre partidos políticos sobre sus aportaciones; acostumbrados a la simulación discursiva y la evasión por subterfugios, hoy compiten ante la opinión pública y de cara al proceso electoral en curso por ganarse el premio “Nobleza Política” o “Simpatía por el Político” (nuevo arreglo de los Rolling Stones), cada día desde hace una semana, los dirigentes de partidos y líderes de camarillas legislativas se confrontan con propuestas cada vez más temerarias a ver quién se sacrifica más por el “pueblo”, quién hace la acrobacia más atrevida y riesgosa.
Aportaciones inmediatas
Para lo inmediato, varios de ellos están proponiendo la renuncia a cierto porcentaje (entre 20, 50 y hasta 100%) del financiamiento público, con matices de si es global, o sólo de gastos de campaña, y todavía indefinido cómo se administrarán los recursos cedidos, si se devuelven a Hacienda –que es la propuesta del PRI, renuncia a 258 millones–, el PAN a sus spots, Morena colectará más de 100 millones, pero los quiere entregar por medio de un fideicomiso propio, que quien recibe sepa quién se lo da, y se acuerde cuando vaya a la urna. Igual se critica la del PRI, porque aumentará la capacidad de gasto social del Poder Ejecutivo en año electoral.
Tocados
En el afán de verse solidarios y que no les vaya tan mal con los votantes en la mega elección de julio 2018, los partidos ensayan propuestas de fondo para reducir el costo de la elecciones, pero que implican una transformación del sistema electoral. El Frente formado por el PAN-PRD y MC sacó el tema de una reforma para suprimir el financiamiento público, en la que coincidieron el PRI y Morena, aunque con discrepancias de cuándo se haría y su aplicación; la Constitución prohíbe reformas legales durante el proceso, además de que la discusión abierta sobre los grados de aplicación y sus consecuencias; desde los que estarían por la supresión total del financiamiento, a la que ayer se trepó también el PRI con su propia iniciativa, hasta los que plantearían recortes en la fórmula (como la ley Kumamoto de Jalisco), pasando por los detractores de suprimir el subsidio público alegando que se privatizaría la política, facilita la penetración de dinero de poder fácticos y rompe las condiciones de equidad.
Otro elemento central del sistema que ya entró a la agenda es la supresión del principio de representación proporcional, uno de los dos componentes del sistema de elección de cargos, el otro es el principio de mayoría. Mientras éste corresponde al procedimiento que concede el cargo al candidato que obtiene más votos sobre los demás competidores, la representación proporcional asigna los cargos por lista entre los partidos políticos, son los plurinominales. Ya se ha dicho que hay una sobre representación en los cargos de reparto plurinominal y ha habido proyectos para reducir su número, y obviamente el costo al erario. En el show de estos días, el PRI radicaliza su propuesta, eliminar los plurinominales en el Congreso de la Unión, 64 del senado y 200 de la Cámara de Diputados, y en las legislaturas de los estados. En Veracruz significaría suprimir a 20 diputados –que están más sobrantes que los 350 empleados de confianza que en el Congreso del Estado pretende correr Sergio El Bailador.
No está definido aún adónde va a llegar el repliegue de los privilegios de partidos políticos, lo cierto es que la sociedad exige una reducción sustancial del costo de las elecciones, del dinero que se obsequia a los parásitos de la política y de la sobre representación legislativa que igual grava el gasto público.
El delito de almacenar despensas
Completamente abusivo, aunque protegido por la legalidad venal del estado faccioso, el fiscal especializado para delitos electorales del gobierno de Yunes, Jaime Cisneros Gómez, por órdenes del fiscal general Jorge Winckler, irrumpió con orden de cateo en un domicilio en Medellín de rivales políticos del grupo gobernante en el estado.
Los agentes de la Policía Ministerial no encontraron explosivos, armas de uso exclusivo del Ejército o droga en la cochera, tampoco era una casa de seguridad de la delincuencia organizada; hallaron paquetes con víveres para damnificados, cientos de bolsas de plástico color beige sin logotipo partidista o publicitario, a diferencia de los oporyunistas de Yúnete, con identidad de campaña.
Con todo, cumpliendo la consigna encomendada, confiscaron los paquetes, tres vehículos, y aprehendieron a varias personas, entre ellas al ingeniero Juan Pinilla, esposo de Fabiola Balmori, la directora de Limpia Pública del Ayuntamiento de Veracruz.
La oficiosa Fiscalía para Delitos Electorales apresuró el operativo en respuesta a señalamientos hechos en redes sociales de que en ese domicilio la funcionaria municipal hacía acopio de “paquetes parecidos a despensas”, con fines electorales.
En lo que queda de libertades y seguridad jurídica en este país y el estado, no es un delito acopiar o almacenar despensas en domicilio particular, tampoco obsequiarlas si se quiere a personas necesitadas, afectadas por fenómenos naturales.
Por eso se ve excesivo, demasiado forzado el caso para presentarlo como delito electoral; y más para justificar una orden judicial de cateo. No se advierte ninguna evidencia que vincule el acopio con proselitismo, intercambio de alguna promesa de voto o desvío de recursos públicos. No faltan los que asuman que Balmori es un blanco político, es del PRI, relacionada con la ex presidenta municipal de Veracruz, Carolina Gudiño y con el padrino de ella, Fidel Herrera, competidores electorales del PAN en el Puerto, la conurbación Boca del Río y Medellín.
La falta de elementos para imputar un delito hace ver la acción de la Fiscalía no sólo arbitraria sino con trasfondo político, el aplastamiento y la intimidación a los adversarios del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Y eso que todavía falta para que aquí inicie el proceso electoral.
