Duarte, con un nuevo flanco abierto

La llegada del senador veracruzano Héctor Yunes Landa a la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara Alta no es una buena noticia para el gobernador Javier Duarte de Ochoa, cuya administración ha sido sumamente cuestionada y acusada por la Auditoría Superior de la Federación; e investigada por la Procuraduría General de la República y por el Sistema de Administración Tributaria.

Para nadie es un secreto la distancia y hasta el enfrentamiento entre ejecutivo estatal y el senador Yunes Landa, quien se ha referido de manera pública al daño que ocasionaron la imagen y el desgaste de Duarte de Ochoa a la pasada campaña priista a la gubernatura de la entidad.

Las diferencias entre Javier Duarte y Yunes Landa ya eran marcadas y diversos medios de información lo han consignado; antes de la campaña, por ejemplo, el gobernador veracruzano hizo todo lo que pudo por cerrar el paso al senador y evitar que asumiera la candidatura del PRI al gobierno del estado; Duarte, sin embargo, no logró evitar esa postulación; lo que sí pudo fue escatimar el apoyo a dicha campaña; por si fuera poco, el desgaste y las acusaciones contra el ejecutivo estatal, precisamente por presuntos actos de corrupción, terminaron por golpear al tricolor y, de rebote, a su candidato a gobernador.

Ya al finalizar el proceso electoral y con el resultado adverso a cuestas, Héctor Yunes abordó el tema de los factores que propiciaron la derrota ante noticiarios radiofónicos con presencia nacional y dijo que probablemente el que más pesó se relaciona con el impacto negativo de la administración encabezada por Duarte de Ochoa.

Esa distancia terminó por convertirse en un fuerte enfrentamiento, casi irreconciliable, entre ambos personajes, porque los agravios así lo establecieron; un ejemplo de la falta de sensibilidad política del todavía gobernador, con respecto a Yunes Landa, se registró en septiembre de 2015, cuando en un evento organizado por la Liga de Comunidades Agrarias, CNC, el ejecutivo gastó una mala broma al entonces senador: le regaló una caña de pescar, con la que –dijo– podría capturar peces gordos y se refirió a la familia de Yunes Landa, lo que en su momento mereció una dura respuesta de quien sería posteriormente abanderado del PRI al gobierno estatal.

A través de la red social Twitter, Héctor Yunes, la noche del 27 de septiembre del año pasado, cuando se registró el hecho, emitió un mensaje en que afirmó: “Lo reitero, el próximo gobernador de #Veracruz debe encarcelar a todos los corruptos que defraudaron las finanzas públicas…”

Ese será, a partir de ahora, el nuevo flanco abierto del gobernador Javier Duarte: un senador con ganas de cobrar afrentas y que, además, preside la Comisión Anticorrupción del Senado de la República, entre cuyas funciones se encuentra las medidas tendientes a prevenir y combatir “la corrupción, en los diferentes niveles y ámbitos de gobierno…”

Duarte está a menos de tres meses de entregar la administración con un marcado enfrentamiento con los tres senadores veracruzanos, Héctor Yunes Landa, Fernando Yunes Márquez y José Francisco Yunes Zorrilla; y, por si fuera poco, con el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.





La petición para que el fiscal renuncie

Quien parece que no conoce la prudencia ni la mesura es el fiscal general veracruzano, Luis Ángel Bravo Contreras.

Luego del homicidio perpetrado contra los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz, en Poza Rica, el fiscal se apresuró a declarar que los presbíteros libaban con sus victimarios y que la reunión degeneró en violencia.

La reacción de la Iglesia Católica ante lo que fue considerado como una precipitada e irresponsable declaración fue inmediata y en el asunto no sólo intervino la Diócesis de Papantla o la Arquidiócesis de Xalapa, sino la propia Conferencia del Episcopado Mexicano y la Arquidiócesis Primada de México. La indignación del alto clero fue evidente.

Bravo Contreras apuntó que no fueron dos los curas muertos, sino sólo uno; que el otro era sacristán; la iglesia le desmintió y apuntó que las dos víctimas eran sacerdotes ordenados.

Todo eso ocurrió este martes; un día después, el miércoles, el fiscal volvió a insistir, ante medios nacionales, en que los presbíteros estaban libando con sus agresores.

Ello anticipa una reacción todavía más severa, contundente, de la iglesia católica, que ya se consideraba agraviada tras los hechos ocurridos en mayo pasado, cuando un comando irrumpió en la iglesia Santa Rita, del puerto de Veracruz, de donde sacó a golpes a un feligrés para luego darle muerte.

Por cierto, en Change.org, una página que recibe y publica peticiones por internet sobre asuntos civiles, de gobierno, sociales y de derechos humanos, se difunde una petición para que el fiscal Luis Ángel Bravo renuncie al cargo.

En el planteamiento se afirma que el titular de la Fiscalía es “una persona sin experiencia, ni calidad moral, con denuncias penales en su contra, negligente, corrupto, ignorante…”.

En una de las firmas de adhesión, a propósito, se comenta que “el fiscal ha lanzado una acusación grave contra dos sacerdotes que fueron asesinados en Poza Rica, Ver, haciéndolos parecer como implicados con sus asesinos, sin dar pruebas de ello”.

¿No era mejor idea esperar los resultados concretos y finales de la investigación, en vez de precipitarse en busca de los reflectores?. @luisromero85