Después de dos sexenios de resultados fallidos para recuperar la paz social, con los índices delictivos a la alza en todo el país, especialmente los homicidios, en una doble guerra –del Estado contra los cárteles y entre éstos grupos por el control del territorio–, hay la clara convicción de que se requiere modificar la estrategia nacional para el combate a la delincuencia organizada, aunque muchas reservas sobre la capacidad institucional para implementar un cambio eficaz.
La guerra iniciada por Felipe Calderón y continuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene para cuando acabar. El despliegue a la calle del Ejército y la Marina, asignándoles tareas de seguridad pública, modelo seguido en lo fundamental por el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta la promulgación reciente de la nueva Ley de Seguridad Interior, que legaliza la actuación militar, pese a una serie de planes complementarios para fortalecer a las policías del país, no acredita contundencia en los resultados.
La política de seguridad centrada en la captura de jefes o presuntos jefes de cárteles y de elementos de sus bandas dedicadas al narcotráfico y otros delitos –secuestro, extorsión, tráfico de personas, robos en distintas modalidades, incluido el floreciente de los ductos de combustible y al autotransporte–, no merma la presencia de la delincuencia organizada; al descabezamiento de una banda, hay otra que la sustituye, sea de la misma línea o de grupos rivales, tampoco se ha podido erradicar la infiltración de la delincuencia en los cuerpos policíacos, sean federales o de los estados, con todo y los planes de depuración, control de confianza y profesionalización.
Además del costo social. No sólo es que se aplica a los negocios por la inseguridad la resta en la inversión, sino también el creciente gasto público. Asociado al reforzamiento de las corporaciones militares y civiles, en estos 12 años los presupuestos públicos, el gasto federal y estatal, destinado a la seguridad pública se ha multiplicado. La guerra va para largo mientras los ciudadanos quedan en medio.
Con el inicio del nuevo ciclo político de renovación de poderes, los candidatos a la Presidencia de la República han comenzado a lanzar sus ofertas para combatir la delincuencia organizada en los próximos seis años.
Meade, de armas tomar
Esta semana, José Antonio Meade, de la coalición PRI-PVEM-PANAL, presentó un plan de cinco puntos contra la inseguridad. Se destaca de su propuesta la identificación como factor de inseguridad y violencia el tráfico de armas y el dinero de la delincuencia organizada, punto que resumió como objetivo: “Pegarle a la delincuencia donde le duele; incautar el dinero, los bienes y las armas del crimen organizado”. De acuerdo con su diagnóstico, la delincuencia organizada cuenta una cantidad de entre 500 mil y millón y medio de armas de fuego, equivalente o superior a las del gobierno mexicano. Aunque habló de aplicar tecnología y protocolos de investigación para impedir la internación clandestina de armas, otro cantar es poder lograrlo, especialmente cuando en el país vecino del norte las armas se venden casi en los supermercados. También se refirió a las tareas de inteligencia financiera, crear un sistema integral que permita identificar a los criminales, sus bienes y movimientos financieros. Este rubro, no desconocido, la Secretaría de Hacienda tiene un área especializada que tampoco ha podido desmantelar las finanzas y el lavado de dinero de la delincuencia organizada. Los tres puntos restantes, homologar leyes e instituciones en el país, fortalecer los cuerpos policiacos y reducir las desigualdades para desalentar el reclutamiento en la delincuencia, son comunes en los esquemas generales para reducir el delito.
El jingle de Anaya
Ricardo Anaya, de la coalición PAN-PRD-MC, no se quiso quedar atrás de Meade, y también lanzó su plan contra la violencia e inseguridad, aunque le salió apenas un jingle. Como spot lo redujo a tres puntos:
Más inteligencia, más tecnología y menos balas. Donde más tecnología son cámaras de video vigilancia, arcos
detectores, toda la inteligencia del estado para desmantelar las organizaciones criminales. Policía certificada –más de lo mismo– y una estrategia integral, un lugar común.
Cinco puntos de AMLO y una amnistía
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, de Morena-PES-PT, desde principio de año, cuando presentó a su “gabinete” y a quien sería su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, planteó cinco puntos contra la inseguridad, aunque todos de manera vaga y general; cambio de estrategia, no centrada en la violencia sino en la justicia; desarrollo económico, mando único, restablecer la Secretaría de Seguridad Pública (enclavada en gobernación, de nuevo con Peña Nieto), y la formación de un grupo de elite, la guardia nacional (como la Gendarmería de Peña, que es invisible). No incluyó esta ocasión la Amnistía a los delincuentes que le ganó la reprobación generalizada, exceptuada por sus adoradores.
