Derrumba SCJN el débil blindaje de Duarte

Desde que trascendió que la Legislatura de Veracruz discutía y, por supuesto, aprobaría las leyes en materia anticorrupción, propuestas por el ejecutivo estatal, el tema causó rechazo en diferentes círculos políticos y sociales, incluso en el gobierno federal, dado que dicha reforma fue vista como una especie de blindaje a modo para el gobernador saliente, Javier Duarte.

El pasado 19 de mayo, el Congreso de Veracruz aprobó la reforma constitucional que creaba la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado.

El 10 de junio, 22 días después de su aprobación, el gobernador Javier Duarte promulgó dicha reforma constitucional.

Las reformas aprobadas por los diputados que integran la presente Legislatura y promulgadas por el gobernador, no sólo consideraban la creación de la Fiscalía Anticorrupción, sino el nombramiento del contralor General del Estado, con el voto de dos terceras partes de los legisladores locales; así como un Comité Coordinador Anticorrupción que sería integrado por representantes del Orfis, de la Fiscalía, de la Contraloría y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El problema para esas modificaciones radica en que mientras el gobernador Javier Duarte promulgaba dichos cambios, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión estaba sesionando, precisamente, sobre el tema de las leyes anticorrupción; de hecho, el periodo extraordinario convocado para dicho fin en la Legislatura Federal no inició sino hasta el 13 de junio, tres días después de la promulgación de Duarte.

El 18 de junio, el presidente Peña Nieto promulgó el paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ante la irritación por el intento de madruguete de las autoridades veracruzanas, y sobre todo ante la molestia que generó lo que fue interpretado como un intento de blindaje a la salida del gobernador Javier Duarte, la Presidencia de la República, a través de la PGR, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el congreso veracruzano por aprobar leyes anticorrupción a modo.

Igual ocurrió en los casos de Chihuahua y Quintana Roo, donde los gobernadores salientes, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo, también intentaron adelantarse a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, señaló que el recurso presentado por la PGR obedeció a una instrucción directa del presidente Peña Nieto, en virtud de que “ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de gobierno puede estar al margen de la ley”; con ello, quedó perfectamente clara la posición en que fue ubicado el gobierno veracruzano, el ejecutivo y la legislatura local, cuyos integrantes quedaron reducidos a comparsa en el intento de Javier Duarte por aprobar un blindaje a modo.

Ese anuncio sobre el recurso de inconstitucionalidad fue realizado el 11 de julio; unos días antes, el 30 de junio, el congreso de Veracruz aprobó la creación de la sala Anticorrupción del Poder Judicial, cuyos magistrados integrantes fueron propuestos por el gobernador Duarte de Ochoa.

Pues bien, en el seguimiento de ese caso, este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón a la Federación y echó abajo, por unanimidad, las leyes anticorrupción que fueron aprobadas en los estados de Chihuahua y Veracruz.

Con ese fallo, la Suprema Corte puso en evidencia al Congreso del estado, que terminó muy mal parado en su intento por aprobar todo lo que salía de la oficina del gobernador.

La Legislatura local, se dijo este lunes, violó la reforma constitucional de 2015, al carecer de competencia para legislar en la materia; en pocas palabras, los diputados locales fueron ridiculizados porque no tenían la facultad de emitir leyes anticorrupción, con sistemas locales, pasando por alto la legislación federal, que todavía no estaba creada.





Acataremos el fallo: Duarte; ¿hay de otra?

Así de frágil y débil resultó el intento de blindaje a la salida del gobernador Javier Duarte, quien por cierto, muy a su estilo, a través de Twitter, respondió así a la determinación de la Suprema Corte: “El estado libre y soberano de #Veracruz acatará y respetará en todos sus términos la decisión de la @SCJN”.

Por supuesto, en el mismo tono fue la declaración del secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, quien ante los micrófonos de una estación de radio del puerto de Veracruz, como abogado que es, sostuvo: "estamos sujetos a lo que la Corte determine… la Corte tiene entre sus atribuciones interpretar las leyes, y si la Corte toma esta decisión, nosotros no solo la acatamos, sino que también la respetamos".

El tema es que con o sin el respeto de Duarte y de Flavino, la SCJN determinó que la ley veracruzana en materia anticorrupción no procede; ese fallo, como todos los de esa naturaleza, no es inapelable; es decir, las sentencias en acciones de inconstitucionalidad tienen efectos generales y, por tanto, la ley aprobada por la Legislatura del Estado y promulgada por Javier Duarte el 10 de junio, no tiene vigencia ni se puede aplicar. Decir que “Veracruz acatará y respetará en todos sus términos la decisión de la @SCJN” es una obviedad, y un lugar común que intenta matizar, maquillar el golpe que le propinaron desde la Federación. @luisromero85