Gobierno de Veracruz asume desaparición forzada y tortura en caso Tierra Blanca

El gobierno de Veracruz asumió la responsabilidad institucional por la desaparición forzada y posteriores actos de tortura y ejecuciones de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, en enero de 2016, y ofreció disculpas públicas por estos crímenes. Ante ello, los padres de las víctimas reconocieron este acto como un primer paso, pero advirtieron que no estarán satisfechos hasta alcanzar justicia.

Este lunes, se realizó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del gobierno de Veracruz por la desaparición de José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibio, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arrinoz. En ese marco, el mandatarios estatal, Cuitláhuac García, se comprometió a llegar al fondo de los crímenes.

"Todos deben saber que policías de Veracruz detuvieron arbitrariamente y desapareciendo de manera forzada a sus hijos (...) Hoy reconocemos públicamente la responsabilidad del estado y su gobierno, les ofrezco una disculpa por el actual de la policía, por elementos de seguridad que debían proteger a sus hijos e incumplieron la ley y si causa justificada se los llevaron y entregaron a presuntos miembros del crimen organizado", señaló el gobernador.

José Benítez, padre de José Benítez de la O, resumió en unas cuantas palabras la rabia y frustración que ha generado la impunidad de este caso, conocido como Tierra Blanca, en las familias. "Estoy harto de mentar madres. Han sido mil 158 días del mismo pesar".

Exigió que las indagatorias se lleven a la última consecuencia, incluida la cadena de mando, a fin de que todos los responsables sean sancionados. Confió en el nuevo gobierno tanto estatal como federal: "Veo en las nuevas autoridades una disposición que no mostraron las anteriores".

Carmen Caibo, madre de Susana (quien tenía apenas 16 años en el momento de los hechos), subrayó que el gobierno "no puede permitir nunca más que la policía, que debería protegernos, trabaje con el crimen organizado".

El mandatario estatal fue el último en tomar la palabra, recordó que este acto se realizó en respuesta a la recomendación por violaciones graves a las garantías fundamentales emitida en Julio de 2017 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a un reporte técnico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Asumir la responsabilidad y disculparse públicamente con las familias representa el inicio de un proceso que llegará a la verdad, la justicia y la reparación de las familias. "Es una disculpa por la impunidad a la que ustedes como familias se enfrentaron por la falta de una respuesta estatal diligente. es una disculpa por las veces en que se intentó criminalizar a sus hijos y sin justificación alguna se les señaló falsamente (al relacionarlos con el crimen organizado)".

Indicó que su gobierno reconoce esta responsabilidad y por tanto actúa en consecuencia. "Este acto público busca ser ejemplo de nuestra convicción de poner a los derechos humanos en el centro de nuestro actuar".

Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arrinoz, enfatizó que para las familias, en Veracruz las instituciones son parte del crimen. Subrayó que si el gobernador no cumple con su palabra, "corre el riesgo de convertirse en cómplice".

En el acto, también estuvo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien dijo que el acto representó un reconocimiento a la intensa lucha de estas familias por acceder a la justicia y la verdad y de reivindicación de cinco jóvenes inocentes víctimas de la criminalidad y de la violencia "en un país donde el Estado no ha garantizado la seguridad e integridad de sus habitantes".

A nombre del gobierno federal, asumió la responsabilidad de atender el reclamo de las familias para alcanzar plenamente verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Aseveró que México "ya cambió", y como un primer paso el gobierno federal asume la responsabilidad para garantizar y llegar a la justicia en el casi, al igual que brindar seguridad y la protección de la vida de todos los mexicanos.

En el acto estuvieron presentes las familias de los cinco jóvenes, su abogado y representantes de diversas organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez -quien los ha acompañado en este proceso-, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las NAciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab; el titular de la CEAV, Jaime Rochín; el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava; Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, entre otros.