Dos años de impunidad del asesinato de Moisés Sánchez Cerezo

Jorge Sánchez Ordoñez, hijo de Moisés Sánchez Cerezo, sigue esperando que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR) haga su trabajo. Dos años de impunidad a dicha dependencia no le han bastado para mostrar su negligencia en un caso en donde sólo ha logrado detener a uno de los seis autores materiales, que es Clemente Noé Rodríguez Martínez –detenido el 26 de enero del 2015- y de los demás sólo tiene sus apodos. En el caso del prófugo de la justicia, ex alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Pérez nada se sabe. La incapacidad de la FEADLE se ha he hecho evidente en dos años, no ha logrado dar con su paradero.

Es cuando nos preguntamos: ¿En dónde están esos Policías Cibernéticos que tanto ha alardeado el gobierno de Enrique Peña Nieto y de la Fiscalía General del Estado que no han logrado ni proporcionar las sábanas de telefonía celular del ex alcalde y del hoy preso Clemente Noé Rodríguez?

Es ineludible que no existe compromiso alguno de ambas instancias para atrapar al autor intelectual y ni tampoco a los integrantes de ese comando armado que perpetró tanto el secuestro como el asesinato de Moisés Sánchez Cerezo. Para la familia de Jorge Sánchez Ordoñez y para él mismo, no ha sido fácil tener que conciliar el dolor por la pérdida del comunicador y observar que las autoridades que llevan las investigaciones de su asesinato, no tienen la voluntad de proceder legalmente en contra de sus asesinos y sobre todo, atrapar a los homicidas intelectuales, porque se puede presentir que fue más de uno.

Tampoco no tenemos que olvidar que los Policías Municipales y Estatales que participaron activamente en el secuestro del periodista de Medellín de Bravo al permitir la sustracción de oponer resistencia. También proceder en contra del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita quien protegió activamente para que sus elementos salieran bien librados de los señalamientos que la familia de Sánchez Cerezo hizo en contra de estos.

A las afueras de la Procuraduría General de la República (PGR) ubicada en la avenida JB Lobos en el municipio de Veracruz, medios de comunicación y colegas que han apoyado a Jorge Sánchez Ordoñez desde siempre, instalaron una manta en donde se apreciaba la imagen de Moisés Sánchez Cerezo y en la cual se leía la leyenda “Vivir con miedo no es opción ¡Justicia!” y aun lado de la lona colgada en el enrejado de la PGR, se instalaron también las fotografías en blanco y negro de Rubén Espinoza Becerril, Gabriel Huge Córdoba, Víctor Manuel Báez Chino, Anabel Flores, Juan Mendoza Delgado, Armando Saldaña Morales, Octavio Rojas Hernández, Gregorio Jiménez de la Cruz, Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Ángel López Velazco, Misael López Solana, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez y Regina Martínez Pérez. Ninguno con resultados favorables y todos coinciden en la impunidad hacia sus asesinos por parte tanto de la FGE como la FEADLE. Que decir de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal, el cual es, un literal elefante blanco y en donde sus “abogados” solo saben cobrar sus onerosos salarios.

Un dato revelador de Jorge Sánchez Ordoñez y que en lo personal causó mucha molestia, es que ni la amenaza de muerte que le realizaron en junio del 2016, donde le advertían que lo matarían si continuaba exigiendo sobre la muerte de su padre, hicieron algo al respecto. El hijo del comunicador luego de interponer una denuncia al respecto, la FEADLE para hacer la primera diligencia, le llevó tres meses para realizarla. De ese tamaño es la corrupción y negligencia que conforma dicha instancia.

Sánchez Ordoñez continúa viviendo en Medellín de Bravo. Rodeados de escoltas –un grupo que monta guardias las 24 horas a las afueras de su domicilio y otros más, para cuidar a toda la familia en las diligencias personales que está realiza para intentar llevar una vida “normal”.

No tan sólo asesinaron al padre, al esposo, al hermano, al abuelo de la familia Sánchez. Robaron la tranquilidad de toda la familia que vive entre sistemas de seguridad instaladas en su casa, monitoreo permanente, electrificación, que por cierto no paga la Secretaría de Gobernación ni el Mecanismo de Protección de la FEADLE, ni tampoco la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), sino la humilde familia que tiene que asumir el costo de la negligencia de la dependencia que no pretende hacer su trabajo y acabar de una vez por todas, el suplicio que ha representado para ellos este lamentable suceso. Bimestre tras bimestre, Jorge Sánchez tiene que “resolver” el elevado consumo de energía que por este sistema de electrificación que ha instalado “la autoridad” le provoca.

