Familiares de desaparecidos se quejan de la CEDH de Veracruz

A un mes de la desaparición de los jóvenes Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo, en el municipio de Papantla, los familiares exigieron al gobierno de Javier Duarte que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se aparte de las investigaciones y deje de “proteger” a los ocho policías detenidos por desaparición forzada.

Según los padres de los desaparecidos, han pasado 22 días de la detención de los policías y éstos se han apegado a su derecho a no declarar, por lo que ahora piden a la autoridad que sean los propios familiares a los que se les permita entrevistarse con los uniformados para saber a dónde se llevaron a sus hijos y a quiénes se los entregaron.

“Los (organismos de) derechos humanos solo vienen a fregar todo esto, porque defienden a los delincuentes y a nosotros, que somos los afectados, no. Quisiera que se retiraran de esto”, dijo a MILENIO Blanca Ninfa Cruz, mamá de Alberto Uriel.

“¿Por qué el juez no los hace confesar a dónde los dejaron? Nos dicen que ellos no los pueden torturar, porque derechos humanos lo echa todo para atrás, pero nosotros necesitamos saber, está pasando el tiempo. Ahora como dice el fiscal que no pueden intervenir y golpear porque derechos humanos se mete, pienso que debemos interrogarlos”, agregó Alberto Cruz, padre de Alberto Uriel.

Los familiares se organizan para realizar un plantón ante la fiscalía o en el centro de Papantla y a su causa se les han unido los padres de Pedro García Hernández, de 32 años, reportado como desaparecido el 7 de agosto de 2015, levantado presuntamente por policías estatales.

“Yo siento coraje por la policía estatal... mi hijo era el mejor hijo, era deportista y siempre estaba al pendiente de nosotros y sus hijas. Su único vicio era su escuela, porque terminó la carrera de Ingeniería ambiental y estaba juntando para titularse”, contó su madre, Obdulia Hernández.

LA INDAGATORIA

Una de las líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado son cuatro fotografías donde se aprecia a Alberto Uriel portando un arma. Su madre las conoce, dijo que fueron sacadas de su perfil de Facebook y que en su momento le llamó la atención y las bajó.

“Esa foto, según me contó, fue cuando conoció a un chavo en un antro y anduvo rolándola el fin de semana; me contó que se conocieron, lo vino a dejar a casa y como traía esa arma se la pidió para tomarse una foto y presumirla”, explicó Ninfa Cruz.

Sin embargo, aceptó que su hijo “hace como dos años, estuvo en malos pasos”. Refirió que se iba todo el día y no se le veía hasta la noche, “siempre le preguntaba a dónde iba, pero no me decía nada, ahí supe que andaba en malos pasos.

De hecho, revisaba su habitación para identificar algo sospechoso, pero lo único que encontró fueron colillas de cigarros de mariguana.

En otra de las fotografías aparece su hermano mayor, Luis Gerardo Pérez Cruz, El Mutante, presuntamente vinculado con un cártel, actividad a la que su padre Alberto Pérez reconoció que se dedicaba su hijo.

“Si mi hijo debe algo que lo pague. Y si se lo comprueba, que lo metan a la cárcel. Mientras no lo criminalicen. ¿Quién es más delincuente: el que robó o porta un arma o el que hizo que los desaparecieran?”, cuestionó Ninfa Cruz.

En otra de las imágenes, Alberto Uriel porta un arma en compañía de su novia Brisa, la única testigo, y quien denunció las tres patrullas, la 060, 061 y 084, hoy aseguradas, que persiguieron y capturaron a los jóvenes.

Hoy, Brisa, de 17 años, se ha convertido en testigo protegido por dos amenazas de muerte que ha recibido, por lo que dos elementos de la policía ministerial y estatal la cuidan las 24 horas del día.

Así se cumplieron 30 días de la desaparición de tres jóvenes en Papantla.

"LOS PORKYS" ENFRENTAN CARGOS POR PEDERASTIA

De los tres jóvenes conocidos como Los Porkys contra quienes fueron giradas fichas rojas de la Interpol para ser localizados y capturados, Diego Cruz y Jorge Cotaita son acusados de pederastia agravada, por lo cual pueden ser sentenciados de 12 a 40 años de prisión.

Así lo dio a conocer Jorge Winckler, abogado de Daphne, la joven que denunció a los muchachos por violación y cuyo caso se dio a conocer a través de las redes sociales en semanas recientes, aunque los hechos ocurrieron en enero del año pasado.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el litigante explicó que Enrique Capitaine es acusado de pederastia simple, lo que se castiga con entre seis y 20 años de prisión. La pederastia “se considera agravada cuando es tumultuaria, realizada por dos o más personas”, explicó.

Señaló que Gerardo Rodríguez, otro del grupo implicado, no tiene una orden de aprehensión porque supuestamente no agredió a la joven. El expediente “señala que es porque él no cometió el delito como tal, ya que estuvo presente en los momentos que se da el hecho, pero no tuvo una conducta activa en la agresión sexual. Estuvo ahí desde que la menor fue subida hasta que fue trasladada a un auto y luego a un domicilio particular”. Winckler aclaró que en materia penal no solo se sancionan los delitos, sino las omisiones.