Winckler, el fiscal que solo se defiende a sí mismo

El fiscal general del estado, Jorge Winckler, prometió justicia cuando asumió el cargo el 30 de diciembre de 2016, pero en dos años se convirtió en uno de los funcionarios más criticados en Veracruz tras una serie de yerros que contrastan con los escasos aciertos que difunde en medios de comunicación y hasta se le intentó llevar a juicio político, pero se libró de todo y se mantiene en el cargo.

Winckler ocupó desde principios de año parte de su tiempo para defenderse a sí mismo y ha logrado avances.

Se libró del enjuiciamiento político debido a que Morena no logró convencer a legisladores de otros partidos de sumar los votos necesarios para aprobar el procedimiento y aunque alargaron 14 días la sesión luego de que el 7 de febrero se dieron cuenta que no alcanzaban el respaldo de 35 diputados para su meta de destituir al fiscal.

El viernes 21 de febrero la sesión se reanudó, pero tampoco se reunieron los votos, el procedimiento se desechó y el caso quedó archivado, dando un respiro al egresado de Derecho de la UNAM convertido a fiscal por apoyo de su amigo, el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Sin el cobijo de Yunes, Jorge Winckler Ortiz, quedó en la cuerda floja cuando la mayoría de diputados de Morena en la LXV Legislatura hicieron pública su intención de llevarlo a juicio político, partiendo de dos denuncias legales que señalaban a Winckler de presunta comisión de los delitos de tortura y desaparición forzada.

El especialista en Derecho por la UNAM hizo de equilibrista y a la par que solicitaba amparos y esperaba la sesión del Congreso, comenzó una confrontación abierta con el gobernador emanado de Morena, Cuitláhuac García, responsabilizándolo de no cumplir sus obligaciones para mantener la seguridad de los veracruzanos.

Pero no es su única guerra, también enfrenta críticas de sectores vulnerados de la sociedad veracruzana.

Winckler se comprometió a hacer justicia para todos, incluyendo a los familiares de desaparecidos, que de acuerdo con el propio fiscal son 3,600 casos, aunque los colectivos señalan al menos 7 mil, mientras que la legisladora panista, María Josefina Gamboa, amiga del abogado del estado, señaló en 2018 que la cifra en Veracruz podría alcanzar los 15 mil casos.

Winckler se ha negado a dar una cifra oficial de desapariciones cometidas en el bienio de Yunes y ha sido acusado por los colectivos de familiares de conducirse de forma insensible al grado de ignorarlos y negarles apoyos para realizar las búsquedas.

En las cifras de todos los delitos hay discrepancias, como en los casos de secuestro, pues en 2017 reportó 172 casos, contra 343 que documentó la ONG Alto al Secuestro.

A su actuación se suma la desventaja humana y material con que la FGE enfrenta el delito en Veracruz.

Y es que la Fiscalía General del Estado tiene una plantilla de 904 servidores, pero ahí se incluye personal administrativo y los que están incapacitados, quedando corta para hacer frente a los 53 mil 989 delitos reportados, de los cuales 2,286 fueron homicidios dolosos que se registraron sólo en 2018, el último año de gobierno de Yunes Linares.

El escenario no favorece al fiscal originario de Oaxaca, pues de acuerdo con información proporcionada por la FIscalía General del Estado a ONEA, de ese total de delitos se han abierto un total de 213 mil 840 carpetas de investigación y 103 mil 308 están en trámite, lo que quiere decir que cada agente ministerial activo tiene una carga promedio de 114 carpetas sobre los hombros.

Esos servidores, perciben salarios de entre 8 mil y 18 mil pesos como agentes ministeriales, sirviendo jornadas de más de 48 horas por semana, mientras que los delitos siguen acumulándose.

El organismo reconoció a través de una solicitud de transparencia en 2017 un rezago de al menos 13 mil 850 expedientes, de un total de 55 mil 980 denuncias recibidas entre enero y septiembre de ese año del primer año de gobierno de Yunes.

Las cifras reflejan resultados escasos para una dependencia que goza de un presupuesto de 2,045 millones 29 mil 411 pesos anuales.

Que lo juzguen por negligencia criminal: Solecito

Uno de los sectores que más reclamos tiene contra el fiscal es de los familiares de desaparecidos, para quienes el funcionario ha incumplido sus funciones, además de que lo acusan de ofrecer tratos inhumanos y obstruir labores de los buscadores de restos humanos en fosas clandestinas.

Los integrantes de Solecito creyeron que Winckler haría justicia, pero ahora desean que se le enjuicie por negligencia criminal.

“Aunque no es lo principal en nuestra agenda, en Solecito tenemos la esperanza de que Winckler enfrente la justicia”, dijo a ONEA Lucía de Los Ángeles Genao, una de las voceras de esa agrupación.

Y es que sintieron que el fiscal las dejó en el abandono, bloqueó su trabajo y solo acudió a tomarse tomarse fotos para su registro personal a los sitios de fosas clandestinas como Colinas de Santa Fe, en la ciudad de Veracruz, lo que la entrevistada atribuyó a la dependencia que el funcionario de justicia tiene con Yunes Linares.

