Una joven doctora, con acento inconfundible de Chihuahua, me dijo: “este gobernador sí nos representa”. Lo que es mucho, habida cuenta de la falta de credibilidad de los políticos. En su libro El miedo a gobernar: la verdadera historia del PAN, Carlos Arreola sostiene que el ADN de Acción Nacional está en ser oposición y que difícilmente se acomoda en las tareas del poder. Javier Corral ha encontrado la fórmula que salva ese dilema: gobernar desde la oposición —obviamente no contra sí mismo, sino en lucha contra el poder federal—.
Una de las manifestaciones más patológicas del gobierno de Peña Nieto es la permisividad otorgada a los gobernadores para el ejercicio irresponsable del poder y el enriquecimiento personal, mediante el empleo abusivo de los recursos públicos. A esos mandatarios se les trata como niños chiquitos: se le deja destruir todo, con tal de que no molesten a los adultos. Son los casos de los ex-titulares de Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua, que no acaban de ser sancionados y que prueban a gritos la ruina moral del partido que los postuló.
Así ocurre la paradoja mayor de las relaciones federativas en el país. Por una parte el gobierno nacional ha centralizado decisiones fundamentales en materia de seguridad, electoral, educación, hacienda y obra pública, mientras que la enorme mayoría de los gobiernos locales siguen cometiendo todo género de desmanes. Proliferan las denuncias en contra del enriquecimiento ilícito de gobernadores y presidentes municipales, colusión con el narcotráfico y más recientemente la triangulación de recursos provenientes de la Federación para que sean transferidos a campañas electorales a favor del partido oficial.
Esta ha sido la principal causa del encono de la administración federal vs. el gobierno de Chihuahua. En diciembre se hicieron públicas las acusaciones del gobierno de esa entidad contra operadores priístas, algunos de ellos vinculados con su candidato presidencial, José Antonio Meade. Ello ha provocado que la SHCP incumpla la entrega de recursos extraordinarios, previamente acordados, como evidente represalia a la investigación que Javier Corral realiza por la malversación de recursos federales de su antecesor. Lo anterior revela la perversidad de un sistema fiscal, cuyas participaciones a los gobiernos locales se rigen por la regla primitiva de la zanahoria y el garrote.
La caída del sistema de partido hegemónico no condujo a una genuina transición democrática. En vez de intentar una transformación profunda del federalismo mexicano —como lo propuso la Comisión para la Reforma del Estado—, Fox se asoció con los gobernadores heredados del antiguo régimen, al tiempo que éstos implantaban sus huestes en el Congreso de la Unión, y en lugar de un sistema de responsabilidades compartidas se estableció uno de contubernios.
Los gobernadores se apropiaron de los espacios de poder en sus territorios ante el silencio cómplice de los Congresos locales, la indefensión de los ayuntamientos, el sometimiento de jueces y magistrados, así como la subordinación de los organismos “autónomos” en materia de derechos humanos, transparencia y de rendición de cuentas. Durante esos años se consolidó la Conferencia Nacional de Gobernadores, que supuestamente era un órgano horizontal destinado a colocar en un plano de igualdad al conjunto de las autoridades estatales con el gobierno federal —lamentablemente los municipios fueron excluidos—. El tema central que debía atacar la Conago era precisamente un nuevo sistema fiscal de la Federación, me invitaron a impulsarlo en la reunión de Boca del Río en abril de 2003. La cuestión fue debatida y ampliada en diversas reuniones, pero jamás se hizo un planteamiento serio que pudiera haber desembocado en reformas constitucionales a partir de la facultad de iniciativa de las legislaturas locales.
Más allá de la imagen icónica del gobernador de Chihuahua, marchando con la bandera nacional hacia la capital de la República en recuerdo de la reforma iniciada por Juan Álvarez y de la Revolución promovida por Venustiano Carranza; estamos obligados a plantear un nuevo régimen de distribución del poder. El ideal de El Federalista: “Una gran República Federal unida en aras de un interés común, con tranquilidad y prosperidad en su tierra y respetada en el exterior”.
Comisionado para la reforma
política de la Ciudad de México
