Orfis y Legislatura, la complicidad en el saqueo

Este jueves, Veracruz amaneció convertido en la capital nacional del caos: los alcaldes de PAN y PRD continúan la toma de Palacio de Gobierno; las calles de la capital del estado, bloqueadas, al igual que 12 carreteras, así como algunas oficinas públicas.
Las instalaciones de las secretarías de Educación y Finanzas y Planeación fueron también objeto de bloqueos. Por si fuera poco, desde el pasado miércoles, la sede de la Secretaría de Protección Civil fue cerrada por el propietario del inmueble, debido al incumplimiento en el pago de once meses de renta.
Convertido en una fosa séptica es como termina el gobierno que inició Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia, en 2010.
Las manifestaciones de protesta no son gratuitas; a la actual administración estatal le queda menos de un mes y a partir del primero de diciembre, el nuevo ejecutivo tendrá el compromiso de resolver los problemas heredados por un gobierno tan ineficiente como corrupto.
A la deuda bursátil y a los compromisos con la banca, se suman los pasivos que enfrenta el gobierno del estado con la Universidad Veracruzana; con los empleados, burócratas y maestros, con los proveedores, constructores y contratistas; y con los ayuntamientos.
Desde hace un par de años, en el Altiplano circulaba la versión de que el gobierno de Javier Duarte se había convertido en un barril sin fondo, donde los recursos desaparecían y no llegaban a los destinatarios para los que eran etiquetados. Sin embargo, ni la Federación, ni las instancias estatales de Contraloría y Fiscalización actuaron a tiempo.
En el ámbito federal, la única instancia que levantó la voz para denunciar los desvíos y las irregularidades en el manejo de los recursos fue la Auditoría Superior de la Federación, que convirtió las observaciones a las cuentas del gobierno de Veracruz en denuncias penales.
En el ámbito estatal, el Órgano de Fiscalización Superior, tuvo una actuación débil, tibia y hasta pusilánime.
Precisamente por esa actuación, el diputado Ricardo Ahued Bardahuil subió a la tribuna del Congreso del Estado para exhibir la vergüenza en que se convirtió el trabajo del ORFIS, dependencia que –dijo– debe desaparecer.
En medio del saqueo y de la corrupción que imperó en la administración de Javier Duarte, otra instancia cuyo trabajo se convirtió en ejemplo de complicidad fue la Legislatura del Estado, cuya mayoría priista aprobó, sin chistar, toda iniciativa que saliera del Ejecutivo.
La Legislatura veracruzana es una de las más costosas del país; en los últimos dos sexenios, el Congreso local ha gastado más de 5 mil 500 millones de pesos, que de ninguna manera se justifican, dada la pobre actuación de los diputados locales.
La Legislatura saliente avaló no sólo las cuentas públicas de Duarte, sino que también autorizó, por ejemplo, el endeudamiento y hasta la sesión a particulares de los bienes públicos de los veracruzanos.
Lo único positivo de dicho escenario, es que este viernes será el último día de la sexagésima tercera Legislatura del Estado, cuya mayoría priista dará paso ahora a un verdadero y sano equilibrio de fuerzas.


Alcaldes inconformes, la diferencia en los discursos
Mientras por la mañana del miércoles, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, decía en televisión que, por Ley, la SHCP no puede rescatar Veracruz –aunque sí dijo que tiene facultades para entregar participaciones federales a los municipios–, a media tarde, el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, difundía su foto con el Presidente Peña Nieto.
Mientras por un lado el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, se sumaba a la toma de palacio de gobierno, por otro, el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, se reunía con más de 80 munícipes –la mayoría del PRI– y lanzaba un mensaje de negociación, con propuestas avaladas por el senador José Francisco Yunes Zorrilla, pidiendo a la SHCP que haga valer el artículo sexto de la Ley de Coordinación Fiscal que prevé que en caso de que el Estado incumpla con el pago de las participaciones, la Federación podría depositarlas de manera directa y después descontarlas al propio Estado.
Los alcaldes de PAN y PRD que mantienen su movimiento en Palacio de Gobierno, gestionan y exigen “lo que les pertenece”; en tanto, Américo Zúñiga, el grupo de alcaldes y senadores, proponen una ruta que tuvo respuesta de la SHCP, dependencia que señaló que eso es posible y que se valorará.
Una más, de este mismo jueves:
Un alcalde, el de Boca del Río, sale a Enríquez a sumarse a un bloqueo y transmite en vive en Facebook, mostrando su indignación, real, válida, correcta, de lo que sucede en Veracruz; otro alcalde, el de la capital del estado, inaugura una obra en la colonia Portón Colorado, enviando el mensaje de que “en Xalapa el dinero público se utiliza para lo que es, para obras que mejoran la calidad de vida de los xalapeños”. En términos de protestas, esas son algunas de las diferencias entre los dos grupos que se han manifestado, el de los alcaldes de PAN y PRD, y el de los priistas que encabeza Zúñiga Martínez, con el apoyo del senador Pepe Yunes. @luisromero85