 |  |  |  |  |
|
| ||||
| | | | |
|
| ||||
En los últimos años cientos de atletas han alzado la voz denunciando abusos que han sufrido a lo largo de sus vidas y que han callado por años por miedo a que el ruido que podían generar destruyera sus propias carreras. Desde los casos de las gimnastas estadounidenses que enviaron al médico Larry Nassar a prisión con su testimonio, hasta las denuncias contra entrenadores de fútbol infantil y femenino en Europa y Sudamérica, los ejemplos se acumulan en cada deporte y país. Es evidente que hay una línea que une todos estos ejemplos y un extenso informe publicado por Transparency International parece dejarlo en evidencia.
El organismo que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política internacional se dedicó a estudiar el sistema de las instituciones deportivas para comprender cómo era posible la existencia de tantos casos similares en diversas partes del mundo, muchos de ellos vinculados a la extorsión sexual. En este tipo de hechos siempre es el poder ejercido desde un superior el que termina siendo determinante para que la víctima no sólo sufra el horror de entregar su cuerpo, sino además de callarlo por años.
On your marks, set Stop: Understanding and Ending Sextortion in Sport (En sus marcas, listos, paren: Comprender y terminar con la sextorsión en el deporte) deja en claro que la sextorsión -como se la denomina- forma parte del abuso sexual y de la corrupción. Es en estos casos en los que una persona con autoridad (entrenador, dirigente, político o mandamás de un organismo), promete beneficios al atleta a cambio de mayor presencia en el terreno de competencia, un lugar de preponderancia en el equipo o incluso becas.
El informe utilizó ejemplos de varios países y descubrió que en Alemania uno de cada tres deportistas de élite encuestados sufre -o sufrió- violencia sexual. Además, si la consulta se limita a las mujeres, los números son aún más alarmantes. Según la explicación de Sylvia Schenk presidenta del grupo que recogió información en el país europeo, esto se debe principalmente “la falta de control y de responsabilidad en todos los niveles de las organizaciones deportivas”.
“La sextorsión tiende a pasar desapercibida en gran medida. Los afectados suelen enfrentarse al estigma social y los tabúes culturales y, a menudo, es difícil probar el abuso. En muchos casos, no existen mecanismos de denuncia seguros y sensibles al género que puedan brindar el apoyo que las sobrevivientes/víctimas de abuso sexual a menudo necesitan”, señala el estudio.
Además, deja en claro que en los entes deportivos los cargos más importantes suelen estar ejercidos por hombres y existen factores “estructurales” que convierten a los clubes u otros organismos en lugares propensos para que la sextorsión no solo tenga lugar sino que además quede impune.
Entre los puntos claves que remarca el informe sobre por qué esto sucede, se destacan: la falta de control de entes internacionales e independientes, la ausencia de presión externa y la naturalización de las relaciones interpesonales. Este último aspecto está vinculado a la cercanía entre entrenadores y atletas, quienes conviven incluso más que con sus propias familias. “A menudo (estas relaciones) se caracterizan por la dependencia y límites poco claros, conllevan riesgos específicos de abuso sexual (...) Estas dependencias se ven reforzadas por una cultura deportiva que promueve valores como la resistencia y la lealtad, y en la que rara vez se cuestiona la autoridad y el estatus de experto de los entrenadores y otros actores influyentes”.
Esto, sumado a que los propios deportistas suelen poner al equipo o a sus carreras por delante de cualquier abuso, ha creado una especie de “cultura del silencio”, según afirma el informe que culpa directamente a las entidades deportivas por proteger su reputación en lugar de ayudar a las víctimas.
Para terminar con este sistema que parece atravesar a todos los deportes, Transparency International recomienda la inclusión de mujeres en roles claves del deporte (sobre todo como entrenadoras), el establecimiento de protocolos y códigos de conductas para clubes y organismos vinculados al deporte, que las denuncias sean investigadas por entes independientes y el apoyo de gobiernos y de la sociedad para las víctimas, entre otros aspectos.
