Insta ONU a gobiernos romper relaciones con Bashar al Assad

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, llamó hoy a los gobiernos a romper sus lazos políticos con el gobierno de Bashar al Assad y les instó a tomar medidas efectivas para proteger al pueblo de Siria.

La Alta Comisionada consideró de "extrema urgencia" que tal como lo han hecho ya los países de la Unión Europea, del Golfo Pérsico y Estados Unidos, los gobiernos del mundo deben dar por terminadas sus relaciones con el país árabe.

En opinión de Pillay el fracaso de la reunión del Consejo de Seguridad en el que Rusia y China vetaron la resolución sobre las sanciones contra el gobierno de Damasco, "parece haber avivado la disposición del gobierno de masacrar a su propio pueblo en su objetivo de aplastar la disidencia".

"De acuerdo con testimonios de fuentes locales, así como los informes de los medios de comunicación independientes de Homs, el ejército sirio ha aumentado considerablemente el uso de tanques, helicópteros, morteros, cohetes y fuego de artillería para atacar zonas civiles", alertó Pillay en un comunicado en Ginebra.

Pillay aseguró tener informes que indican que los hospitales, que ya estaban luchando para hacer frente para atender a los heridos en las últimas semanas, están desbordados y el acceso es muy difícil.

Además, voluntarios han establecido clínicas improvisadas en toda la ciudad sitiada, con muy pocos suministros médicos e incluso sin nada.

Uno de estos hospitales, en el barrio de Bab Amr fue bombardeado el lunes ocasionando varias víctimas, informó ACNUDH.

"Además de los continuos abusos generalizados de derechos humanos, me temo que la situación humanitaria se ha deteriorado significativamente en muchas partes del país en los últimos meses, y en particular en Homs, donde varias partes de la ciudad han sido aisladas o sitiadas por largos períodos de tiempo”, agregó Pillay.

"En los últimos once meses, desde el inicio de la brutal ofensiva del gobierno contra la mayoría de las protestas pacíficas en Siria, miles de manifestantes y civiles han sido asesinados, heridos, detenidos, torturados y desaparecidos por la fuerza", sostuvo la Alta Comisionada.

"Toda la evidencia apunta a la participación del ejército sirio y las fuerzas de seguridad en la mayoría de estos crímenes. A la luz de su naturaleza y por su escala, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, penado por el derecho internacional", valoró la juez sudafricana.

"No obstante, los que están en comando deben recordar que no hay estatuto de limitaciones para crímenes internacionales, y habrá un esfuerzo sostenido durante todo el tiempo que sea necesario para que se haga justicia a todas las víctimas de los delitos graves y sistemáticos que ocurren hoy en Siria", advirtió.

"En la Cumbre de 2005, los líderes mundiales acordaron por unanimidad que cada Estado tiene la responsabilidad de proteger a su población de los crímenes de lesa humanidad y otros crímenes internacionales", recordó Pillay.

Asimismo subrayó que cuando un Estado no protege a su población de graves crímenes internacionales, la comunidad internacional en su conjunto tiene la responsabilidad y el deber de intervenir mediante la adopción "de medidas de protección de manera colectiva, oportuna y decisiva", agregó.

Para Pillay el resultado del Consejo de Seguridad fue una especie de "carta blanca" otorgada al gobierno sirio que "traiciona el espíritu y la palabra de esta decisión unánime”.

Y reiteró que mientras tanto "se está privando a la población de la protección que necesitan con tanta urgencia".

Una Misión de Investigación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y una comisión de investigación independiente han documentado las violaciones en Siria y llegaron a la conclusión de que se pudieron haber cometido crímenes contra la humanidad desde mediados de marzo de 2011.

La Comisión de Investigación también concluyó que estos abusos deben haber sido perpetrados con la aprobación o complicidad de las autoridades, y al parecer "llevada a cabo de conformidad con una política de Estado".

En agosto y diciembre de 2011, la Alta Comisionada alentó al Consejo de Seguridad para referir la situación en Siria a la Corte Penal Internacional, pero sus recomendaciones no fueron escuchadas.