Otro punto es: ¿Cómo es posible que, supuestamente Mecanismo de Protección lleva un protocolo de vigilancia tanto para Jorge Sánchez y su familia, y no logró detectar de manera oportuna la amenaza de muerte que le realizaron por exigir el encarcelamiento de Omar Cruz Pérez? ¿De qué sirven sus mentados protocolos? Es totalmente evidente que la vigilancia montada no es para otra cosa que vigilar a la familia sobre sus acciones y sus actividades. Pues para otra cosa no han servido. Tampoco la “autoridad” federal como estatal, han ejecutado o procedido en contra de los asesinos tanto intelectuales como materiales que resolvieron secuestrar esa noche del 02 de enero del 2015 a Moisés Sánchez Cerezo y que después de 26 días desaparecido, procedieron a matarlo, dejando su cuerpo inerte en un paraje de Manlio Fabio Altamirano.

Miguel Ángel Aguilar Coto, fue el Ministerio Público Federal adscrito a la Mesa Primera del Sistema Tradicional de la Procuraduría General de la República que recibió a Jorge Sánchez Ordoñez el día de hoy, quien ingresó a las instalaciones de la dependencia, junto una comisión de periodistas. El servidor público indicó que la PGR delegación Veracruz no tenía competencia en llevar a cabo las investigaciones del asesinato de Moisés Sánchez Cerezo, ni tampoco dijo conocer el detalle de las mismas, pero indicó que enviaría un oficio a la FEADLE –quien es la que no ha hecho absolutamente nada- para que notifique al interesado –en este caso, Jorge Sánchez- sobre los avances de las investigaciones. Solicitó los nombres de cada uno de los periodistas que acompañaron a Jorge –no sabemos si para respaldar su “circular” o para “ficharnos” ante Miguel Ángel Osorio Chong- pero se “comprometió” con él, a enviar la misiva y también a darle a conocer la respuesta de la fiscalía –en el caso de que la hubiera- y para que dicha instancia federal se ponga en contacto con la familia de Sánchez Cerezo y dé los pormenores del caso.

“Nosotros en este caso somos ajenos a lo que es la Fiscalía Especializada (…) Somos delegación Veracruz, el actuar que llevamos es hasta tanto no haya alguna autoridad o Fiscalía Especializada en atraer o conocer el asunto (…) Aquí es directamente con ellos (…) Yo tengo aquí un dato, no sé si tú los tengas ya (…) Que la maestra, Laura Angelina Borbolla Moreno, en ese entonces fue quién solicitó la atracción de las investigaciones, (…) Fue el 03 de febrero del 2015 (…) Me gustaría sus nombres para hacer una tarjeta informativa para solicitar a la Fiscalía Especializada los avances del mismo” indicó.

En el recuento de los daños, los resultados de la FEADLE –si es que le podemos llamar así a su negligente actuar- es que actualmente sólo tiene un detenido de los seis autores materiales del secuestro y asesinato de Moisés Sánchez Cerezo y de los otros, sólo cuenta con sus apodos -pese a que fueron Policías Intermunicipales y están plenamente identificados-, a un año seis meses que la fiscalía federal atrajo las investigaciones, está exactamente estática y paralizada. Siguen igual o peor en el proceso.

Jorge Sánchez Cerezo indicó que pese a que la FEADLE se negó muchas veces a responsabilizarse de las investigaciones, el hacerlo finalmente fue porque un juez federal bajo un amparo promovió y consiguió que atrajera las investigaciones, muy a pesar de su renuencia para hacerlo. Dicha instancia federal desde octubre le solicitó a Luis Ángel Bravo Contreras –en ese momento titular de la FGE- que le proporcionará todo el expediente para proseguir con las investigaciones. Absurdamente este nefasto sujeto no quiso proporcionarle y ni tampoco la FEADLE le obligó legalmente hacerlo. Es desesperante observar cuando dos instancias se hacen cómplices y simplemente violentan la ley, porque no les da la gana actuar. Porque no les conviene hacerlo. La dolorosa y absurda impunidad vuelve a escupirnos la cara, a pisotearnos la voluntad y a demostrarnos que la ley se hizo para proteger a los más enfermos delincuentes que existen en la faz de la tierra, y que todos les llamados políticos.