Violento arranque de sexenio

Hace seis años, en diciembre de 2010, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, llegaba al cargo y ratificaba al general Sergio López Esquer en la Secretaría de Seguridad Pública.
El militar asumió dicho espacio en junio de 2008, luego de que fuera removido el general Juan Manuel Orozco Méndez; eran días en que Fidel Herrera Beltrán gobernaba Veracruz, cuando había voces que ya alertaban sobre el incremento en la violencia y en el número de asesinatos; ese año se registraron 477 homicidios dolosos; curioso, pero ese número no llega ni a la mitad del que se presentó en los primeros diez meses de 2016.
A su llegada al gobierno estatal, Duarte de Ochoa ratificó a López Esquer en la Secretaría de Seguridad Pública y fue en julio de 2011, siete meses después del arranque del sexenio, cuando el titular de la dependencia presentó su renuncia; un mes antes, en junio, el entonces comandante de la Tercera Zona Naval, Víctor Manuel Gamboa, habría revelado detalles sobre un atentado registrado en la comunidad de Villarín, muy cercana al aeropuerto de Veracruz, que iba dirigido a López Esquer y sus escoltas.
Tras la renuncia de Sergio López Esquer a la Secretaría de Seguridad fue nombrado en dicho cargo Arturo Bermúdez Zurita, primero como encargado de despacho y luego como titular formal de dicha dependencia. La bienvenida al nuevo responsable del área no pudo haber sido más dramática, en términos delincuenciales: en septiembre de ese año, en el marco de una reunión de presidentes de tribunales superiores y procuradores de justicia de todo el país, 35 cadáveres fueron abandonados a unos metros del World Trade Center de Boca del Río. De eso ya han pasado 5 años con 3 meses.
Hoy, cuando sólo han transcurrido ocho días de la llegada del nuevo gobierno del estado, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, a los veracruzanos nos llega una noticia igualmente impactante, la relacionada con los asesinatos perpetrados en el municipio de Jesús Carranza, al sur de la entidad.
El saldo de tres días de violencia es de 20 personas asesinadas únicamente en los hechos de Jesús Carranza; sin embargo, ese caso, si bien resulta escandaloso por el número de víctimas, no es el único: este miércoles, por ejemplo, fue encontrado, dentro de una bolsa de plástico, el cuerpo de un sujeto en Gutiérrez Zamora; el 5 del presente, un hombre fue ejecutado en Río Blanco; otro en un camino vecinal de Soledad de Doblado y uno más en Jáltipan.
Así las cosas, lo que se observa en Veracruz no puede considerarse de ninguna manera un arranque de sexenio tranquilo.
Por otro lado, los recientes hechos de violencia no se pueden achacar a un tema de ineficiencia de la actual administración en el área de seguridad pública, porque esos ilícitos obedecen a una tendencia que se ha presentado en la entidad en los últimos seis años.
La realidad es que la llegada de Duarte de Ochoa al gobierno del estado significó un repunte impresionante en inseguridad y violencia; en ese sentido, los números que consigna el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son muy claros: en diciembre de 2010, cuando arrancó el sexenio pasado, se cometieron 66 homicidios dolosos; en todo 2011, 890; en 2012, 968; en 2013, 863; en 2014, 487; en 2015, 565; y en los primeros diez meses de 2016, 993, la mayor cifra en décadas, para un total de 4 mil 832 asesinatos en casi seis años. Todo eso sin contar con los más de 600 secuestros denunciados en el sexenio pasado.
Ese tema, inseguridad y violencia, es una de las prioridades en la agenda del nuevo gobierno estatal, nos comentan; debido a ello, el domingo 4 del presente, en Orizaba, el gobernador Miguel Ángel Yunes anunció que el Grupo de Coordinación Veracruz se reunirá cada semana, todos los domingos, en diferentes puntos de la entidad.
Evidentemente, el nuevo titular del Poder Ejecutivo busca no entrar a la historia veracruzana como un gobernador que permitió el crecimiento de la actividad delincuencial; como un mandatario que se cruzó de brazos ante la violencia; sin embargo, este no es un tema de buenas intenciones, sino de resultados; en ese sentido, si en los próximos meses continúan las cosas como están, si se mantiene la tendencia, lo predecible es que la presión social aumente para el nuevo gobierno.


Notarías, bajo la lupa
El anuncio que realizó este jueves el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, coloca bajo la lupa a tres decenas de notarios veracruzanos; unos, porque registraron la creación de empresas fantasma, que se usaron para simular contratos con el gobierno; y otros, porque desempeñan otras funciones, sin que se tenga la certeza de que realizaron los trámites para mantener vigente la licencia.
En el primer caso se observa muy complicado que proceda una sanción, dado que la obligación del notario es realizar su actividad, pero carece de facultades para supervisar las actividades de sus clientes.
El segundo caso, relacionado con la vigencia de las licencias, es diferente; ahí podrían perder la patente al menos una docena de fedatarios; la Secretaría de Gobierno difícilmente soltaría nombres a la ligera, sin antes verificar los registros. @luisromero85