Veracruz, el castigo a los cómplices

Tras la captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en Guatemala, dos temas relacionados con el ex mandatario llaman la atención tanto en el discurso de las autoridades como de algunos actores políticos: primero, la necesidad de recuperar los recursos públicos que fueron saqueados; y segundo, el castigo para los responsables de la quiebra en que se encuentra la entidad.
En esos dos puntos, el gobernador Miguel Ángel Yunes ha sido particularmente enfático: en conferencia de prensa reconoció el trabajo de la Federación para lograr la captura de Duarte de Ochoa, pero también subrayó que esa historia no concluye con el encarcelamiento de su antecesor en el cargo, sino que debe continuar con la devolución de lo robado y con la aplicación de la justicia para los cómplices del saqueo.
Dijo Yunes Linares que ahora se debe trabajar para reintegrar a Veracruz los miles de millones de pesos, se habla de más de 50 mil millones, que fueron hurtados a las arcas estatales desde hace doce años, lo que implica una cacería contra ex funcionarios de las dos anteriores administraciones.
En el seguimiento de dicha información, el titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, confirmó que dicha instancia buscará regresar a Veracruz los recursos que fueron desviados por el ex gobernador.
A partir de ahora comenzará el manoseo de las cifras en cuanto al monto del más impresionante saqueo de que se tenga memoria por parte de un gobierno estatal en nuestro país.
Iniciará también la cruzada jurídica para identificar el destino de las operaciones ilícitas, así como los personajes involucrados: ex funcionarios del anterior gobierno estatal, amigos y familiares del ex ejecutivo, así como empresarios que obtuvieron beneficios al margen de la ley.
Durante la etapa de las campañas políticas locales, sin duda observaremos el intento de las diferentes fuerzas políticas para capitalizar a su favor el tema del combate a la corrupción y del encarcelamiento de Javier Duarte; un ejemplo está en el Partido Revolucionario Institucional, cuyo dirigente estatal, Renato Alarcón Guevara, ha salido ante los medios para pronunciarse por “un nuevo comienzo en Veracruz”.
El problema para el tricolor pasa de forma irremediable por la credibilidad; el discurso de Alarcón Guevara suena más a un intento para controlar el inminente daño a un partido que, de acuerdo con las encuestas y con los pronósticos de los analistas políticos, está a punto de convertirse en la tercera fuerza en la entidad.
En cuanto al castigo para los responsables de la quiebra financiera de Veracruz, en el Altiplano se comenta que el desafuero del diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad es inminente; y que lo mismo podría ocurrir con otros legisladores en la Cámara Baja, Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera, Jorge Carvallo Delfín, Noemí Guzmán Lagunes y Alberto Silva Ramos, sin contar con una muy larga lista de empresarios, ex funcionarios y familiares; toda una red de corrupción.
Nos dicen, a propósito, que en la agenda de la actuación judicial contra Duarte y compañía, está por estallar el resultado de las investigaciones en torno a las empresas fantasma que operaron en Veracruz para realizar un millonario desvío de recursos.
Por cierto, el caso que más llama la atención, entre todos los señalados por presuntas irregularidades, es el del diputado federal por el distrito de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, ex dirigente estatal del PRI, ex secretario de Desarrollo Social y ex vocero del gobierno estatal, parte del círculo más próximo a Duarte de Ochoa, quien pasó del enfrentamiento con Yunes Linares, a través de las redes sociales, de una actitud contestataria y hasta verbalmente agresiva, a una posición pasiva, limitando su actividad en Facebook y Twitter al recuerdo de viejas glorias, como si tuviera la intención de agazaparse para pasar inadvertido. @luisromero85