El fiscal anticorrupción de Veracruz también debe irse: ONEA México

Hasta enero de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE), entonces a cargo de Jorge Winckler Ortiz, removido de su cargo el pasado 03 de septiembre, había reportado un total de 103 mil 308 carpetas de investigación iniciadas, de las cuales 40 mil 094 habían sido determinadas como archivo temporal y solo 4 mil 316 delitos habían sido consignados (4.18 por ciento).

Estas cifras, proporcionadas por la misma Fiscalía, revelan la cifra de impunidad que se vive en el estado, y que los delitos, solo los que se denuncian, sobrepasan a las autoridades encargadas de resolverlos, lo que se traduce en una impunidad dolosa que afecta terriblemente a la ciudadanía.

La entidad presenta un déficit de legalidad injustificable. Con un índice de más del noventa y nueve por ciento de impunidad, se ubica como uno de los estados de la República en la que, tras la comisión de un delito, es poco probable que se sancione a los infractores, se repare el daño a las víctimas e impere el Estado de Derecho.

Este fenómeno no es reciente, es cierto, pero está indisolublemente asociado a la corrupción que nuestros gobernantes, en todos los órdenes, han jurado combatir y erradicar en un futuro que, al parecer, no se ve cuándo llegará.

Mientras tanto, en Veracruz, en el Ministerio Público debuta una encargada de despacho en una estructura compleja que se había vuelto ineficiente y, peor aún, indolente ante el reclamo social. Pero los cambios tienen que ser más profundos todavía: si el vértice de los males de este Estado es la corrupción, deben también consolidarse cambios profundos en la Fiscalía Anticorrupción, de cuya actuación, poco o nada se sabe, como no haya sido su intención de proceder con intereses claramente políticos, pero sin procurar justicia en torno de este fenómeno, cada vez más normalizado.

El titular, Marcos Even Torres Zamudio, impulsado por el mismo Winckler Ortiz, recibió en julio pasado 300 mil pesos, hecho que expuso y reprobó la nueva encargada de la FGE, alegando que estos excesos se terminaron.

Así pues, ante la nula procuración de justicia en Veracruz, el punto de partida para corregir es simple: se tienen que ir todos, aseguró el abogado y consejero de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), Juan José Llanes Gil.