“Winckler fue una marioneta en las manos de Yunes y fue ajeno a la autonomía. Se sometió a Yunes y a su proyecto de dejar a su hijo en el gobierno del estado. Eso era muy claro, fue un fiscal totalmente codependiente de Yunes”, acusó.

Y sugirió que podría caer en prisión.

“Con Yunes se cometieron fallas, por eso el fiscal no se quiere ir de ahí, porque en muchos casos incurrieron en ejecución extrajudicial y tendrá una repercusión, por eso no quiere irse porque tiene mucho que tapar y con cualquier escarbadita saldrán cosas que pondrán al fiscal en donde puso a otros exfuncionarios (duartistas), en la cárcel”, manifestó.

En el periodo de Yunes Linares se detectaron 344 fosas clandestinas, que se sumaron a las 257 halladas entre 2011 y 2016, en las que se registraron 53 mil restos humanos, de acuerdo con cifras de la propia FGE y del Colectivo Solecito.

El avance de las autoridades no corresponde con la promesa de apoyo que se dio al inicio del bienio, pues en el caso de Colinas de Santa Fe, una de las fosas más grandes de todo el país, ubicada a la entrada oeste del puerto de Veracruz, se han hallado 339 cuerpos, y en dos años apenas se logró identificar 32, menos del 10 por ciento.

Por su parte, el colectivo Por La Paz, lamentó que no se atendiera uno solo de los 70 casos de desaparecidos que presentaron.

Los colectivos también le critican que no gestionara una retroexcavadora para agilizar la búsqueda de restos humanos en las fosas clandestinas halladas, o que se retirara el apoyo de alimentos para los brigadistas civiles que han logrado encontrar vestigios de cerca de 300 muertos que fueron desaparecidos y enterrados entre 2009 y 2016, los sexenios de los priistas Fidel Herrera y Javier Duarte.

Presuntos culpables, libres por mala integración de expedientes

La mala integración de carpetas de investigación por parte del equipo bajo el mando de Jorge Winckler, ha permitido que presuntos delincuentes queden en libertad, desde bandas dedicadas al robo de casa-habitación, hasta exfuncionarios acusados de enriquecimiento, desvío de recursos y delitos como desaparición forzada.

Una de las primeras fallas de la fiscalía quedó en evidencia con la liberación de cuatro ciudadanos peruanos acusados de robo a casa-habitación, detenidos en marzo de 2017, que fueron absueltos días después por la juez de control Verónica Portillo Suazo, quien determinó que la FGE no realizó una correcta descripción de los hechos ni integró adecuadamente la carpeta de investigación.

Un año más tarde, Winckler justificó la ejecución de dos estudiantes, de 14 y 16 años, a manos de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en la zona de Orizaba.

En cuestión de horas, el fiscal aseguró que las jóvenes no eran estudiantes y que los tatuajes que tenían eran evidencia suficiente para vincularlas con el líder huachicolero que opera en esa zona, Roberto Santos de Jesús, alias “El Bukanas”.

Con amparos, se apuntala en el cargo

Con la sombra de la destitución sobre la cabeza, Jorge Winckler, optó por los amparos como estrategia para apuntalarse en el cargo y aunque ha presentado seis, solo uno prosperó pero es el más importante pues le permitirá enfrentar desde su silla de fiscal todos los intentos del Congreso local para obligarlo a renunciar.

Unos días antes del 7 de febrero cuando se discutió por primera vez en el pleno del Congreso de Veracruz la viabilidad de someterlo a juicio político, el abogado oaxaqueño fue notificado de que el Juzgado Primero de Distrito, es decir la justicia federal, ordenó suspender cualquier intento para removerlo de su cargo.

Y es que además del juicio político, Winckler Ortiz está en la mira de los diputados opositores al Partido Acción Nacional (PAN), que el 29 de noviembre de 2018 aprobaron una reforma constitucional al artículo 67, fracción I, inciso d, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que permite a los diputados locales remover al fiscal.

En total, Winckler Ortiz ha promovido seis juicios de amparo desde que en noviembre de 2018 el Congreso local con mayoría de legisladores de Morena, lo acusó de desatender sus funciones y de ser un empleado del panista Miguel Ángel Yunes Linares, de quien no sólo ha sido abogado personal, sino que lo impulsó para llegar a la titularidad de la FGE.

El origen de la confrontación

Las fricciones del fiscal Jorge Winckler Ortiz con el gobierno de Cuitláhuac García y los legisladores emanados de Morena, tiene su origen en una abierta confrontación entre el ahora presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares,

Yunes y AMLO intercambiaron insultos, aquel llamó “loco” a Obrador y la respuesta del tabasqueño fue tildar de ladrón a Yunes.

Winckler

A Winckler Ortiz se le ha señalado de ser un empleado de Yunes y que su ejercicio ha estado supeditado a las órdenes del político panista.

Antes de ser fiscal, el 30 de noviembre de 2016 se le designó como encargado de la FGE después que el organismo quedó acéfalo por la renuncia de su antecesor Luis Ángel Bravo, actualmente preso por presunta responsabilidad en delitos de desaparición forzada, cometidos en el sexenio del priista Javier Duarte (2010-2016), quien también fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión por delitos de enriquecimiento y desvío de recursos públicos.