All Star, mina de oro para fiscal: clausura antro-bar a cambio de dadivas
+ Siendo este uno de tantos casos de corrupción al interior de la sub unidad de la fiscalía en Martínez de la Torre.
Zona Norte
Juan Carlos Jiménez Benavidez - 2016-04-24
A un mes de que se suscitara un hecho de sangre al interior de un antro-bar en esta ciudad, este sigue cerrado y no por órdenes de ejecución fiscal del ayuntamiento local, quien sería la instancia de sancionar o en su caso aplicar una multa administrativa por los hechos sucedidos, sino por órdenes de fiscal de la sub unidad de la FGE, Juan Martin Ulloa Hernández.
Ordenes que fueron ejecutadas por el personal de la misma sub unidad, debido a que hay interés económicos de por medio por parte del fiscal en turno, debido a que los sellos que permanecen en el lugar son oficial de la Fiscalía General del Estado.
Esto debido a que tras diversas indagatorias se ha logrado saber que este antro-bar sigue cerrado porque los propietarios del mismo no han depositado o pagado una sanción al fiscal, cantidad que oscila entre los 40 y 50 mil pesos, supuestamente por los hechos de sangre suscitados.
Cayendo esto en una extorción hacia los propietarios del inmueble debido a que no es la figura jurídica en solicitar este tipo de cantidades económicas para la reapertura del lugar.
Debido a que las pruebas periciales ya han concluido, además de que los familiares de los occisos no han solicitado ningún cargo en contra del propietario, encargado o trabajadores del antro.
Por ello es necesaria la atención del Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien le está perjudicando esta situación toda vez que Ulloa Hernández asegura que la clausura o cierre del lugar obedece a órdenes superiores de la FGE y donde requieren dicha cantidad para que pueda darse la reapertura del lugar.
Siendo este uno de tantos casos de corrupción al interior de la sub unidad de la fiscalía en Martínez de la Torre, habiendo en puerta otros más que están siendo investigados y donde de por medio hay importante sumas de dinero que van desde los 50 hasta los 150 mil pesos para que los afectados puedan tener una solución a sus carpetas de investigación.